Guadalajara, Jalisco.-En medio de la crisis económica que atraviesa el país, derivada o agudizada por la epidemia de Covid-19, y que ya significó la mayor caída en la historia del Producto Interno Bruto, con un retroceso de 18.7 puntos porcentuales, la Red Nacional de Refugios (RNR) llama a enfrentar el golpe con perspectiva de género.

El 27 de agosto, la RNR publicó un reporte para presentar ante el comité evaluador de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. México está obligado legalmente a cumplir con las disposiciones de este acuerdo internacional, y con este reporte, la RNR busca llamar la atención del comité para que considere y señale distintas carencias en las políticas de igualdad de género implementadas por el Estado.

El reporte trata impacto de la epidemia en las mujeres, niñas y adolescentes; de las acciones gubernamentales antes, durante y después de la contingencia; de las políticas de austeridad en el Presupuesto de Egresos 2020 y sus impactos en los derechos de las mujeres; los feminismos y organizaciones de la sociedad civil y las recomendaciones que la RNR hace.

En entrevista con Partidero, Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR, consideró que a los gobiernos no les faltan propuestas económicas, sino atención e interés por parte de quienes conducen el país en materia fiscal.

Desde su perspectiva, una opción sería renegociar la deuda pública estatal y reinvertir el dinero en educación y salud enfocada a las mujeres, además de implementar “acciones para una vida libre de violencia”.

“Hay que reformular el gasto público que se tiene; incluir, por supuesto, a la población infantil y a las mujeres en lo digital y en lo financiero”, apuntó.

Además de dicha propuesta, también llamó a reconocer el trabajo no remunerado formalmente y que desarrollan miles de mujeres en todo el país.

“Buscar apoyos económicos, pero que no vayan directamente a las familias (si no que) impulsen, justamente, a los sectores laborales más afectados, como son los empleos informales y los de servicio, donde se concentran mayoritariamente las mujeres”, mencionó.

“No hemos visto nada, absolutamente, de eso. No hay realmente una propuesta que vaya realmente a invertir en las mujeres y su situación económica porque, pues, no hay esa mirada… debe haber una reingeniería donde se reconozca el trabajo no remunerado, reduciéndolo, redistribuyéndolo también con los hombres”, lamentó.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los hombres y las mujeres mexicanas trabajan una cantidad similar de minutos diarios en promedio (609 y 567 minutos respectivamente). Sin embargo, las mujeres solo emplean el 41% de su tiempo de trabajo en actividades remuneradas, mientras que los hombres perciben un ingreso por el 78.4% de su trabajo.

“Por supuesto, sería también importante que se promueva un ingreso básico para el trabajo… que tiene que ver con estos temas de cuidado, de seguridad y de labores domésticas que se invisibilizan”, dijo al respecto Wendy Figueroa.

Recortes presupuestales, “austeridad selectiva”

La austeridad republicana del gobierno federal y el déficit presupuestal generado a raíz de la epidemia de Covid-19 en todo el país también pegó a la RNR, que tuvo que operar sin los recursos federales que obtendrían a través del programa Proequidad, que busca apoyar organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la igualdad de género. Esto durante los meses de enero a abril, porque el Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres) no pudo acceder a los recursos, congelados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pero esto solo fue “el canario en la mina”. En los últimos meses, las instituciones dedicadas a defender a las mujeres en México han sido vapuleadas casi hasta su desaparición: el gobierno federal hizo ademán de recortar en un 33% los recursos para la Alerta por Violencia de Género, aunque esta decisión se echó atrás a finales de julio. También se recortó en un 75% el presupuesto operativo (capítulo 2000, 3000 y 4000 del clasificador por objeto del gasto público, que incluye todo menos la nómina) del InMujeres.

Las autoridades han desestimado el recorte, pues sólo afectaría gastos operativos. Sobre esto, Figueroa Morales opina:

“Pasa mucho, quienes trabajamos con las mujeres hemos visto que muchos procesos, muchos trámites… no se llevan a cabo porque no hubo una hoja para hacer oficio, porque no hay recurso para trasladar a la mujer víctima de violencia y hacer un rescate, porque no hubo presupuesto para mandar la notificación, etcétera. No podemos minimizar los gastos operativos hablándolo tan banalmente…Cada acción operativa también lleva precisamente a un obstáculo en los derechos de las mujeres y en sus procesos jurídicos, médicos, y de acceso a su salud integral”

En este tenor ocurrió, el 30 de junio, la renuncia de Candelaria Ochoa, quien encabezada el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Su renuncia habría sido expresamente solicitada por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

“La pandemia nos lleva a redistribuir el gasto público, pero lo que me parece sorprendente, siendo uno de los países con mayores índices de violencias contra las mujeres, de feminicidio, de pornografía infantil, de abuso sexual infantil, que justamente en esos temas se haga un recorte”, lamentó Figueroa al respecto.

“Resulta que (la Federación) es una autoridad discrecional, selectiva, donde no se toca proyectos como el Tren Maya, como la refinería, como el béisbol”, abundó.

Probeis, el programa que busca incentivar la práctica del llamado rey de los deportes, no sufrió ningún recorte presupuestario, y tiene para el 2020 el 80% del presupuesto que tenía en 2019: 280 millones de pesos.

“Tendríamos que dejar de repetir estos constructos sociales donde las mujeres tenemos que hacer más con menos…, sigue dándose este mensaje donde la vida de las mujeres, de sus niños, de sus niñas, realmente no son prioridad en este gobierno de la cuarta transformación”, apuntó Wendy Figueroa.

Hacer más con menos ha sido la condena que le ha tocado a todas las trabajadoras de las redes de protección de la mujer en México. Wendy señaló otros problemas en términos de presupuesto que no se han reportado con la misma frecuencia, entre los que se enumeran:

1. No se ha ofrecido claridad sobre el destino preciso de los recursos que se han reducido.
2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo 400 millones de pesos desde abril que están etiquetados para los institutos de la mujer estatales y municipales. Figueroa Morales denuncia que estos recursos solo se han liberado “a cuentagotas”.
3. Se han retenido recursos a las Casas de la Mujer Indígena también.

La crisis se muestra amenazadora para toda la población del país. Si bien se anticipa un golpe a la sociedad, muchas organizaciones como la RNR lamentan que la administración pública está tomando medidas que activamente profundizan el impacto que la crisis tendrá en los sectores más vulnerables.

Wendy Figueroa es una de millones de mujeres mexicanas indignadas con la doble cara de la administración pública federal que, con una mano, intenta desarticular las redes de protección de la mujer y, con la otra, declara que “nunca se había protegido tanto a las mujeres en México como ahora”.

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