Morelia, Michoacán.-Los detenidos permanecerán en prisión preventiva en el Cefereso 17, mientras avanzan las investigaciones sobre su presunta participación en un atentado que dejó ocho soldados muertos.
Un juez federal vinculó a proceso a 11 exmilitares colombianos detenidos por su presunta participación en el ataque con explosivos contra elementos del Ejército mexicano, registrado en mayo pasado en los límites de Michoacán y Jalisco, donde murieron ocho soldados.
Tras una audiencia de más de 20 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en Morelia, se determinó imponer prisión preventiva oficiosa a los implicados. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos que fueron considerados suficientes para iniciar un proceso penal por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Los imputados fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 17, ubicado en Buenavista Tomatlán, dentro de la región conocida como Tierra Caliente de Michoacán, donde permanecerán en reclusión mientras continúan las diligencias judiciales.
Los 11 exmilitares fueron capturados a finales de mayo durante un operativo en el municipio de Los Reyes, Michoacán, días después del atentado con una mina terrestre. En total, fueron detenidas 17 personas, de las cuales 11 fueron identificadas como exintegrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Durante la detención, las autoridades aseguraron réplicas de armas largas, cartuchos, 41 artefactos explosivos, una caja con explosivos, una cubeta con pólvora negra, 13 placas balísticas, dos cascos y un chaleco táctico.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que, entre los detenidos, hay 12 ciudadanos colombianos, de los cuales 11 prestaron servicio en su Ejército. En un comunicado, el gobierno de ese país manifestó su preocupación por el aumento de casos en los que personal con formación militar es reclutado por estructuras delictivas transnacionales.
Según el documento oficial, se ha identificado “un creciente fenómeno de cooptación de personal con formación militar para integrar estructuras criminales”, en tareas que incluyen asesoría en explosivos, operaciones tácticas y el uso de tecnología armada, como drones.
Las autoridades mexicanas mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el caso y determinar si existen otros involucrados.
