Sábado 11 de febrero de 2023.- Pareciera que estamos convencidos de que los poderes formales ejercen su papel debido a que el soberano, la gran masa poblacional, los instala en los santuarios de la fuerza, les inviste de autoridad y les deriva su prestancia para que actúen sin contrapelo en beneficio de la comuna. La parafernalia que rodea a todas estas investiduras y su sanción positiva derivan precisamente de la voluntad popular, expresada en los sufragios que de manera intermitente se practican. Es parte de lo que propalamos como democracia.

A poco andar caemos en la cuenta de que sí se aplican estas premáticas para los poderes ejecutivos y para los legislativos. Pero para el poder judicial no hay de piña. Esta sujeción a los ejercicios de elección brilla por su ausencia para tales instancias. No hemos reparado en tal deficiencia o la hemos dejado pasar y seguir, en detrimento de nuestros avatares cotidianos.

Para la instalación de la suprema corte de justicia de la nación (SCJN) el artículo 96° constitucional reza a la letra que el presidente de la república someterá una terna a consideración del senado para su debida auscultación. Tras la comparecencia de los nombrados, el senado designará al idóneo, sin gastar más de un mes en el proceso. Si se rebasa tal plazo, el presidente designará de tal terna al candidato que considere pertinente. En caso de que el senado rechace la terna presentada por el presidente, éste tendrá la atribución de enviar una nueva, bajo las condiciones ya señaladas. Si hubiere un segundo rechazo total de la segunda terna presentada, queda en las atribuciones del presidente destrabar el proceso y nombrar directamente a un ciudadano para que desempeñe tal función.

Está más que claro entonces que los puestos de ministros se obtienen por designación y no por sufragio universal. Hay que soltar más sopas todavía. En dos mañaneras de esta semana, AMLO dio pie a la chunga. Como la presidenta de la suprema corta, la señora Piña, no se paró a la hora de su presentación el día del aniversario de la constitución y continuó sentadita en su asiento, AMLO retobó que a lo mejor la señora estaría cansada.

Al día siguiente le volvieron a escarbar la llaga y entonces soltó la sopa de lo que estamos hablando. Dijo que la señora llegó a la presidencia de esa instancia por él, por sus actos, no por sus pistolas como ocurría en el pasado. Muchos analistas aprovecharon el dicho y lo desviaron de la intencionalidad con que lo expresó. AMLO aclaró el punto con todas sus letras.

Mencionó puntilloso lo normado en la constitución sobre la designación de los miembros ministros de dicha instancia. Pero aclaró que eso que está estatuido se observaba como mera formalidad, porque en los hechos reales, con la tapadera de las ternas y los envíos de nombres, tras tales faramallas iba siempre envuelto el dedazo signante de los presidentes. Había que cubrir las formas, es cierto. Pero los involucrados recibían la consigna no escrita y procedían en consecuencia, obedeciendo al gran elector.

Como ahora él no envió a los señores cortesanos ningún figurín oculto o disfrazado, la mesa de la suprema corte en pleno procedió a hacer lo que dicta la norma, hubo dos candidatos y ganó la señora Piña. Es el sentido original de lo que encerraba su burla, el contenido irónico de su dicho. Pero como se le tomó en muchas instancias de opinión pública con bretes de distorsión, o de tomarlo al pie de la letra para befa y escarnio, se vio obligado el señor AMLO a explicarnos a todos los mexicanos su ocurrencia elíptica como si nos chupáramos el dedo o fuéramos niños de pecho. Así andamos.

Ya que le entramos a esta danza, conviene bajarle una rayita a la discusión y preguntarnos bien a bien por qué razón esos puestos del poder judicial no están sometidos al referendo público universal y desde cuándo fueron zafados de los controles universales de los ciudadanos. La idea corriente y sedimentada entre nosotros apunta al dato de que los ejercicios democráticos, dando tumbos y fracturas, se han venido instalando en la historia de nuestra conducta ciudadana. De tal forma que en el porfiriato, en el que nuestros abuelos vivieron una espantosa dictadura, eso de la elección universal era sólo un sueño guajiro. Y pensar que el poder judicial le entrara a esta danza estaba oculto para todos en la gran lejanía.

Para gran sorpresa de este redactor, leyendo la biografía de nuestro jalisciense don Pedro Ogazón, que fue gobernador del estado en tiempos de Benito Juárez y quien luego junto con el prócer Vallarta dirigieron la suprema corte de justicia de la nación, me encontré con este párrafo en el decreto publicado por Porfirio Díaz el 14 de mayo de 1877: “Es presidente de la suprema corte de justicia de la nación el C. Ignacio Luis Vallarta; primer magistrado el C. Pedro Ogazón [… sigue aquí la lista de los demás magistrados], por haber obtenido la mayoría absoluta de los sufragios emitidos en toda la república en las elecciones federales últimamente verificadas…” ¹

En qué quedamos entonces: ¿Fueron menos democráticos que nosotros nuestros abuelos, o les estamos quedando a deber en esto de los sainetes de la legitimidad original obsequiada por el pueblo soberano al poder judicial? Mejor se lo dejamos de tarea a los jurisperitos, ¿no creen?

¹Barba González, Silvano: Licenciado y general don Pedro Ogazón, México, 1967, pág. 170