Morelia, Michoacán.-El Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa (TAAM) de Michoacán inhabilitó por 20 años para desempeñar cargos públicos al diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez. Además, se le impuso una sanción resarcitoria por aproximadamente 5.6 millones de pesos debido a presuntos daños a la hacienda pública estatal.
Con esta información, nuevamente la política michoacana se sacudió con una noticia que amenaza con alterar por completo la carrera de Barragán Vélez por la alcaldía de Morelia.
La resolución fue emitida por la Primera Sala del TAAM, instancia que encontró responsabilidad administrativa grave en la autorización de recursos del programa “Beca Futuro” durante el año 2018, periodo en el que Barragán se desempeñaba como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh). Su trayectoria pública también incluye diversos cargos en la administración estatal y el liderazgo de la asociación civil Mano a Mano.
Tormenta política rumbo al 2027 y vínculos en el TAAM
Sin embargo, más allá del contenido jurídico del expediente, la decisión ha desatado una tormenta política por el momento en que ocurre y por los actores involucrados. Barragán no era un político cualquiera; diversas encuestas lo colocaban entre los perfiles mejor posicionados para competir por la alcaldía de Morelia en 2027, siendo considerado uno de los aspirantes más visibles del movimiento guinda en la capital michoacana.
La controversia escaló aún más debido a que la resolución provino de la Primera Sala del TAAM, donde participa la magistrada Swany Peña Reyes, esposa del actual diputado local y exdirigente estatal de Morena, Juan Pablo Celis Silva. Este vínculo ha provocado serios cuestionamientos en distintos círculos políticos, particularmente porque Celis y Barragán han sido identificados durante años con corrientes internas opuestas dentro de Morena.
Aunque no existe evidencia pública que demuestre una intervención indebida en la resolución, la coincidencia ha alimentado especulaciones y abierto un intenso debate sobre la imparcialidad institucional en un momento clave de la sucesión política en Morelia. Para los simpatizantes de Barragán, la decisión llega precisamente cuando el legislador alcanzaba uno de sus niveles más altos de posicionamiento electoral; para sus adversarios, en cambio, la sanción es la consecuencia natural de un procedimiento administrativo por hechos ocurridos hace ocho años.
Una sentencia que no está firme: Barragán impugnará
La resolución fue notificada apenas unos días después de ser emitida y, de quedar firme, impediría a Juan Carlos Barragán ocupar cualquier cargo de elección o función pública hasta el año 2046.
Al respecto, Barragán Vélez ha manifestado públicamente que esta sentencia de primera instancia no es firme ni definitiva, por lo que procederá a impugnarla formalmente en otras instancias legales. Asimismo, ha denunciado que el proceso en su contra carece de imparcialidad y obedece a claras motivaciones políticas para frenar sus aspiraciones.
La pregunta que ahora domina los pasillos políticos de Michoacán ya no es quién encabeza las encuestas para Morelia, sino si la caída del aspirante más competitivo de Morena es únicamente el desenlace de un expediente administrativo o el inicio de una nueva batalla por el control político de la capital del estado.
