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Intentarán impugnar la Ley Federal de Austeridad Republicana

Intentarán impugnar la Ley Federal de Austeridad Republicana

Andrés de la Peña*

 

Guadalajara, Jalisco.-Se alistan por lo menos dos acciones legales en contra de la Ley de Austeridad: una acción de inconstitucionalidad por parte del a minoría parlamentaria y un amparo indirecto por parte de la firma legal Trusan y Roma.

La Ley Federal de Austeridad Republicana fue aprobada el pasado 8 de octubre en la Cámara de Diputados. Se había retrasado por el fin de la sesión parlamentaria, pero ahora que está aprobada se preparan diferentes grupos para impugnar la ley desde dentro y fuera de las Cámaras.

Algunos de los artículos más disputados son: el 13 ─que prohíbe toda “duplicidad de funciones” sin que la Ley establezca cómo determinar tal condición─, el 16 ─que prohíbe la contratación, con recursos del Estado, de seguros de ahorro para los funcionarios─, el 22 ─que prohíbe contratar jubilaciones, pensiones y seguros de vida o gastos médicos privados para funcionarios ─ y el 24, que fue modificado por el Senado y se sometió a discusión.

El artículo 24, en el dictamen original, establecía que los servidores públicos no podrían ocupar un puesto en una empresa hasta 5 años después de concluir sus funciones, si es que la habían supervisado, regulado su actividad o tenido información privilegiada respecto a ella. La modificación hecha por el Senado cambia el plazo durante el cual los funcionarios no pueden trabajar a 10 años, pero limita la aplicación de esta norma a los servidores “comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.

La diputada Tatiana Clouthier, de Morena, propuso reducir la veda laboral a solo 5 años, pero se rechazó su propuesta con 272 votos. El diputado Antonio Ortega, del PRD, articuló muchas de las críticas en torno a la legislación durante su intervención, mencionando que la ley violaba derechos laborales, contaba con errores formales y de redacción, era redundante respecto a otras normas que ya cumplen su función y que se encontraba “inacabada” de manera general. Cuando se discutió en el Senado en julio, el dictamen también generó la crítica de legisladores del PAN y de MC.

El 2 de julio de 2019, cuando el dictamen se aprobó en el Senado, la oposición aclaró que impugnará la nueva ley tan pronto como pueda por medio de una acción de inconstitucionalidad. De la misma manera, la firma legal Trusan y Roma Abogados prepara un amparo indirecto para proteger a 7 mil personas contra la ley. En entrevista, Rodolfo Martínez, abogado de la firma, explicó su postura respecto a la norma.

El abogado opinó que los elementos de riesgo fundamentales en la nueva norma son: “la veda de los 10 años, la cancelación de gastos médicos, del seguro de vida, seguros de ahorro, fideicomisos […] el tema de los recortes de servidores públicos cuando supuestamente se estén duplicando funciones… ” Las leyes orgánicas de cada ente público establecen los cargos y funciones que existen en el ente, y se supone que estos cargos y funciones se encuentran justificados para evitar duplicidad. Por este motivo, explicó Martínez, resulta difícil establecer lo que significa una “duplicidad de funciones”

En cuanto a la adición que la Ley de Austeridad haría a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Martínez comentó que otro elemento de riesgo es “la facultad discrecional del Ejecutivo para disponer de todos los dineros que, supuestamente, se ahorren con esta austeridad”. Esto se refiere a la facultad del Ejecutivo de decretar por dictamen el destino de los recursos ahorrados por la aplicación de la Ley, como se establece en el párrafo que se añade a la Ley de Presupuesto.

Trusan y Roma Abogados tramitará un amparo indirecto para “poco más de 6 mil” personas. “De hecho, vamos a ser la primera firma que promueva el amparo”, comentó Martínez. Estos amparos iniciarán formalmente en cuanto se vuelva vigente la ley, el día después de su publicación.

Otro actor que podría impugnar el dictamen es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión está facultada para tramitar acciones de inconstitucionalidad, pero no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, emitió varias observaciones cuando el Senado aún discutía la norma.

 

*Estudiante del Tecnológico de Monterrey.

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