Debate Abierto

Criterios

El próximo 6 de febrero el Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) votará a su nuevo rector general. Durante la última semana se inscribieron seis candidatos, todos actualmente funcionarios universitarios: Alberto Castellanos, rector del CUCEA;  Ruth Padilla, rectora del CUCEI; Héctor Raúl Solís, rector del CUCSH, Ricardo Villanueva, rector de CuTonalá; Jaime Federico Andrade, rector del CUCS; Héctor Raúl Pérez, director de los Hospitales Civiles de Guadalajara; todos son, al mismo tiempo, miembros del CGU.

En sus primeras declaraciones ante la prensa y en entrevistas posteriores, la característica distintiva de los seis candidatos es que no muestran un diagnóstico adecuado de la universidad; sus declaraciones se quedan en la superficie. Hablan de los treinta años que cumple la Red Universitaria y de que es necesario vincularla con las empresas y con la sociedad. Hablan de adelgazar la burocracia, rediseñar el modelo académico y aumentar la calidad de la educación; igualmente, se comprometen a dignificar los ingresos de los académicos y de los trabajadores. Es decir, no se pronuncian por la forma en que se administra la universidad y cómo se gestionan los recursos públicos que recibe la institución.

Muchos de los problemas que mencionan los candidatos son resultado de la antidemocracia que priva en la universidad; de la forma vertical en que se toman sus decisiones; del arraigado nepotismo que existe en toda la red y en las empresas universitarias; de la falta de transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, incluyendo el de los sindicatos; los bajísimos sueldos que reciben los profesores de asignatura; los elevados sueldos que reciben los altos funcionarios; el ingreso de cientos de profesores que logran una plaza sin concurso de oposición de por medio, y que ingresan sólo porque son recomendados por altos directivos de la universidad. Sobre todo, los candidatos no exponen posibles soluciones al elevado porcentaje de alumnos que no logran ingresar a la universidad, porque hacerlo implicaría reorientar buena parte del presupuesto de las empresas universitarias –que controla Raúl Padilla– hacia el aumento de la infraestructura universitaria, para generar más espacios para nuevos alumnos; por ejemplo, en el CUCEA, PROULEX utiliza decenas de salones para sus cursos de idiomas, donde se cobra a los alumnos más que en una escuela privada.

Todos esos temas están fuera de las propuestas de los candidatos. En la comunidad universitaria, y afortunadamente cada vez más fuera de ella, se sabe que los 186 Consejeros Universitarios tienen la atribución formal de elegir al nuevo rector, pero son Raúl Padilla y un séquito reducido de aliados políticos (por los que nadie votó) los que tiene la atribución real de nombrar al nuevo rector general de la UdeG.

Nuestra universidad vive inmersa en un autoritarismo añejo, que entra en contradicción con los nuevos tiempos que viven México y Jalisco. Esa forma vertical, sin consensos ni contrapesos, de ejercer el poder en la universidad, tampoco entra en los análisis de los candidatos, y cuando algún periodista les pregunta sobre el cacicazgo de Raúl Padilla, los candidatos tartamudean y responden superficialidades y tratan de negar lo innegable: que su puesto actual y su candidatura pasaron por el rasero que impone la última decisión del “Licenciado”.

Esta forma de gobierno no puede ni debe continuar imperando en la segunda universidad pública más importante del país. En mi colaboración anterior (Partidero, lunes  21 de enero) hice una reflexión de que la pretendida refundación que impulsa Enrique Alfaro también deben incluir a la UdeG. Afortunadamente en una entrevista posterior realizada por Partidero (enero 24) al gobernador de Jalisco, éste aceptó que la universidad también debe refundarse: “detalló que el cambio político al interior de la casa de estudios debe comenzar con ‘el cambio en las definiciones de prioridades, de criterio de manejo de los recursos de la Universidad de Guadalajara, tiene que haber un ejercicio de construcción de esa nueva ruta que surja de la comunidad universitaria’” (Partidero Jalisco, 24 de enero de 2018).

Alfaro afirma que no pactó nada con Raúl Padilla. Es obvio que sus palabras faltan a la verdad, porque muchos socios del grupo político que encabeza Raúl Padilla fueron apoyados por Alfaro y por el partido Movimiento Ciudadano para ocupar puestos importantes de elección y en la administración pública estatal y federal. La alianza Padilla-Alfaro fortaleció el cacicazgo de Padilla al interior de la universidad e hizo más difícil el impulso de la refundación de nuestra universidad. Alfaro le cedió mucho al Grupo Universidad; la pregunta clave es: a cambio de qué.

Es obvio que ninguno de los seis candidatos maneja un discurso coincidente con el del gobernador; ninguno habla de la refundación de la universidad; ninguno se refiere a reorientar el uso de los recursos públicos, ninguno habla del necesario cambio institucional al que sí se refirió Alfaro.

En Partidero también se informó que el miércoles 23 de enero Alfaro y Raúl Padilla se reunieron en Casa Jalisco. Si Alfaro es un político diferente, debería informar a los jaliscienses y a los universitarios cuál fue el contenido de la reunión. ¿Acaso entre ambos ya acordaron quién será el nuevo rector general de la Universidad de Guadalajara? En este proceso de renovación de la rectoría de la universidad, como siempre la comunidad universitaria volverá a quedar fuera del proceso y de las decisiones. En la comunidad universitaria no existe debate alguno, ni formal ni espontáneo, sobre la universidad que tenemos ni la universidad que queremos. La gran mayoría de los académicos estamos inmersos en burocráticos trámites para atender los requisitos del programa de estímulos, un sobresueldo que complementa hasta el cincuenta por ciento del ingreso de los académicos.

El gatopardismo se apoderó, desde hace años, de los cambios en la Rectoría General de la UdG. Cambios superficiales, cosméticos, para ocultar y retardar los cambios de fondo.