Guadalajara, Jalisco-. A pesar de que hay más personal en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), con una cuarta parte más de 2013 a 2020, sus resultados continúan siendo los mismos.
Los empleados pasaron de 467 en el 2013 a 584 este año, pero, la cantidad de dictámenes e informes periciales sigue prácticamente igual.
Según informes obtenidos a través de solicitudes de transparencia, en el 2013, peritos hicieron 145 mil 491 dictámenes e informes periciales.
De 2013 a 2020 las cifras no tuvieron muchos cambios, aunque en 2019 bajó a 129 mil 688. Al cierre del informe del tercer trimestre de este año habían emitido solamente 92 mil 722 informes.
Además de los dictámenes periciales, el IJCF mide su trabajo con base en aspectos que no reflejan sus principales obligaciones, tales como la emisión de constancias de no antecedentes penales.
En 2013, el número de constancias fue de 460 mil 106, y para el 2018 creció a 764 mil 840, pero, en 2019 se redujo a 713 mil 302. Hasta el tercer trimestre de este año únicamente habían expedido 354 mil 923 de ellas, probablemente a causa de la pandemia por Covid-19.
Otro medidor analizado por la institución son las capacitaciones en el IJCF, el cual ha presentado resultados inestables a través de los años.
En 2013, 882 funcionarios fueron capacitados por la transición al sistema de justicia penal acusatorio, y para 2015 la cifra ascendió a dos mil 115. En cambio, en 2018 sólo 166 servidores públicos recibieron formación del IJCF, y en 2019 182. El rubro se disparó a 918 capacitaciones durante los primeros nueve meses de 2020.
El IJCF también considera las acreditaciones para medir sus resultados. Sin embargo, no ha reportado certificaciones de sus laboratorios y sus procesos desde hace dos años. Para diciembre de este año tendría que haber completado seis procesos de acreditación, pero hasta el informe del tercer trimestre el avance era de cero.
En 2013 y en 2016 tampoco hubo acreditaciones, mientras que en 2014 y 2018 hubo una cada año y dos en 2015. El instituto no dio datos de 2017.
El sistema de indicadores del instituto también contempla la percepción de inseguridad y la de corrupción en las fiscalías, aunque ambos no están directamente relacionados con su labor.
Rotación de personal
Respecto al incremento de 25% de personal entre 2013 y 2020, la principal variación se dio en el área operativa, cuyo aumento fue de 36%. Por otro lado, el personal administrativo ha seguido prácticamente igual , ya que en 2013 eran 151 empleados y en 2020 155.
En 2018, cuando la crisis por saturación de cadáveres y los tráileres, la institución registró su mayor decremento de personal, ya que fueron dados de baja 81 empleados, 23% de las 349 bajas entre 2013 y 2020. En 2019 y este año han habido 57 bajas en cada uno.
Las bajas laborales se han dado principalmente en el personal administrativo de las delegaciones regionales, acumulando 62 empleados menos durante el periodo analizado.
Dicha área es la que ha tenido más contrataciones, pues pasó de 55 empleados administrativos y operativos en 2013 a 83 en 2020, aunque esta última cifra es menor a las 85 plazas de 2019.
El Servicio Médico Forense (Semefo) es la siguiente área con más contrataciones. Pasó de 38 empleados a 67 en el lapso, aunque también tuvo más empleados en 2019 con 70.
En 2020, el área de criminalística de campo tiene 50 personas contratadas, el laboratorio químico 32 y el laboratorio de genética cuenta con 25, cuando hace siete años tenía 11 servidores públicos.
El área de Psicología forense también tuvo un incremento, pues en 2013 contaba con 11 plazas y este año tiene 20.
Indicador de dictámenes, engañoso: Ortega Montes
Rubén Ortega Montes, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en materia de seguridad, consideró engañoso que el IJCF informó únicamente la cantidad de dictámenes realizados y no la tasa de comparación entre dichos y los requeridos. Al respecto, dijo que de sí analizarse, podrían medir el rezago.
“Deberían hacer el contraste de cuántas solicitudes tienen por parte del ministerio público o de los tribunales o de los juzgados de control y no solamente en materia penal. Recordemos que también en materia civil a veces se tienen que realizar algunas actividades que hay en el IJCF, en materia mercantil”, recalcó.
Otro aspecto que no se informa es la dilación para dar respuesta a los dictámenes solicitados, pues debido a la carga laboral en muchas ocasiones se entregan los resultados hasta meses después de la solicitud.
El experto también señaló que hay un alto tiempo de espera para sacar citas para cierto tipo de dictámenes, entre ellos los psicológicos.
Ortega Montes argumentó además que las constancias de no antecedentes no tendrían por qué ser un indicador del IJCF, ya que son un trámite administrativo.
También criticó la acreditación de laboratorios y procesos, pues consiste en pagar a un particular para certificar que la institución realiza sus peritajes de cierta manera, lo cual consideró como una fase completamente innecesaria y la tachó de una simulación administrativa.
“El estado es el que debería certificar y no las empresas particulares”, sentenció.
Con información de NTR
