Debate Abierto

Criterios

Durante los últimos días se han difundido tres tipos de información que aparentemente no tienen una conexión entre sí:

• El decreto presidencial que elimina la facultad del ejecutivo para condonar el pago de impuestos a grandes contribuyentes.
• El informe del Centro de Estudios Espinosa Iglesias (CEEY) que revela la enorme desigualdad que existe entre los mexicanos para salir de la pobreza.
• La lista de periodistas y medios de comunicación que recibieron recursos del gobierno por pago de publicidad oficial.

Las tres noticias ponen de manifiesto algunos efectos del modelo económico y político que durante muchos años ha prevalecido en México: una economía de compadres, cuyos vínculos entre gobierno y grandes empresarios, incluidos los del ramo de la comunicación, provocaron una enorme desigualdad y pobreza que se ha heredado por generaciones.

El pasado 20 de mayo, el presidente López Obrador informó que en los últimos dos sexenios se condonaron impuestos por más de 400 mil millones de pesos a 170 empresas/personas físicas que forman parte del padrón de grandes contribuyentes. Explicó que 52 de esas empresas ya se ampararon para evitar que el gobierno revele sus nombres y el monto de impuestos perdonados durante las pasadas administraciones.

La asociación civil Fundar, que durante años ha realizado investigación independiente sobre gasto en publicidad y condonaciones fiscales a grandes empresas en México,  publicó ese mismo día que la cifra que había difundido el Sistema de Administración Tributaria (SAT) era imprecisa: realmente en los gobierno de Calderón y Peña Nieto, el gobierno condonó 628.9 miles de millones de pesos.

El Centro de Estudios Espinosa Iglesias publicó el Informe Movilidad Social en México 2019: hacia la igualdad regional de oportunidades, revelando una enorme desigualdad de los mexicanos para salir de la pobreza. A nivel nacional la movilidad social es baja, 76 de cada 100 personas que nacen en las familias más pobres no logran superar su condición de pobreza. A nivel regional igual hay enormes diferencias; en los estados del sur del país, 86 de cada cien mexicanos nacidos en los hogares más pobres no logran superar la condición de pobreza, mientras que la población de los estados del norte esta proporción es de 54 por cada 100.

Apenas el pasado 23 de mayo se filtró al diario Reforma la lista de periodistas y medios de comunicación que recibieron dinero del gobierno federal entre 2013 y 2018, es decir durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La lista parcial muestra que en total el gobierno repartió un poco más de mil millones de pesos a comunicadores.

El listado lo encabezan Joaquín López Dóriga, quien recibió poco más de 251 millones de pesos; Federico Arreola con 153 millones de pesos; el historiador Enrique Krauze (Clío y Letras Libres) con 144 millones de pesos. Y aunque parece mucho dinero, estos recursos apenas representan 1% de todo el dinero gastado durante el año 2017, el penúltimo de Peña Nieto que erogó en gasto de publicidad, 11 mil 240 millones de pesos.

La práctica del denominado “chayote” a periodistas y medios de comunicación y la condonación de impuestos a grandes empresarios ha sido una constante durante los gobiernos del PRI y del PAN, uno de los efectos más negativos es que ambas tienden a concentrar el poder económico y político en unas cuantas familias de empresarios y de periodistas cuyos artículos mueven la opinión pública, casi siempre para mantener el estatus quo.

Durante esta semana, estas dos noticias generaron polémicas, pero mientras que la medida para no condonar más impuestos fue aplaudida, seguramente con hipocresía, por los grandes empresarios de México, la publicación de la lista de periodistas “chayoteros” avivó la pugna entre el presidente López Obrador y las plumas más visibles de los articulistas en los principales medios de comunicación.

Esta pugna se mueve entre dos argumentos principales: el que plantea que la exhibición de la lista es un “atentado” más a la libertad de expresión y signos del nuevo “autoritarismos” que impulsa López Obrador y el que lo percibe como un derecho a la información.

Los mexicanos tenemos derecho a saber cuántos, a quiénes y porqué el gobierno federal entregó recursos públicos que se pudieron usar para fines socialmente más benéficos.

La práctica de usar dinero público para favorecer al sector privado, aunque no es la única causa, sí es una de las que más han contribuido a concentrar la riqueza en México. En un estudio previo, Oxfan México publicó en junio de 2015 el Informe desigualdad Extrema en México: Concentración del Poder Económico y Político, esta investigación fue conducida por el economista Gerardo Esquivel, actual vicepresidente del Banco de México. Algunos de sus principales resultado son: México está en los 25 primeros países con mayores niveles de desigualdad en el mundo; en 2015 el 10% de la población más rica concentraba 64% de toda la riqueza de México. El número de millonarios en México no ha aumentado, en el año 1996 eran tan sólo 16, ese año concentraban 25 mil 600 millones de dólares de riqueza, para el año 2015 era ya de 142 mil 900 millones de dólares.

El documento concluye que los grandes empresarios en México han acumulado sus fortunas en sectores privados concesionados, poco regulados o con privilegios fiscales. En México la política fiscal no es progresiva, al contrario, al gravar más el consumo que el ingreso, las familias pobres acaban contribuyendo más que las familias ricas.

Estas condiciones económicas prevalecientes en México son las que han hecho difícil, casi imposible a millones de familias mexicanas salir de la pobreza. Así, la pobreza se hereda de generación en generación. Por ello, el estudio publicado por el CEEY recomienda que el Estado mexicano priorice su acción en ampliar e igualar las oportunidades de las personas para lograr mayor movilidad social. En ese sentido, asevera la publicación, se requiere una serie de mecanismos de acción pública con cobertura universal e igual calidad para todos los mexicanos en los ámbitos de educación, salud, trabajo y protección social, partiendo de una reforma a la Hacienda Pública que garantice su financiamiento y sostenibilidad de generación en generación. Por último, reconoce que todo lo anterior debe incorporar un enfoque territorial y regional.

Ahora la pregunta es si López Obrador terminará con ese vínculo perverso entre el poder presidencial y el poder económico; el presidente ha  repetido que en este gobierno no sólo se presenta un cambio de gobierno, sino de régimen político. Anunció desde la toma de posesión que su política buscará separar al poder económico del poder político.

La cancelación de la condonación de impuestos y los “apoyos” a periodistas son un buen inicio, pero será incompleto si al mismo tiempo no se cierra la pinza por el lado de la atención a la salud y a la educación. La renuncia/denuncia de Germán Martínez al IMSS no es una buena señal de la necesaria transformación que le urge al sistema de salud pública de México; al tiempo, veremos qué pasa en el futuro cercano.