Guadalajara, Jalisco.-El pleito legal que sostienen los hermanos González Uyeda ─parte minoritaria contra parte mayoritaria─ continúa sin mediación, poniendo en riesgo el empleo de 4 mil 500 personas que laboran en la lechera Sello Rojo, de acuerdo con Tomie, Sergio, Roberto y Alfredo, quienes poseen el 56% de las acciones.
A decir de los cuatro, aunque el gobierno estatal ha intervenido y se había acordado una negociación de “buena voluntad”, los socios minoritarios rompieron el acuerdo y cortaron el diálogo desde el pasado 22 de octubre.
Recordaron que durante gran parte de este conflicto, de más de un año de duración, Abraham González, Masayi e Hilda, socios minoritarios, habían sostenido el control de la empresa con medidas cautelares altamente cuestionadas en el medio empresarial, llegando el desgaste incluso a el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, del cual Masayi es presidente.
A decir de Tomie, Sergio, Roberto y Alfredo “no hay voluntad de negociación de la parte minoritaria, sino una clara intención de despojarlos de sus bienes mediante su capacidad de tráfico de influencias en el poder Judicial”.
Abraham fue subsecretario de Gobernación con Felipe Calderón (2006-2012).
“A lo largo del conflicto Abraham ha utilizado sus influencias para secuestrar Sello Rojo mediante el cobro de favores a antiguas cuotas en el poder Judicial”, sostuvo la parte mayoritaria de los González Uyeda a través de un posicionamiento, del cual este medio tiene copia.
El asunto dio un giro luego de que el pasado 8 de octubre Juan Paulo Dávalos, juez quinto de Control y Juicio Oral Penal, acreditara ─mediante una investigación criminal─ Hilda, Rubén y Abraham habían simulado asambleas de accionistas de Sello Rojo donde aseveraron tener la totalidad del capital social, aunque sólo contaban 38.73% del mismo.
Esto hizo que el juez quinto considerara existían datos de prueba para evidenciar el delito de fraude procesal y ordenó que se paralizaran sus medidas cautelares para que se restituyera el orden natural de la empresa y se regresara el control de la misma a la mayoría. Dicho de otro modo, señaló que había razones para suponer que se simuló un proceso para apoderarse de la empresa y era necesario revisar esta situación que podría ser un delito grave.
Como consecuencia de ello la empresa y el control de sus activos pasaron a manos de los socios mayoritarios. Esto no duró y en menos de una semana la posesión física de la empresa volvió a manos de los socios minoritarios, por orden de un juez mercantil, el mismo que dictó las medidas cautelares iniciales.
Pese a esto, el control de las cuentas bancarias continúa en manos de los socios mayoritarios. Esta diferencia ha puesto en riesgo la nómina de los 4 mil 500 trabajadores de la empresa, ya que los bancos en posesión de los recursos han solicitado la presencia de todos los accionistas para movilizarlos.
En este tenor, los socios mayoritarios han acusado a la parte minoritaria no sólo de haber roto los acuerdos, sino de haber quebrantado la ley. Aseguraron que este martes 26 de octubre presentarán pruebas de las irregularidades, aunque temen por el futuro de la empresa, ya que recurrirán a tribunales federales y el proceso legal podría extenderse de forma indeterminada.