Funcionarios que filtren imágenes de crímenes podrían ir a la cárcel

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Gerardo Quirino Velázquez Chávez, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso ante el Congreso de Jalisco que se imponga una pena de dos a ocho años de prisión a funcionarios que filtren o difundan imágenes, video, audio, documentos o información sobre alguna escena donde se haya cometido un delito.

A decir del funcionario, se busca la tipificación delictiva de esta acción con el fin de evitar revictimizar a las persona que fue objeto de delito. Además de la pena, también podrían recibir multas que van de los 44 mil 440 a los 88 mil 880 pesos.

“Hay una responsabilidad con las autoridades que hagan mal uso de información reservada para una investigación de un delito. Quien no cumpla con esa responsabilidad, buscamos que tenga una sanción penal y hay un agravante, cuando sean imágenes de mujeres o niños, se pueda tener una mitad más de la pena”, explicó el diputado.

Velázquez Chávez reconoció que lo ocurrido con relación al caso de Ingrid Escamilla, quien tenía 25 años cuando fue asesinada por su pareja y sus fotografías fueron difundidas por medios de comunicación no debe volver a ocurrir.

“La reforma a la ley busca la dignidad de las víctimas, porque a Ingrid la vamos a recordar con esas imágenes para siempre, además queremos que las autoridades sean responsables, porque esto abonó a la percepción de inseguridad” expuso.

“Queremos que la autoridad sea responsable con esas imágenes, si un ciudadano se encuentra una imagen de ese tipo y la comparte, no se coartará su libertad de expresión ni de los medios de comunicación si les llega”.

Agregó que el punto es que no se genere morbo alrededor de los hechos.

Hasta ahora, en el Código Penal de Jalisco no hay como tal una sanción para los servidores públicos que compartan imágenes, videos, audios o documentos de situaciones donde se haya cometido un delito, pero existe un apartado denominado “Delitos cometidos en la custodia o guarda de documentos”, al que se busca agregar el nuevo delito.

Velázquez Chávez adelantó que la iniciativa recibió la adhesión de las bancadas del Partido Verde Ecologista, Acción Nacional, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, lo que podría agilizar la aprobación para mayo.

 

Con información de NTR

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