Guadalajara, Jalisco.- En un escenario marcado por la creciente indignación social y la exigencia ciudadana de agua potable, los gobiernos de Jalisco y de Guadalajara han optado por la política del “avestruz”; esconder la cabeza tras la tormenta, afirmó la presidenta del PRI en la entidad, Laura Haro Ramírez.
Tras el violento precedente del pasado 11 de octubre, donde la fuerza pública reprimió a manifestantes que exigían agua limpia y de calidad, la respuesta de las autoridades dio un viraje radical en las protestas del 18 de octubre, pasando del abuso de autoridad a una absoluta inacción, “los gobiernos de Jalisco y de Guadalajara están con la política del avestruz”.
El pasado domingo, más de 10,000 personas tomaron las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en una manifestación legítima y justa para defender el derecho humano al agua. Sin embargo, la jornada se vio empañada por la presencia de grupos infiltrados y actos vandálicos que atentaron contra el patrimonio cultural de la ciudad, comercios locales y la integridad física de las y los asistentes.
Narró que frente a horas de destrozos e incitaciones a la violencia, la respuesta gubernamental se tradujo en una “ausencia absoluta” de las fuerzas del orden. La falta de reacción oportuna obligó a los propios contingentes ciudadanos a frenar su marcha para salvaguardar a familias, niños y adultos mayores ante el evidente abandono del Estado.
“Hoy lo que nos lleva a reflexionar ante estos excesos y ante esto que es absolutamente opuesto, es que el Estado jalisciense y las autoridades no tienen estrategia”, dijo.
Infiltrados sin rostro y la falta de respuestas
Hasta el momento, la narrativa oficial se ha limitado a señalar que la violencia fue generada por “grupos infiltrados” provenientes de otras entidades o facciones políticas contrarias a Movimiento Ciudadano (MC). No obstante, la autoridad no ha ofrecido explicaciones claras ni pruebas concluyentes sobre la identidad, procedencia o autoría intelectual de estos grupos.
Afirmó que esta falta de transparencia e inteligencia gubernamental deja en el aire interrogantes fundamentales, ¿dónde estuvo la capacidad de prevención del Estado? La omisión y la opacidad en las investigaciones no solo alimentan la incertidumbre, sino que minan el Estado de derecho al dejar desprotegida a la población y sin castigo a quienes vulneran el orden público.
“Los gobiernos no pueden abrirle la puerta a los delincuentes, los gobiernos no pueden abrirle la puerta de la casa de las y de los jaliscienses a una bola de delincuentes, eso no puede ser”, aseveró.
El futuro electoral de MC
El manejo gubernamental de esta doble crisis, tanto hídrica como de seguridad y derechos humanos, está dejando un profundo costo político. La incapacidad para garantizar servicios tan elementales como el abasto de agua potable, sumada al desinterés por proteger las manifestaciones pacíficas y la libertad de expresión, ha generado un descontento social sin precedentes, particularmente en la ZMG.
Hace unos días, también en conferencia de prensa, pronosticó que después de los hechos de la represión del 11 de octubre MC, perdería Guadalajara en las elecciones de 2027, hoy no duda que ese organismo político pierda en toda la ZMG.
