Eduardo González Velázquez

Atrás quedaron los años de la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE) con la intención de darle mayor certeza a las elecciones en nuestro país, y quitarle al gobierno el monopolio de la organización y calificación de las jornadas electorales, que terminaba por volver a las autoridades en juez y parte en las elecciones. Es cierto que desde el inicio el IFE generó muchas dudas sobre la calidad e imparcialidad de su accionar; no obstante, sus miembros lograron sacar adelante las elecciones federales intermedias de 1997 y la presidencial de 2000.

​Al paso del tiempo el IFE ha entrado en algo parecido a un tobogán donde la credibilidad e imparcialidad de sus miembros, nombrados a partir de un sistema de cuotas repartido entre los partidos políticos, han dejado mucho que desear. Recordemos las enormes irregularidades y prácticas fraudulentas en las elecciones de 2006 y 2012 que dinamitaron seriamente nuestra transición democrática, y minaron la credibilidad ciudadana en los órganos electorales.

​La historia no parece terminar ahí. Esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó prohibir al Instituto Nacional Electoral (INE) extraer las boletas de las urnas a fin de efectuar un conteo para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Así, el órgano electoral no podrá presentar el PREP a las once de la noche del 1 de julio, sino hasta las dos de la madrugada del día siguiente (La Jornada, 20 de febrero de 2018).

Las razones de los magistrados del TEPJF estuvieron enmarcadas por el peligro de que las omisiones, errores o descuidos en la manipulación de la papelería electoral fuera de las urnas pudiesen generar sospechas sobre la certeza de la elección, así como la posibilidad de que los resultados pudieran ser alterados, y con ello enturbiar el proceso antes de dar garantía de transparencia al mismo.

Más allá de la hora y la forma de dar resultados preliminares y definitivos de la próxima jornada electoral, lo que tenemos es un problema de credibilidad ciudadana en los órganos electorales. A no dudar, el desempeño del IFE y ahora del INE, ha ido de más a menos. En cada elección el Instituto se muestra rebasado por las marrullerías partidistas; y sea por omisión o comisión las autoridades electorales las dejan pasar. La mayoría de las veces ni siquiera existe un procedimiento adecuado para determinar la comisión de un delito electoral.

​Estoy cierto que el INE no tiene un problema en cuanto al procedimiento, a la organización de la jornada electoral, a los tiempos de precampaña y campaña, a los montos económicos asignados a los partidos políticos, a las reglas para que los candidatos accedan a los medios de comunicación y puedan comprar espacios para la publicidad. El problema radica en su baja credibilidad frente al electorado. En los dados cargados con los que juega en el casino electoral. En las preferencias personales de sus consejeros sobre los candidatos. En los maridajes en que pueda incurrir al momento de calificar la elección. Ahí están los problemas que deben resolverse y no en otro lado.

Desde luego, que la decisión del TEPJF podrá abrir la puerta para que los candidatos se declaren triunfadores al final de la jornada. Algo que el INE quería evitar con su PREP tempranero.

​Sin duda, a poco más de cuatro meses de una jornada electoral clave para delinear el futuro del país, no deja de llamar la atención las señales encontradas de los órganos encargados de velar por la transparencia de las elecciones el primer domingo de julio. Por la salud de la República, urge mayor claridad y concordancia en el actuar del INE y el TEPJF.

 

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