En México, la sociedad civil y la sociedad política nos hemos acostumbrado a vivir en la incertidumbre y la inseguridad. A lo largo de nuestra historia hemos construido un imaginario colectivo que nos refuerza esta idea. La no certeza y la inseguridad las vivimos como destino irrenunciable. Como lastre permanente. Las creemos a pie juntillas, al punto de materializarlas con nuestras prácticas cotidianas, y justificarlas con las piezas discursivas del día a día. Asumimos la falta de certidumbre y el contexto de violencia e inseguridad como origen y destino, tomando las previsiones, en ocasiones insuficientes, para sobrellevar lo resbaladizo de nuestra realidad.
Vivimos envueltos en la debilidad institucional y la incapacidad del gobierno para atender las necesidades de la población, sin distingo de la arista desde la que se mire, ni la acera donde caminemos. Al paso del tiempo, la fragilidad y el debilitamiento del Estado mexicano se profundizan, generando el desbordamiento gubernamental de cara a las urgencias de la población, e impidiendo ampliar la capacidad del Estado para asegurar las condiciones mínimas necesarias para un devenir favorable de los ciudadanos. El agotamiento institucional se convierte en tierra fértil para la corrupción apalancada por el manto de la impunidad. El ejercicio gubernamental como una suerte de encarnación de las “oportunidades de negocio” abusando del poder para favorecer a pocos en perjuicio de las mayorías.
A no dudar, hace muchas décadas venimos aceptando y justificando esta pesada losa, al extremo de elaborar piezas discursivas que afirman la naturaleza cultural de esta realidad, machacando nuestra imposibilidad y agotamiento como destino catastrófico de cara a esta situación.
La explosión registrada en una toma clandestina de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo el pasado viernes, que ha dejado hasta el momento un saldo de 109 personas fallecidas y 40 lesionadas, quienes continúan debatiéndose entre la vida y la muerte, ha venido a recordarnos la huachicolera debilidad de las instituciones de la República, y la manera en la cual mujeres y hombres han hecho de su ejercicio gubernamental una manera de vivir al margen de la legalidad construyendo un sistema paralelo de “gobierno” criminal que se amamanta de los recursos generados por millones de ciudadanos en su beneficio personal.
Las prácticas huachicoleras sólo son una cara más que muestra lo erosionada que se encuentra la realidad de nuestro país; lo endeble del Estado de derecho; y lo fortalecido de las redes criminales que han crecido al amparo del poder y desde el poder. No se trata solo de combatir el robo de combustible en cualquiera de sus múltiples modalidades, se impone sacudir los cimientos que sostienen el andamiaje de corrupción que cotidianamente mina los muros de la nación y la mantiene en vilo al paso del tiempo.
@contodoytriques