Este miércoles 10 de noviembre participo junto con mi compañera Sandy Guadalupe Torrez Chávez, quien es una de las coordinadoras de Cladem en Jalisco, en un evento muy importante a nivel regional en América Latina y el Caribe. Formamos parte del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT) Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (FPALCDS). migrante
Presentamos una ponencia sobre la niñez migrante y el derecho a la educación. La migración es un fenómeno social que ha estado presente desde los inicios de la humanidad; sin embargo, en la última década podemos ver claramente el incremento de ésta, pues fue del 3.1% de la totalidad de la población en 2010, con un aproximado de 221 millones de personas, al 3.6% en 2020, con un aproximado de 281 millones de personas migrantes internacionales, sin contar a las personas en desplazamiento y movimiento interno.
El derecho a migrar es humano, igual que el derecho a la educación, por lo que los gobiernos están obligados a proveer enseñanza pública a toda la niñez migrante, independientemente de su calidad o estatus migratorio. La movilidad constante de las familias en busca de una vida digna y la falta de adecuación de los sistemas de educación gubernamentales, impiden el acceso a la educación y el desarrollo propio de la niñez, afectando directamente su futuro.
Sin duda alguna y debido a la pandemia, esta problemática se vio severamente afectada e incrementó las vulnerabilidades de la niñez migrante en el 2020. Los graves efectos de la crisis económica desencadenada por la pandemia, con su secuela de despidos masivos, desempleo creciente, retrocesos en las políticas sociales, desmantelamiento progresivo de los Estados de bienestar, además de no contar con un sistema apto para afrontar las nuevas adversidades creadas por la pandemia misma, como la falta de educación debido a la brecha digital que existe en ciertos países, han contribuido a despertar en las sociedades sentimientos y acciones de rechazo hacia la población migrante, que se ve vulnerada en sus derechos más fundamentales. En este sentido, es importante resaltar el papel fundamental que puede tener la educación pública, desde una perspectiva de derechos humanos, que responda a las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y que reconozca las diversidades, promueva la ciudadanía, la realización de los derechos humanos y la superación de todas las formas de discriminación.
De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la violencia, la pobreza y el acceso limitado a servicios sociales y a una educación de calidad afectan la vida de niñas, niños y adolescentes de Latinoamérica, en particular de México y algunos países de Centroamérica. Esto obliga a las familias a tomar la difícil decisión de dejar sus países, sus vidas, sus sueños y sus seres queridos atrás.
La niñez migrante corre el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto; de padecer enfermedades por no tener acceso a servicios de salud; de ser explotadas y explotados por el crimen organizado, de ser detenidos y deportados a los lugares de donde se va huyendo por la violencia, además de sufrir otros tipos de violencia y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan, como por ejemplo las violaciones sexuales, los embarazos forzados, la venta y prostitución de niñas migrantes, todas estas situaciones tienen graves consecuencias para su salud mental y su bienestar.
Los niños, niñas y adolescentes son personas antes de ser migrantes, son sujetos de derechos y deben ser reconocidos y respetados como tal.
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