La corrupción es un tema que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), y actualmente sigue causando polémica debido a la investigación y la agenda en su contra ejercida por Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, desde que inició su administración.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha resultado de gran importancia en el tema ya que dejó abierta la posibilidad para que se lleve a cabo la investigación en contra de EPN y Luis Videgaray; ex secretario de Hacienda.
“No somos tapadera de nadie” dijo en una entrevista con El País. Señaló: “los casos donde se encuentre un vínculo se tienen que investigar”, aunque por ahora no han encontrado conexiones entre EPN y los miembros de su gabinete.
“Pero necesitamos seguir. La corrupción era una forma de hacer política en el grupo mexiquense”, comentó sobre los movimientos inusuales en las cuentas de algunos como Emilio Lozoya, Luis Miranda y Gerardo Ruiz Esparza.
Con respecto a Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue sobornado con cantidades de entre 10 y 14 millones de dólares relacionadas al caso Odebrecth, Nieto informó que han hecho cuatro denuncias por defraudación fiscal, peculado, cohecho y lavado de dinero en contra suya, de su esposa y su entorno.
“Hemos encontrado transferencias hacia las cuentas. Primero de Zacapan S.A. y de Latin American Asia Capital Holding. Después, cuando se cierran, todos los recursos se trasladan a Tochos Holding Limited, la empresa de Lozoya constituida en Suiza. Ésta es la que distribuye el recurso a su hermana y a su madre. (…) En realidad, son USD 16 millones que tienen que ver con varias empresas de Odebrecht, todas terminan haciendo transferencias a Panamá, Islas Vírgenes, Mónaco”.
Añadió que lo más relevante del caso es que el Código de Procedimientos Penales contiene un criterio de oportunidad con el que una persona que esté en proceso penal puede brindar información sobre si algún superior suyo le ordenó llevar a cabo el acto de corrupción, con lo que “sólo nos quedan Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero eso dependerá de la decisión que tome la Fiscalía y si él daría información”.
Otro caso en el que el ex presidente se vio involucrado ocurrió hace unas semanas. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó rastrear sus cuentas y movimientos financieros, así como los de su ex esposa Angélica Rivera y de sus hijos en al menos 50 instituciones financieras nacionales y extranjeras.
Dicha solicitud fue elaborada desde el 26 de marzo por la titular de la secretaría Irma Eréndira Sandoval, y recibida por Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 14 de abril. El documento dice que Sandoval está investigando la evolución patrimonial de EPN.
Sobre Luis Miranda, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), expresó que“encarna la corrupción del sexenio anterior”, además de estar implicado en el regalo de 40 inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y estar relacionado con el grupo Antorcha Campesina; extensión electoral del PRI en varios estados, así como el huachicol.
Acerca de las investigaciones en contra de Gerardo Ruiz Esparza; fallecido ex secretario de Comunicaciones y Transportes, confirmó que continúan a partir de sus familiares y colaboradores cercanos, y corresponden al tren a Toluca y el agujero en una carretera de Morelos donde dos personas fallecieron.
La UIF surgió durante la administración de Vicente Fox, y ha participado en la investigación llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos acerca del secretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
“Cuarto, los 2,600 millones de pesos que la secretaría de Gobernación de Peña Nieto da a Nunvav. Los 31 millones que dan a Black por una consultoría de la Fiscalía antisecuestro de Ciudad de México y después cómo desde Panamá se pagaba el esquema que permitía el nivel de vida de García Luna en Miami”.
Además, Nieto comenzó a investigar la participación de Odebrecht en la campaña presidencial de EPN durante el sexenio de este, por lo que fue destituido. Actualmente ha realizado procesos relacionados con personas cercanas a López Obrador.
El más reciente es de las compras públicas de ventiladores para pacientes graves por Covid-19 hechas por instituciones médicas a sobre precio a la empresa del hijo de Manuel Bartlett. “La SFP ya nos pidió información. Estamos investigando. Lo que el presidente nos ha pedido es muy claro: no podemos tolerar un caso de corrupción”.
Con información de Infobae
