La compraventa de la Villa Panamericana, ¿pura simulación?

Partidiario

Criterios

 

Tras la designación de Guadalajara como sede de los XVI Juegos Panamericanos de 2011, hecha en 2007 en Río de Janeiro, se hicieron varias propuestas para la construcción de la villa que albergaría a los más de nueve mil deportistas en sus 650 departamentos.

Entre otras propuestas, estuvieron los viejos edificios y casas en torno del Parque Morelos, en el centro de la ciudad, y, muy de pasada, en el Parque Metropolitano, en donde finalmente se construyó el conjunto acuático, al poniente, en el municipio de Zapopan.

Sin embargo, fue el del Parque Morelos, llamado “Proyecto Alameda”, el aparentemente más sólido candidato a convertirse en el albergue panamericano.

Las cosas empezaron mal desde el principio. El entonces presidente municipal, Alfonso Petersen y sus allegados, sin meditarlo demasiado, sin planes de desarrollo urbano o proyecto ejecutivo y, mucho menos, sin consultarlo más allá de sus cuates y posibles beneficiarios, hasta se aventó a solicitar un multimillonario préstamo.

Javier Ramírez dio cuenta de esto en el número 178 de Proceso Jalisco (6-4-2008). En su reportaje, “Un proyecto anárquico”, apuntó que a pesar de que arquitectos urbanistas consideraban que no era conveniente la construcción de la Villa Panamericana en dicho lugar y que más de cien familias se negaban a vender sus propiedades, el ayuntamiento ya se había endeudado con Bancomer por mil 700 millones de pesos a un plazo de 20 años, y que estaba todo listo para empezar a pagar 65% de los predios que debían desocuparse para la villa, que tendría un costo de 2 mil 200 millones de pesos.

Para tal efecto, el ayuntamiento había creado, en enero de 2008, el Fideicomiso Villa Panamericana y escogió a seis arquitectos, entre ellos tres mexicanos: Augusto Quijano, Fernando González Gortázar y Alberto Kalach, socio del titular de Coplaur (Comisión de Planeación Urbana), Juan Palomar Verea, pues ambos participaron en la construcción de la Biblioteca José Vasconcelos de la capital del país. Los tres escogidos fueron Carmen Pinós, española; Rick Joy, estadunidense, y el chileno Mathías Klotz.

Pero ante la inconformidad, tuvo que hacerse una selección mediante concurso y los ganadores fueron todos tapatíos. No obstante, hubo quejas del Colegio de Arquitectos de Jalisco, a las que sumaron después Cuauhtémoc de Regil, Juan Lanzagorta, Manuel Lama Guagnelli y José Luis Rodríguez Flores, cuestionando la falta de  planes de desarrollo urbano y carencia también de plan de manejo del Centro Histórico que incluyera la rehabilitación y respeto al paisaje.

Pero esa “falta de planeación, las ocurrencias y los caprichos del alcalde Petersen Farah dieron al traste con el Proyecto Alameda”, escribió Víctor M. López el 14 de junio de 2009 en el mismo semanario, número 240, y dio a conocer que para entonces el fideicomiso había transferido 350 millones de pesos a fondo perdido, de los que ya se habían gastado 150 millones en la adquisición de predios.

Y que se les aparece el mero mero de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), Mario Vázquez Raña, y decide, a sugerencia del presidente del Comité Organizador, Carlos Andrade Garín, y con pleno respaldo del gobernador Emilio González Márquez, la suspensión del Proyecto Alameda y que se trasladase a El Bajío del Arenal, no obstante ser zona sísmica, de reserva de baja densidad y recarga acuífera, a un predio de 19 hectáreas que había sido “donado” por el alcalde de Zapopan, el panista Juan Sánchez Aldana, con todo y permisos de construcción.

“El Bajío, la peor opción”, cabeceó Proceso Jalisco la nota de Julio Ríos del 8 de octubre de 2008, en la que se informaba que con esta decisión “se beneficia a empresarios como Jorge Vergara, por su estadio Chivas, cuyas obras complementarias las haría el gobierno, y a cercanos a Andrade Garín, como Álvaro Preciado Coronado, director de Consorcio Terrenos y constructor de Ayamonte, cercano a la futura villa.

Para que cada quien vaya atando cabos, el texto en cuestión acotaba: “Álvaro Preciado, quien ya fue presidente de Villa Panamericana, participará en una comisión de seguimiento para fiscalizar la ejecución de la obra junto con el presidente de Coparmex Jalisco, Pablo Lemus (…) Preciado consiguió llevar el proyecto a sus terrenos y ahora el negocio inmobiliario queda en las mismas manos de Bosco Gutiérrez Cortina y Corey Integradora (de Francisco Cornejo, socio de Vergara), los mismos del frustrado proyecto del Parque Morelos”, declaró el urbanista Jesús García Rojas.

No obstante una serie de oposiciones y amparos en contra y las advertencias de especialistas, como Jaime Eloy Ruiz Barajas y Miguel Enrique Magaña, de que la villa se hiciera en El Bajío por ser de reserva y recarga de agua, se impusieron los intereses empresariales y la autoridad gubernamental, Corey inició las obras de la Villa Panamericana con financiamiento propio e inversión de los burócratas, salida del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), que supuestamente luego recuperarían con la venta de los departamentos de las citadas instalaciones una vez que fueran desocupadas por los atletas.

Anticipadamente, para realizar estas maniobras, González Márquez había logrado del Congreso Legislativo la aprobación de una iniciativa para convertir a la Dirección  de Pensiones en Instituto de Pensiones (Ipejal), para que pudiera invertir en fondos de riesgo, de acuerdo con una información de Esperanza Romero Díaz, publicada en Proceso Jalisco.

El pasado lunes 26, Sonia Serrano dio a conocer, en el diario NTR, un acuerdo signado por el gobernador Enrique Alfaro y la empresa Green Life Capital para vender a ésta, de muy reciente creación, la Villa Panamericana en mil 500 millones de pesos.

La subvaluada compraventa se cerró ante el notario 79, Guillermo Vallarta Plata, exalcalde tapatío. (En su periodo (1983-86), extraña e indebidamente fue vendido un terreno destinado para áreas verdes. En lugar de una unidad deportiva se levantó una  habitacional. Sólo quedó el templo de Getsemaní de la Cruz. Se salvó porque estaba muy avanzada su construcción).

Pues bien, ahora resulta que Green Life Capital (hay muchas empresas con los dos primeros nombres, la conforman exfuncionarios y empresarios inmobiliarios, de acuerdo con la reportera: Jaime Rábago Jiménez, tesorero y apoderado legal, director de Fojal con Aristóteles Sandoval; Jaime Alberto Moreno Cardeña, secretario general, exvicepresidente de Coparmex  su representante ante Fojal, y Francisco Padilla Villarreal, tesorero con Ramiro Hernández en Guadalajara.

Además, otros socios, como Jaime Lorenzo Mauricio González Bosco y Gerardo Huerta Hoyos, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Inmobiliarios; Francisco Ángel Barrera, Heliodoro Guillermo Acosta y Fernando Arturo Mestre.

Si nos fijamos, se cruzan, o coinciden, nombres, apellidos, dependencias oficiales y organismos privados como Bosco, Jaltrade, Fojal, Coparmex, Corey, Huerta… ¿No serán los mismos? Parece que sí.

Si las investigaciones se ahondaran, podríamos encontrarnos con actos de simulación, independientemente de que si se llega a formalizar la compraventa, funcionarios, del gobernador hacia abajo, podrían caer en desacato, por violación a suspensiones que se otorgaron desde hace años.

Entre tanto, extraña que el alcalde zapopano se dé por sorprendido si hay gente de su mismo partido y de su mismo sindicato empresarial enredado en estos bussines, independientemente de que familiares suyos inciden en negocios inmobiliarios.

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