Guadalajara, Jalisco.- En el marco de las recientes movilizaciones en Guadalajara, Denisse Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), expuso las irregularidades detectadas tanto en la actuación de las autoridades de seguridad como en los procesos judiciales emprendidos contra manifestantes detenidos.
Montiel señaló que, frente a las protestas masivas, que han congregado a miles de personas en defensa del agua potable y en rechazo a los abusos previos, el Estado implementó tácticas drásticamente opuestas entre la primera jornada y la más reciente.
Mientras que el 11 de octubre frente a Casa Jalisco predominó el uso de la fuerza y la represión, en la marcha del 18 de octubre se caracterizó por la inacción oficial ante la presencia de al menos cuatro grupos de choque identificados previamente por la labor ciudadana.
Al respecto, la codirectora destacó que “pasaron de la represión a la permisibilidad absoluta”, dejando la seguridad de familias, infancias y adultos mayores en manos de los propios contingentes.
Asimismo, la defensora de derechos humanos alertó en entrevista en Canal 44 sobre anomalías graves en las carpetas de investigación de las personas vinculadas a proceso, señalando que la defensa enfrentó negativas de acceso a la información hasta el día de la audiencia, deficiencias en las cadenas de custodia de pruebas y una preocupante falta de imparcialidad judicial.
Montiel advirtió que estas acciones buscan criminalizar la protesta social y obstaculizar el trabajo de defensa de derechos humanos, apuntando que “se ha señalado el actuar no solo de la fiscalía en esta fabricación del proceso, sino también lamentablemente ahora está la participación por parte del poder judicial”.
Denunció ser blanco de campañas de desprestigio orientadas a deslegitimar la labor civil de organizaciones como el Cepad.
