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Corrupción y pleito fraticida en Sello Rojo

Corrupción y pleito fraticida en Sello Rojo

La disputa fratricida entre los González Uyeda por Lechera Guadalajara Sello Rojo, SA de CV continúa sin resolverse, toda vez que el juez que hizo todo el embrollo, el séptimo de lo Mercantil, Juan Pablo González Magaña, desacató la orden de un tribunal federal de devolver  la empresa al antiguo consejo de administración y reinstalar a los accionistas mayoritarios.

Apoyado por su padrino Abraham Kunio González Uyeda –el político de la familia, subsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa–, el juzgador González Magaña maniobró para mantener las medidas cautelares que el 26 de junio de 2019 impuso a los accionistas mayoritarios, y al consejo de administración, que con la fuerza pública fueron echados de la pasteurizadora y empresas afines.

Esto es: por ambición de controlarlo todo, los accionistas minoritarios que son el propio Abraham Kunio, Rubén Masayi –coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)– e Hilda Hiroko González Uyeda, promovieron, con la ayuda del citado juez Juan Pablo González Magaña, la expulsión de la compañía de los restantes cuatro hermanos González Uyeda: Roberto Eiji, Aída Araceli Tomie, Sergio Akira y Alfredo Shigueru, quienes, obviamente, son la mayoría de los accionistas.

Luego de esta arbitraria acción, los dos hermanos y la hermana efectuaron tres asambleas, naturalmente al margen de la ley, para quitarles a los restantes cuatro hermanos sus derechos accionarios y fijarles un pago a sus acciones cuyo monto, por cierto, no se ha mencionado y menos han recogido los afectados

El 26 de noviembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, compuesto por los magistrados Martha Leticia Muro Arellano, presidenta y ponente, Rodolfo Castro León y José Hernández Huízar, unánimemente dictaminaron la suspensión definitiva y revocaron las medidas cautelares (expulsión con agentes ministeriales y toda clase de policías) dictadas por González Magaña, quien le debe el cargo al influyente de la familia González Uyeda, Abraham Kunio.

En la fecha arriba indicada, el Tribunal resolvió: “…se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que el juez responsable ordene dejar insubsistente los efectos de las medidas cautelares decretadas en el auto del veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 2033/2019”.

También dispuso que esta resolución se diera a conocer tanto a organismos públicos como a instituciones financieras, con el propósito de que estuvieran al tanto de la situación y no aceptaran documentos de Lechera Guadalajara Sello Rojo que estuvieran firmados por Abraham Kunio y Rubén Masayi González Uyeda.

Pero ¿qué argucias empleó el multicitado juez Juan Pablo para no acatar el fallo de su superior, el Tribunal Colegiado, para favorecer a este último, su protector, a Rubén  Masayi, líder del CCIJ, e Hilda Hiroko?

Con antelación,  Rubén Masayi e Hilda Hiroko firmaron, el 13 de diciembre, un desistimiento “liso y llano de las medidas cautelares promovidas como acto prejudicial” (el despojo de la empresa ocurrido el 26 de junio pasado) en favor de la mayoría de los hermanos González Uyeda.

Tales medidas fueron ordenadas el 26 de junio de 2019 por el mismo González Magaña, pretextando un juicio que nunca se promovió, “lo que en sí es una irregularidad, ya que las medidas son para mantener las cosas como están en lo que se resuelve el asunto de fondo en un juicio evitando así que mientras se lleva a cabo el procedimiento, se cometan abusos”, afirma el abogado Patricio Fernández. Eso fue lo que no hizo el juez Juan Pablo, quien emitió el desistimiento al Juzgado Noveno de Distrito en Administrativa el 2 de enero pasado.

Con el desistimiento, el juez González hizo desaparecer las medidas cautelares , negándose así a acatar la resolución del Tribunal, alegando que habiéndose desistido, ya no había causa y, por tanto, ya no podía actuar.  “Esto es falso y hay mucho dolo, ya que si bien el juez séptimo alega no haber recibido notificación de la suspensión definitiva que obligaba a nulificar las cautelares, esta suspensión aplica y es efectiva desde el momento en que se dio, sea o no notificado el juez. Por tanto, las asambleas y acciones realizadas por Rubén Masayi y su hermana no tienen validez”, subraya Fernández.

Al incurrir el juzgador en este desacato, es motivo de destitución y juicio por delito penal.

Entre tanto, el sábado 11 de enero aparecieron  en la prensa, a tres cuartos de plana, otras tantas  “desconvocatorias judiciales“  (sic) iguales y sin firmas en las que se anunciaba la cancelación de las respectivas asambleas de tres empresas de Lechera Guadalajara. Una de Alimentos Sello Rojo; otra de Servicios Integrales Sello Rojo, y la tercera, de Caletra, todas SA de CV, a realizarse el lunes 13 de enero a las 10:00 horas en un mismo domicilio: Toltecas 3134, Fraccionamiento Monraz, en esta capital.

En las mismas se decía que “la desconvocatoria” era para evitar daños y perjuicios a las empresas y “para que no se puedan sustraer de la justicia” los cuatro hermanos desconocidos y destituidos, cuyos nombres ya se citaron arriba, y el comisario Luis Alfredo Paz Van Dyck.

“Desconvocatorias” similares volvieron a publicarse el domingo 12 de enero, pero ahora sí firmadas por el flamante coordinador del CCIJ, y “administrador general único” de las tres compañías mencionadas, Rubén Masayi González Uyeda, quien, desde que inició el pleito fratricida, anunció que no entregarían Sello Rojo a los destituidos consanguíneos.

Es que se siente muy respaldado por jueces y juzgados dominados por el hermano político, Abraham Kunio.

¿Será el reino de la corrupción y la impunidad, apá?

Las asambleas ordinarias y extraordinarias se llevaron a cabo de todas maneras.

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Felipe Cobián Rosales

Ex jefe de Información de Notisistema y Noticentro. Excorresponsal de Excelsior, La Jornada y Proceso. Fundador de Semanario Diez y Proceso Jalisco.

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