Elemental
Criterios
Los hechos recientes en los que es manifiesto que los gobiernos han perdido el control de la seguridad pública, nos retrotraen a épocas en que el afán de mantener el control en un enfermizo concepto de Razón de Estado, los funcionarios que dirigían la administración pública, perseguían una desvirtuada idea de administrar la delincuencia. Lo que los llevaba al final a desmantelar un grupo mediante el fortalecimiento de otro, con el que finalmente se convertía en una alianza de complicidades, mantenida bajo la protección policial.
Los fenómenos cíclicos acompañan los cambios de gobierno, en los que de manera recurrente un grupo acaba por ser desmantelado para fortalecer otro, con el que invariablemente negocian funcionarios y dirigentes de corporaciones, en una pérdida total de escrúpulos, que mucho envidiaría el creador del concepto del Estado.
Ha sido lugar común que cuando un gobierno pierde el control de los hechos delincuenciales, de manera predominante los violentos, crea un grupo paramilitar que actúa al margen del Derecho, para desmantelar los que están fuera de control. Esto ha llevado a los gobiernos a repetir un fenómeno hasta convertirlo en recurrente: crear un monstruo para destruir el otro.
El asunto es que se convierte en un círculo vicioso, en el que el nuevo gobierno, por razones de control, para amainar la presión social y por intereses aviesos, fortalece un grupo del que mantiene el control o cuando menos, mantiene una relación de complicidad. Podemos incluso diferenciar entre las estrategias del PRI que establecían que el Estado estaba por encima de todo. Bajo ese paraguas actuaban todos los intereses, desde el ingenuo de considerarlo como una manera de mantener la tranquilidad, hasta quienes lo utilizaban para apoderarse de las decisiones del propio Estado en su beneficio. De esa manera los grupos delincuenciales dependían del gobierno, en especial de sus corporaciones de seguridad y de procuración de justicia.
Los gobiernos del PAN por su parte simple y sencillamente hicieron acuerdos con los grupos, para mantener cierta apariencia de tranquilidad y en los que se establecían los límites de la violencia. Esto se aprecia incluso en lo que pudiera ser el régimen de transición de Ernesto Zedillo, en el que algunos medios registraron negociaciones con los grupos, mediante la intervención de militares y funcionarios cercanos al propio presidente de la República. Los comentarios de la época atribuyeron esa sesión de poder del Estado a los grupos de delincuentes, a la evidente debilidad y torpeza de un gobierno improvisado, como el de Ernesto Zedillo.
Así se pasó con la mayor tranquilidad de administrar la delincuencia y por lo tanto la violencia, a negociar con los grupos de delincuentes, otorgándoles el estatus de interlocutores del Estado, más allá de cualquier principio ético y político, con total irresponsabilidad legal e histórica, reprobable en todos sentidos.
Acción Nacional no tuvo empacho en llevar dichas prácticas, que además enriquecían la egolatría que les generaba el poder, a dos gobiernos irresponsables, pusilánimes y superficiales, alimentada de la ilegalidad violatoria del Estado de Derecho, de los organismos policíacos y militares.
En un caso reciente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el Cerro del Cuatro, aparecen de nuevo indicios de esas prácticas degradantes que creíamos superadas, en el que los organismos policiales actúan como los peores criminales. Algunos medios registraron la desaparición de varias personas y en el caso de tres de ellas, su familiar Lázaro Sánchez Padilla, sospecha que fueron elementos de la Fiscalía quienes se los llevaron el 13 de marzo.
Nos dice Lázaro: “Porque a los dos días de la desaparición (15 de marzo) llegaron elementos de la Fiscalía a casa de mi hermana (…) que se acababa de cambiar, y no sabíamos dónde vivía, el único que sabía era mi hermano (Eligio)…. y mi hijo…..” (ambos desaparecidos). En el ingreso de la finca dejaron una calcomanía en que se lee “Clausurado”, de fondo aparecen logotipos del escudo de armas del estado, junto con las palabras Fiscalía General del Estado. ¿De qué otra manera pudieron enterarse de ese domicilio, sino por boca de los familiares desaparecidos?
La ausencia del Estado de Derecho que se empieza a perfilar en Jalisco y en el propio país, se percibe desde el nombramiento de los funcionarios y la enunciación de las políticas de seguridad pública. La falta de capacidad de quienes ejercen la función, como la indiferencia que muestran quienes dirigen los gobiernos, con decisiones triviales y de ocurrencia, confirman desgraciadamente los temores de continuar con gobiernos manipuladores y sin interés, de fortalecer un sistema de seguridad pública, que soporte el Estado de Derecho, con ética política y conducta moral, fundadas en acciones legales, propias de una sociedad civilizada y democrática.
Regresar a prácticas que creíamos superadas, de escuadrones que secuestran, asesinan y desaparecen personas, no es otra cosa que actos de barbarie, realizados bajo el pretexto de enfrentar la violencia de los grupos de la delincuencia. Células construidas con los peores delincuentes, que operan bajo la sombra de las corporaciones policíacas y que demuestran la incapacidad de los gobiernos, de resolver el grave problema de la inseguridad. Complicidad en la que personajes sin escrúpulos, enfermos de sadismo, realizan los peores actos, que nos denigran como sociedad que busca la armonía y la tranquilidad, como forma de convivencia, en tanto que gobiernos incompetentes e irresponsables, propician deliberadamente lo contrario .