Puntos y contrapuntos

Criterios

En México, y por consecuencia también en Jalisco, se han profundizado los insultos, las agresiones verbales, las descalificaciones y el acoso –abierto o soterrado, directo ante el reportero o encubierto ante sus jefes– para tratar de intimidar, amedrentar e inhibir la labor de los periodistas en la búsqueda de la verdad y en la estricta responsabilidad de ofrecerle a la sociedad los mejores frutos de su labor profesional y de su inteligencia, para poner luz en los lugares oscuros de la vida pública, donde se incuba la corrupción.

Y lo más contradictorio e irónico de esta realidad, lejana de la obligación irrestricta que tiene el Estado de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, es que son, justamente, funcionarios de gobierno, presuntos servidores públicos, quienes más agreden a los periodistas.

El pasado martes 2 de abril del 2019, la organización no gubernamental e independiente, Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información en los ámbitos nacional e internacional, presentó su informe 2018, denominada “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva, referido a la realidad de nuestro país.

En el preámbulo de su informe, Artículo 19 explica que “el miedo que provoca la violencia trajo el silencio. Los últimos seis años se llevaron las palabras de cientos de periodistas que fueron agredidos una y otra vez. Los medios dejaron de contarnos lo que sucede allá afuera; las y los periodistas decidieron renunciar a su nombre, volverse anónimos para seguir informado o amordazarse”.

Lamenta que “las hojas se quedaron en blanco y el ruido se convirtió en silencio (en) las historias de 47 periodistas (que) fueron asesinados” durante el sexenio recién concluido.

“El acallamiento se expandió a lo largo del país, pero hubo quiebres, momentos en que la resistencia ganó terreno y logró atravesar las fronteras del miedo, ocasiones en las que tuvimos oportunidad de leer, escuchar, vivir y entender lo que pasaba y en lo que nos estábamos convirtiendo. Periodistas valientes nos contaron el conflicto: las desapariciones por miles, los feminicidios que a la fecha se siguen negando, el abandono del Estado en medio de las catástrofes, la represión, el odio, la discriminación, todo lo que fuimos, esa historia que una transformación prometió cambiar después del 1 de julio de 2018”, recapitula Artículo 19.

EL ASEDIO

De toda América Latina, nuestro país es el más violento y peligroso para ejercer el periodismo, asegura el informe: “Podemos identificar la manera en que la violencia ha penetrado las redacciones y se ha convertido en una forma de vida de las y los periodistas, ocasionando miedo y autocensura”.

Señala que hay obligaciones ineludibles en el trabajo periodístico: “Y es que las historias que sobreviven a los periodistas, ésas que no lograron callar, las que se quedaron en sus cámaras, son las que nos permiten reconocer que ante el silencio no hay borrón ni cuenta nueva. El pasado está ahí y tenemos la obligación de conocerlo para no repetirlo, para no regresar a situaciones similares. Tenemos la responsabilidad y el deber de saber sobre las verdades negadas, manipuladas y ocultas si queremos gobernabilidad, instituciones fuertes y eficaces, si buscamos una verdadera democracia. En resumen, todas y todos, gobierno y sociedad, nos tenemos que hacer cargo del pasado, porque no hay cuentas nuevas si las anteriores no quedan saldadas” (Pág. 6).

Resume que “el país que dejó Peña Nieto es el más peligroso para ejercer el periodismo en el continente. A lo largo de su sexenio –del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018–, se cometieron 47 asesinatos, 4 desapariciones y un total de 2,502 agresiones y, aun cuando los números son suficientes para causar indignación, no reflejan por sí mismos el terror al que se enfrenta la prensa en este país”.

Señala que “el clima de miedo causado por estos delitos y violaciones a derechos humanos, que se cometen con total impunidad —y en la mayoría de las ocasiones con participación de las autoridades—, es desmedido y el número de voces e historias que han sido silenciadas por el miedo constituyen pérdidas imposibles de calcular” (pág. 16)

¿Quién y por qué se ataca a los periodistas? ¿Quién golpea, amenaza, llama a las salas de redacción para señalarlos ante sus superiores? ¿Quién espía sus correos electrónicos y redes sociales, allana sus casas y se lleva computadoras y cámaras? ¿Quién detiene arbitrariamente, desaparece, asesina a periodistas?

Con respecto sólo a 2018, concluye que registró 544 agresiones a periodistas o medios de comunicación, y que 230, el 42.27%, fueron cometidas por presuntos servidores públicos. Otros 86 casos, el 15.80%, son atribuibles a gente de partidos políticos. Otras 28 agresiones, el 5.14%, fueron perpetradas por alguna expresión del crimen organizado (pág. 135).

Artículo 19 documentó que las entidades federativas con mayor número de agresiones fueron Veracruz, con 57 agresiones; Coahuila, 47; Puebla, 45; Ciudad de México, 40, y Oaxaca, con 39. Si bien muchas de estas entidades encabezaron la lista de los estados más violentos para la prensa entre 2012 y 2017, a lo largo de 2018 la violencia contra la prensa se desató en regiones en las que no se había presentado con tanta intensidad en años anteriores, como Quintana Roo, con 26; Guanajuato, con 25; Campeche, con 22; Baja California, con 20 y Jalisco, también con 20 (pág. 134).

SIN REPOSO

El viernes 17 de junio del 2016, “cansado de la cobertura realizada sobre la adjudicación directa de contratos millonarios a dos de las empresas que desde su gestión en Tlajomulco (fue alcalde del 2010 al 2012) y durante las campañas electorales le han llevado la estrategia de comunicación, Enrique Alfaro Ramírez tronó ayer contra ‘algunos’ medios locales que insisten en el tema, reseñó el periódico Mural.

Al subrayar su versión sobre los avances que en términos de transparencia aseguró había registrado el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, aclaró que su gobierno no era igual que los anteriores: “Por eso me da mucha risa (…), ya a estas alturas pa’ qué me enojo, cuando algunos medios, no todos (…), agarran temas y están friegue y friegue y friegue y friegue, sacando declaraciones y primeras planas, queriendo hacernos ver iguales a los que estaban; de una vez les digo: no somos iguales”.

Pretendió justificarse: “Fíjense qué curioso: dicen, porque le di un contrato a una empresa (Indatcom) que nos maneja todo el tema de plataformas digitales, de redes sociales (…), dicen: ‘Alfaro le dio el contrato sin hacer una licitación pública’ (…) pero ustedes díganme si un asunto como el manejo de las redes sociales en donde informo yo a la gente (…) es un asunto que se tenga que hacer licitación pública”.

El sábado 3 de junio del 2017 el periódico de Grupo Reforma en Guadalajara cabeceó una nota de recuadro en su portada: “Llama Edil basura a Mural”.

Explicó: “El Alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, calificó como basura el trabajo periodístico de Mural y otros medios”.

Citó textual al alcalde tapatío de Movimiento Ciudadano: “Quiero ver a todos esos que escriben tantas cosas de mí, que dicen tantas cosas de mí, al periódico Mural, al (Diario) NTR, a La Crónica, a todas esas basuras que escriben cosas todos los días denigrando, ofendiendo, atacando, quiero ver qué han hecho ellos como esto, que le llegue a los talones a esto para cambiar la realidad, qué han hecho aparte de criticar, de atacar, de ofender, de mentir”.

Amplió el reproche textual: “Esos que escriben diario sobre mí se les olvida quiénes somos, lo que hemos hecho y lo que representamos, se les olvida que con sus mentiras, que con sus notas tendenciosas, que con lo que escriben, lo que difaman y atacan hay algo que no van a poder hacer, (…) no van a poder con la fuerza de la gente, la gente no se va a dejar engañar por medios comprados”.

El miércoles 7 de junio del 2017 el primer edil tapatío en funciones rectificó: “Hace unos días califiqué a algunos medios de comunicación de Jalisco de manera en la que no debí hacerlo, por eso les ofrezco una disculpa a ellos y a quienes se hayan sentido ofendidos”, publicó en su página de Facebook.

Tras justificar su lenguaje áspero y agresivo, al reconocer que estaba enojado, reiteró las críticas que hizo a los medios al señalar que muchos usan la libertad de expresión como “pretexto” para publicar mentiras.

El martes 1 de agosto del 2017, el entonces alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, dijo, evidentemente irritado: “Sabemos todos los intereses que estamos afectando nosotros, por eso todos los días amanecemos con medios, dos en particular, tres, que se la pasan todos los días mintiendo y mintiendo y mintiendo”.

Ante esto –explicó el periódico Mural–, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada y no dejarse engañar con las noticias que, según él, sólo intentan desprestigiar su gestión.

El pasado martes 2 de abril del 2019, en la página oficial de internet del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, la reportera Georgina Solís García publicó: “El gobernador Enrique Alfaro Ramírez calificó como ‘mentiras la investigación periodística’ (de la reportera Sonia Serrano) que revela una posible licitación ‘amañada’, para el arrendamiento de maquinaria pesada” a la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Jalisco por 3 mil 634 millones de pesos.

El mandatario aseguró que el diario NTR Guadalajara le inventó una “historia de corrupción”.

Citó textual: “Yo no contesto mentiras, esa va a ser mi posición hoy y todo el sexenio, cada quien que haga su responsabilidad como juzgue y cada medio responsable, yo no me voy a meter, ni a criticar a nadie, cada quien su responsabilidad, nada más yo les digo una cosa, durante muchos años he hecho una carrera política y ningún periodiquito va a inventarme una historia de corrupción, despreocúpense no hay nada que esconder”.

En su declaración, el gobernador hace referencia a que El Diario NTR publicó que, en su gira por California, Estados Unidos, asistió a un partido de los Lakers, en compañía del empresario Guillermo Romo Romero, quien obtuvo el contrato jugoso de arrendamiento de maquinaria pesada y cuya representante en la licitación, Mariel Rodríguez Printzen, trabajó en las notarías de su padre y de su hermano.

ENCONOS

Las expresiones “chairo” y “fifí” toman lugar en el debate público para descalificar, en un principio, ideologías políticas contrarias. Si bien hemos delineado algunas características del término chairo, conviene aquí definirlo más ampliamente, así como el término fifí, para mayor claridad del contexto, explica el Informe de Artículo 19 en su página 212.

Añade que “Chairo” se define hoy como un personaje con ideología de izquierda, pero con connotación negativa. Las redes sociales lo caracterizan como un sujeto alienado por teorías de izquierda, y fue en este sentido que El Colegio de México agregó la palabra a su diccionario. A pesar de esto,varias personas se apropiaron de la palabra para darle el significado de “indignado” o de “hartazgo” frente a los actos de corrupción o arbitrarios de gobernantes del pasado.

Definición en el Diccionario del Español de México, de El Colegio de México, A.C. (recuperado el domingo 7 de abril del 2019): Fifí: Que viste con mucha elegancia o tiene modales muy delicados: “Un traje muy fifí”, “¿A dónde vas tan fifí?”.

“Fifí”, por otro lado, fue utilizado de forma despectiva en este contexto por el actual presidente de la República para referirse a personas, medios de comunicación y sociedad civil críticos de su campaña electoral y actos que ha realizado como presidente electo y presidente constitucional. Son, en suma, “conservadores”. Los antecedentes de esta expresión demuestran un ánimo despectivo, que pudiera implicar “condescendencia” a los actos de corrupción, explica el referido documento.

Desde entonces se ha utilizado –señala el documento– como sinónimo de “privilegiado” y corrupto, en referencia a la ideología de derecha en la política mexicana. Si bien estas expresiones fueron apropiadas de forma genuina para acentuar las diferencias ideológicas, su empleo estigmatiza y en ocasiones criminaliza las afinidades sociopolíticas que en ejercicio de la autodeterminación cada persona elige y que no puede reducirse a la clásica distinción entre “el bueno y el malo” (pág. 212).

El 22 de junio de 2018, desde su cuenta de Twitter, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador refirió por primera vez el calificativo de “fifí” contra el periódico Reforma, de la siguiente manera: “El Reforma, como emblema de prensa conservadora, fifí, no es capaz de rectificar cuando difama, como lo hizo ayer con el supuesto pago de Morena de 58 millones (de pesos) En su código de ética no importa la verdad, sino los intereses y la ideología que representan. Mejor seamos libres” (pág. 215).

En el mismo sentido, el 4 de noviembre de 2018 el semanario Proceso publicó en su portada el rostro del mandatario con el antetítulo “AMLO se aísla” y el título: “El fantasma del fracaso”.

Como reacción, López Obrador calificó la edición de la revista como “amarillista y sensacionalista” y “se dolió de dos imágenes incorporadas por la publicación”, como refirió el propio medio en su portal: “Una revista sacó una foto, no sólo la de la portada, sino también al interior, donde aparezco así, decrépito, chocheando, y el título de la portada, dice que estoy solo y que se avizora el fracaso. Muy sensacionalista,amarillista la revista, pero es normal… Así es la libertad, así es la democracia, es pluralidad, es libertad de expresión, no es pensamiento único y yo no aspiro a ser un dictador. Yo aspiro a representar una república democrática” (pág. 215).

“Los funcionarios públicos, desde el más alto nivel, deben abstenerse de violentar o agredir a los periodistas y, en general, a cualquier persona, o de instigar este tipo de conductas, máxime en contextos tan violentos como el mexicano. Dada la función pública que desempeñan y el subsecuente escrutinio social de sus labores, se entiende que están obligados a soportar mayores injerencias en su honra, reputación, imagen propia o privacidad. Deben prestar atención a las asimetrías de poder existentes entre diversos grupos de población, y entre estos sectores y el poder público”, pondera Artículo 19 (Pág. 217).

La violencia verbal o física, la agresión o descalificación pública desde los más altos ámbitos de los poderes estatal o federal, la presión ante los directivos o los dueños de medios de comunicación, la intimidación abierta o disfrazada, sí son elementos que atentan contra la libertad de expresión de los periodistas y el derecho a la información de la sociedad.

No se requiere de tal violencia para cuestionar la certeza del contenido de algún medio de comunicación, cuando el derecho de réplica está garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos y debe ejercerse por los conductos que la misma ley establece por quienes se sientan agraviados o indebidamente referenciados. Sin descartar otras vías jurídicas a las que pudieran recurrir las personas.

Los actuales son tiempos difíciles y de prueba para los periodistas que se comprometen con los imperativos vocacionales y éticos de su profesión, y que todos los días, con la lámpara en la mano, ponen la luz en los rincones más oscuros de la vida pública para que salgan corriendo las alimañas o para descubrir la huella de algún hombre justo y honrado. Es en estos tiempos oscuros y difíciles cuando más se requiere del rigor profesional y del valor honrado de los verdaderos periodistas.

P. D. Si es de su interés leer completo el informe 2018 de Artículo 19, denominado “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva”, de 256 páginas, busque en la siguiente dirección: https://articulo19.org/wp-content/uploads/2019/04/Ante-el-silencio-Informe-A19-2018_PUB.pdf