Puntos y Contrapuntos

Criterios

¿Cómo llegamos y cuándo nos acostumbramos al horror? El territorio de México es un enorme cementerio sembrado de cruces y, al mismo tiempo, una gran fosa clandestina.

Pero México también es el país de los miles de desaparecidos, de los cientos de miles de desplazados por las amenazas, la violencia, el miedo, el hambre y la marginación, todo junto, servido en un coctel explosivo de corrupción, simulaciones, cinismos e impunidad, preparado y perfeccionado durante las últimas tres décadas y servido, con sus altas dosis de veneno y amargura, durante los recientes 18 años.

Finalmente, este jueves 21 de febrero del 2019 el Senado de la República aprobó las reformas constitucionales que darán un marco jurídico para la creación y operación de la Guardia Nacional, una institución que pretende combatir e inhibir el delito, con una corporación cuya columna vertebral estaría integrada por soldados y marinos bajo un mando civil.

En el dictamen aprobado se advierte que entre los requisitos a los mandos de dirección se encuentran: no formar parte de las Fuerzas Armadas y que todos los elementos de éstas que pasen a la Guardia serán considerados como civiles.

Según el documento, “el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas durante cinco años, pero deberá hacerlo bajo parámetros de convencionalidad (normado, subordinado, complementario y fiscalizado) y deberá informar de sus actividades al Senado”, señala información publicado por la plataforma digital Aristegui Noticias.

Las operaciones de la Guardia Nacional, que tendrían vigencia los próximos cinco años, contribuirían a combatir y contener el mal mayor del crimen organizado, en tanto se cumple un nuevo ciclo en el que se presumiría, que ahora sí, serían fortalecidas y depuradas las policías preventivas estatales y municipales, tarea en la que fallaron, por omisos, negligentes y corruptos, los dos más recientes gobiernos de la República.

Hubo férrea oposición a la integración de la Guardia Nacional en los términos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues con el pretexto de que militarizaría al país, al pretender poner al frente de esa institución a un mando militar, retrasaron el proceso legislativo los senadores de los partidos (y de sus socios) que durante los recientes gobiernos del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012) y del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) fueron laxos y complacientes al consentir que en los hechos reales y concretos, pero sin referente jurídico alguno que los avalara, los militares se adueñaran de las calles y fueran actores de relevantes operativos en contra del crimen organizado.

Ni Calderón Hinojosa ni Peña Nieto se preocuparon por establecer un marco jurídico que validara la presencia del Ejército en las calles, realizando tareas preventivas de seguridad y de persecución de delincuentes.

Ahora, con la administración de López Obrador, será posible, jurídicamente, regular la presencia de las fuerzas armadas en espacios antes reservados a la autoridad civil que, frente a la fuerza del crimen organizado, y presa de sus propias ineficiencias y corruptelas, es incapaz de contenerlo, combatirlo y someterlo al imperio de la ley.

DISIMULADOS

Nunca, como sucedió en las actuales circunstancias, fue tan enfática la voz de la ahora nueva oposición de PAN, PRI, PRD y sus circunstanciales aliados, para criticar las ineficiencias de la administración del presidente panista Vicente Fox Quesada (2000-2006), en la cual se cometieron en México 74 mil 389 homicidios dolosos, según datos oficiales de los registros de incidencia delictiva elaborados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación. El peor año de la administración foxista fue 2001, con un total de 13 mil 855 homicidios dolosos.

Tampoco se levantaron tantas y tan firmes voces de los partidos ahora opositores para reprochar que durante el sexenio del también panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012), con amplia presencia de las fuerzas armadas, fueron cometidos en el país 102 mil 327 homicidios dolosos. Un aumento de 27 mil 938 crímenes, el 37.55% más que en la administración que le antecedió. Sus peores años fueron 2010, con 20 mil 680 homicidios y 2011 con 22 mil 855 asesinatos.

Tampoco fueron enfáticos esos mismos partidos, ahora tan escrupulosos guardianes de la legalidad, para exigir que la actuación de las fuerzas armadas, manipuladas por su comandante supremo Calderón Hinojosa, fueran acotadas jurídicamente o regresadas a los cuarteles.

El 6 de diciembre del 2006, al presentar su proyecto de paquete económico 2007, Calderón Hinojosa anunció la creación de una Policía Federal única, con procesos de profesionalización, selección, certificación y control de confianza. Y el 12 de diciembre del 2006 formalizó la transferencia de 10 mil elementos militares a la Policía Federal Preventiva (PFP). Un total de 7 mil 500 soldados de la Tercera Brigada Militar y 2 mil 500 de la Secretaría de Marina-Armada de México pasaron a la Policía Federal Preventiva.

El 28 de noviembre del 2012 Grupo Reforma publicó que dos días antes de que terminará su mandato el presidente Calderón Hinojosa, senadores del PRI y PRD pidieron que se iniciara una investigación en contra del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, luego que Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, lo acusó de recibir desde 2002 dinero del narcotráfico.

Polvos de aquellos lodos fue que Jesús “El Rey” Zambada, asegurara que le pagó al menos seis millones de dólares por protección a Genaro García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, según publicó Grupo Reforma el 20 de noviembre del 2018.

Esto sucedió durante su cuarto día como testigo en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en la Corte Federal de Brooklyn, cuando el abogado defensor, William Purpura, le preguntó a “El Rey” si él y su hermano, Ismael “El Mayo” Zambada, se reunieron con García Luna entre 2005 y 2006, cuando estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

No fue tampoco convincente alguna oposición tricolor, panista o perredista, al gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), concluido el viernes 30 de noviembre del 2018, para objetar la militarización –sin regulación ni freno– durante una administración en la que se cometieron en México 124 mil 478 homicidios dolosos. Un total de 22 mil 151 más que la administración que le antecedió, para un incremento del 21.64%. Sus peores años fueron 2017, con 25 mil 497 homicidios, y 2018, con 26 mil 376 asesinatos.

Cuando todavía era candidato de PRI y PVEM a la Presidencia de la República, Peña Nieto propuso transferir a la Policía Federal los 40 mil militares que en ese momento –todavía durante la administración de Calderón Hinojosa– estaban desplegados en el país combatiendo al crimen organizado.

Según publicó Grupo Reforma el 24 de mayo del 2012, al participar en el Cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, Peña Nieto anunció que esos elementos militares integrarían la llamada Gendarmería Nacional, cuerpo que estaría bajo el mando de la Policía Federal.

Lo más cerca que estuvo Peña Nieto de ofrecer una alternativa diferente fue cuando el jueves 27 de noviembre del 2013, en su decálogo para fortalecer la seguridad y el Estado de Derecho, propuso la creación obligatoria de policías estatales únicas, en todos los estados de la República, y dijo que se empezaría con cuatro: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. No fue más allá.

Tres años después, el lunes 29 de febrero del 2016 –en la reunión número 50 de la Conferencia Nacional de Gobernadores, realizada en Toluca, Estado de México– Peña Nieto exhortó al Congreso de la Unión (cámaras de diputados y senadores) para que analizara su iniciativa, enviada un año antes, en la que proponía el establecimiento del Mando Único de Policía en las 32 entidades federativas del país.

Entre el domingo 31 de agosto y el lunes 1 de septiembre del 2014 llegaron a Jalisco 300 elementos de la Séptima División de Gendarmería de la Policía Federal. Cinco de esos gendarmes fueron asesinados por pistoleros del crimen organizado el jueves 19 de marzo del 2015 en Ocotlán.

MAL INCUBADO

Desde el cierre de la administración de Fox Quesada (2000-2006) el mal ya estaba incubado, fue ignorado el diagnóstico y negligentemente atendido. Desde entonces el Ejército ya estaba en las calles, sin que hubiese objeciones claras y firmes de los partidos ahora opositores y de la llamada sociedad civil.

El 7 de febrero del 2012 llegó a Guadalajara el nuevo arzobispo tapatío, el cardenal José Francisco Robles Ortega, quien dejó el Arzobispado de Monterrey para relevar en tierras jaliscienses al también cardenal Juan Sandoval Íñiguez.

En un documento denominado “Narcotráfico y Violencia Social”, firmado el jueves 2 de julio del 2005 por el cardenal Robles Ortega –entonces arzobispo de Monterrey– y 10 obispos de la Región Pastoral Noreste del país, advierten que “como parte que somos de la sociedad, compartimos con los demás habitantes de estos pueblos y ciudades el ambiente de tensión, de inseguridad, de temor y desconfianza que provocan las acciones violentas”.

Se referían a las cada vez más frecuentes ejecuciones de civiles, de autoridades, de exfuncionarios públicos y de periodistas; además, de las desapariciones forzadas de personas, secuestros, irrupciones ilegales en domicilios particulares o en lugares públicos.

Los obispos ponían énfasis en una circunstancia que cada día era más controversial: “Los operativos de parte de los cuerpos de seguridad y del ejército, con despliegues espectaculares, generan en el estado de ánimo de la población zozobra, sensación de impotencia, desánimo y desconfianza en las autoridades; por otra parte, dichos operativos no resuelven convincentemente un problema que continúa creciendo como una espiral demoledora, que masacra de múltiples maneras a las personas, a las familias, y de un modo particular a los jóvenes y a los niños”.

Ubicaban un problema que ya se había generalizado: “Lamentamos que en las calles de nuestras ciudades, en los ejidos y pequeñas poblaciones se acrecienten los espacios que sirven a lo que se conoce como el ‘narcomenudeo’, sean tienditas o domicilios particulares (…) Es deplorable que (…) por necesidad, por ignorancia o por ambición de dinero, siga incrementándose el número de personas que se prestan al tráfico de estupefacientes, y lo más grave es que algunas autoridades se hagan cómplices para que tanto el tráfico como la distribución se realicen impunemente”.

Reflexionaban: “El narcotráfico denigra el sentido legítimo del trabajo, ya que busca el enriquecimiento fácil y rápido a través de una ganancia ilícita, y los efectos de sus acciones dejan una estela de corrupción, de muerte y destrucción de personas y del tejido social y familiar”.

Reprochaban: “Las leyes (…) están siendo quebrantadas por quienes ejercen el negocio del narcotráfico y quienes, desde diversas instancias, se hacen sus colaboradores, cómplices y protectores”.

El documento también era respaldado por los obispos Gustavo Rodríguez Vega y José Lizares Estrada, auxiliares de Monterrey; Ramón Calderón Batres, de Linares; Raúl Vera López, de Saltillo; Alonso G. Garza Treviño, de Piedras Negras; Ricardo Watty Urquidi, de Nuevo Laredo; Antonio González Sánchez, de Ciudad Victoria; José Luis Dibildox, de Tampico; Roberto O. Balmori Cinta, de Ciudad Valles, y Faustino Armendáriz Jiménez, de Matamoros.

CLANDESTINO

La ineficiencia y fragilidad en el combate al crimen organizado ha dejado una profunda huella de dolor en el país, particularmente en los tres más recientes sexenios.

El lunes 4 de febrero del 2019, al presentar el plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que en México hay más de 40 mil desaparecidos, más de mil 200 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar.

El pasado 17 de febrero del 2019, el saliente Comisionado Nacional de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación, Roberto Cabrera Alfaro, precisó que en México hay, oficialmente registradas, 40 mil 180 personas desaparecidas.

Al presentar su primer informe de labores, dijo que el 15 de enero del 2019 entregó su renuncia al cargo que asumió el 7 de marzo de 2018, y destacó que Plataforma México tiene un registro por huella dactilar de 36 mil 708 personas fallecidas sin identificar, según información presentada por el portal Aristegui Noticias.

Las periodistas Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati presentaron el 12 de noviembre del 2018 su investigación denominada “El país de las 2 mil fosas”. En el trabajo se advierte que entre 2006 y 2016 fueron descubiertos casi 2 mil entierros ilegales donde criminales desaparecieron a sus víctimas. La barbarie abarca 24 estados del país y uno de cada 7 municipios de la República.

Documentaron las periodistas al menos mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del país. Las fiscalías recuperaron de estos hoyos 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos.

Los estados que encabezan la lista, por el número de cadáveres exhumados: Veracruz (con 332); Tamaulipas (280); Guerrero (216); Chihuahua (194); Sinaloa (139); Zacatecas (138); Jalisco (137); Nuevo León (114); Sonora (86); Michoacán (76); San Luis Potosí (65).

Con el nuevo andamiaje jurídico que se creará para la operación de la Guardia Nacional, el gobierno de López Obrador podrá regular el uso de la fuerza militar, algo que no ocurrió en los sexenios de Calderón Hinojosa y Peña Nieto.

El dictamen aprobado, que reforma artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasará a la Cámara de Diputados, donde tendría que ser aprobado por una mayoría calificada de 334 de los 500 legisladores que la integran, y si así sucediera tendría que ser después ratificado por al menos 17 congresos estatales.

Tendrían que hacerse reformas a leyes secundarias, como la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, crearse la Ley de la Guardia Nacional, revisarse el Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza para crear una Ley Nacional del Uso de la Fuerza, y además diseñar una Ley Nacional del Registro de Detenciones.

Aunque se presume que la mayoría de sus integrantes serían de origen militar, la Guardia Nacional no usaría armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y se reglamentaría el uso de la fuerza bajo estándares internacionales.

La nueva Ley de la Guardia Nacional tendrá que aclarar qué aspectos de su estructura interna podrían homologarse al esquema vigente en las Fuerzas Armadas, como jerarquías, disciplina (faltas, delitos y sanciones), responsabilidades, servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación y profesionalización.