Gabriel Valencia López. Foto: Especial.
Guadalajara, Jalisco.-Tras interponer una denuncia penal el 16 de julio de 2013 –ratificada el 19 de agosto de ese mismo año– por el probable delito de hostigamiento y acoso sexual, María Esther Álvarez teme que su hostigador, José Ezequiel García Hurtado, libre la acusación, puesto que su defensor es Gabriel Valencia López, excandidato a fiscal anticorrupción y hermano de Augusto, exdiputado local y actual titular del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.
Su temor se basa en que su caso se ventila en el Juzgado Décimo de Tercero de lo Penal –por ministerio de ley a cargo de José Nicolás Ramírez Sánchez–, a donde el pasado 7 de enero acudió Gabriel Valencia para el desahogo de la audiencia de su cliente, Ezequiel García, y según la víctima todo el personal se avocó a saludarlo de manera muy familiar.
Esther conoció, en agosto de 2011, a su acosador en el colegio Altamira, una escuela católica para varones, de la formación del Opus Dei (también identificado el grupo como la Obra), cuando se desempeñaba como coordinadora de Relaciones Públicas; su jefe directo era Ezequiel García, director general de dicha institución
Previo al acoso, la relación de trabajo era armónica. Sin embargo, en marzo de 2012, Ezequiel García,durante las reuniones de trabajo, comenzó a preguntarle a Esther sobre su divorcio, y recalcaba que “ante los ojos de Dios, yo seguía siendo una mujer casada, me insistía muchas veces sobre el respeto que debía tener a mis votos de fidelidad, y que si se enteraba que yo tenía algún tipo de relación con otro hombre que no fuera mi exmarido, no sólo estaría cometiendo pecado mortal, sino sería causa para mi despido, dado que el colegio es católico y promotor de los valores de la familia”.
El entonces director general no sólo la acosó de manera verbal, sino también de manera constante vía WhatsApp. Testigos de los mensajes fueron José Ángel Camarena Robles, entonces director de la preparatoria, y un amigo de ella.
Ezequiel le pedía que borrara los mensajes que le enviaba por WhatsApp. Esther obedeció porque a nadie convenía que se supiera del acoso, pues él está casado y ella podría ser despedida.
En febrero de 2013, le mandó un audio por ese medio. Ese audio no lo eliminó, tampoco una conversación en la que quedó en evidencia el hostigamiento. El día 19 de ese mes, decidió renunciar. Al director ejecutivo del corporativo Colmenares, Octaviano Barajas, y al director de primaria, Gilberto Jiménez Palacios, expuso los motivos de su separación.
Octaviano Barajas ordenó a la gerente de Capital Humano, Selene Elizabeth Ferrer, que a pesar de que su separación laboral fue voluntaria, le diera algunos conceptos extras a su liquidación. Además, se acordó respetar la beca que tenía su hijo en el colegio Altamira, a condición de que guardara silencio sobre las causas de su renuncia.
Sin embargo, fue Ezequiel García quien rompió el silencio, al rumorar que Esther había renunciado porque a consecuencia de su tratamiento de quimioterapia para abatir el cáncer tuvo un trastorno psicológico que provocó que se enamorara de él, señala la afectada. Eso motivó a que denunciara a su acosador.
En su denuncia, Esther refiere que su estado de salud y de ánimo se vieron afectados, al grado de caer en una depresión grave, por “la forma tan abusiva, que mis derechos como mujer se vieron afectados, pisoteados por personajes que predican los valores del ser humano, la moral y las buenas costumbres, siendo antagónica y contraria su conducta”.
El proceso
El 11 de diciembre de 2014, el agente del ministerio público ejerció acción penal en contra del señalado; 10 días después, el Juez Octavo de lo Penal del Primer Partido Judicial radicó el asunto bajo la causa penal 640/2014-A , y ordenó su devolución para agotar los medios alternos de solución de conflictos.
El 20 de septiembre de 2016, la fiscal integradora ordenó de nuevo ejercer acción penal contra Ezequiel García. El 9 de noviembre el Juez Octavo decretó la orden de aprehensión, sin embargo, debido a la extinción del citado juzgado, el caso se envió al Juez Décimo Tercero de lo Penal.
El 11 de julio de 2018, el presunto culpable tramitó un juicio de amparo indirecto contra la orden de aprehensión. El asunto fue resuelto el 12 de diciembre de 2018 por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, Luis Alberto Márquez Pedroza, quien se lo negó, puesto que el argumento de Ezequiel García de que había prescrito la acción penal era infundado.
El abogado de la víctima, Salvador Guzmán, refirió que el Juzgado Décimo Tercero de lo Penal “está requiriendo al procesado para que sea identificado y se someta a los exámenes de identificación y esté yendo a firmar. Sin embargo, hasta la fecha de hoy ni siquiera lo han requerido”.
Otra anomalía es que cuando el abogado pidió realizar un peritaje al mensaje de voz que envió el señalado a la víctima para corroborar la fuente, el “ministerio público se equivocó y pidió sólo una transcripción del contenido, y le respondieron que el instituto no hacía esos peritajes”, recordó Salvador Guzmán.
Agregó que uno más de los obstáculos que han tenido que librar para obtener justicia es que en 2017, cuando se extinguió “la agencia que integró la averiguación”, el expediente se envió a Ciudad Niñez.
“Yo rastree la averiguación previa y ya estaba archivada, la habían asignado a un ministerio público de Ciudad Niñez. Se tardaron seis meses en canalizarla al Centro Integral de Atención a la Mujer. Cuando le dieron atención, ya no estaba el CD (Disco Compacto) con la grabación de WhatsApp, ni lo actuado en el Centro de Mediación, hasta que por fin, a finales de 2017, lo consignan al Juzgado Octavo, ahí giran la orden de aprehensión, pero nunca lo detienen, desaparece del juzgado, se envía al Décimo Tercero, y en agosto del 2018 nos enteramos que ya se presentó amparado”, comentó el litigante.
Salvador Guzmán también refirió que el “juzgado tiene un comportamiento atípico en cuanto al cumplimiento procesal”, mientras que el Opus Dei “está borrando (despidiendo) a todos los actores del conflicto”.