Asistimos como testigos pasivos a procesos complejos y de alta dificultad en el país, en la búsqueda de una salida a la crisis financiera en que nos encontramos, al tiempo que resolvemos o intentamos resolver fenómenos y cuestionamientos largamente aplazados.

En una solución tomada por la mayoría de los electores, caminamos rumbo a cambios condimentados con una alta dosis de rabia e inestabilidad económica, con una generación que llegó a los gobiernos con un grado de degradación moral imposible de medir, alimentada por el afán de acumulación de riqueza.

Hemos sido arrastrados por complejos atávicos, multiplicados por los mal llamados líderes de los gobiernos. La actualidad ha hecho más profunda la brecha entre el afán de acumulación y la solidaridad humana. Lo que nos ha llevado en una carrera enfermiza a la depredación, en que las víctimas son los recursos naturales y las personas.

La balanza de las ideologías no solamente se mueve en función de los conceptos individualidad y colectivismo, como lo muestran  los regímenes totalitarios. Como subgéneros encontramos entre otros, la obsesión de acumular riqueza utilizando las administraciones públicas.

No existen mecanismos reales para frenar el abuso de poder y la perversión en el uso y utilización de los recursos públicos, porque ante lo que equivale a un bacanal, los gobiernos de cada momento dejan un desastre de los bienes públicos, en edificios en ruinas.

Aun a pesar de resistencias axiológicas no podemos dejar de pensar que nuestra sociedad vive una pérdida de valores o cultura de antivalores. ¿De qué otra manera explicaríamos que a pesar de los cambios de partidos en los gobiernos, se camina en la misma ruta? ¿Cómo explicar que un partido que se formó bajo los principios cristianos y caminó por la participación política testimonial, acabara superando la depravación de los gobiernos herederos de la revolución?

¿Cómo entender que los herederos de una izquierda que sufrió persecución, cárcel, tortura y muerte, acabó metida en el festín del reparto de bienes públicos, convirtiéndose en emblema de los peores vicios del ser humano?

¿Cómo describir racionalmente el proceso por el que pasaron los últimos gobiernos del país, hasta la manipulación de enormes obras y las llamadas reformas estructurales, para convertirlas en botín de los depredadores capitales internacionales? ¿Y cómo fue que los funcionarios acabaron de socios de esos enormes negocios?

En el mismo cuestionamiento podemos englobar la actuación de los últimos gobiernos de Jalisco, en los que se planeó la obra pública y las grandes obras hidráulicas para beneficiar a quienes hacen negocios de las obras inmobiliarias y el desarrollo urbano.

Con un crecimiento desmedido, anárquico y enfermizo de la zona metropolitana de Guadalajara, participan con especial entusiasmo funcionarios de todos los partidos. Las carencias y las necesidades de los ciudadanos es lo último que se toma en cuenta en la toma de decisiones, en tanto obtienen cantidades obscenas. Poco les importa deteriorar la forma de vida de millones de personas en vivienda y  transporte público, y la mayor de las aberraciones en la seguridad de las personas y las familias.

Ante la destrucción de carreteras y caminos, el abandono de servicio públicos, la seguridad pública en ruinas, el enorme daño a los recursos naturales y a la salud de las personas, el gobierno de Jalisco pretende ante la irritación social, endeudar más al estado. Irritación que se genera no solamente por una deuda de más de cinco mil millones de pesos a largo y mediano plazo, con el pago de enormes cantidades de intereses, sino la pérdida de confianza en quienes habrán de administrar los recursos y la desagradable sensación de que al final las cosas seguirán mal y los servicios públicos abandonados.

Cómo es posible explicar la depredación de los gobiernos de Acción Nacional y el último del PRI en renglones tan sensibles como la educación, la salud, la seguridad de quienes pierden las fuerzas para trabajar. Solamente en el del PRI dos funcionarios derrocharon más de 10 mil millones de pesos. Ahora el gobierno de Movimiento Ciudadano, que evidente que abusó de los recursos en los municipios que ha administrado, pretende comprometer las finanzas en otro enorme adeudo.

¿Cómo aceptar administraciones municipales que han depredado los recursos que se les han asignado, en obras que benefician intereses individuales, en los que invariablemente están involucrados los propios funcionarios?

La dimensión del atraco es imposible de dimensionar, basta señalar como ejemplo que la anterior administración de Tlajomulco de Zuñiga, nada más en porcentajes de obras obtenidas por el titular en 2017, sus compañeros regidores lo valoraban en más de 300 millones de pesos, sin contar desde luego la intermediación en la compraventa de terrenos para construir desarrollos inmobiliarios, lo que depredaron con el robo de gasolina y los pagos ilegales en la autorización de negocios particulares, como gasolineras y centros comerciales.

El colmo de la pasada administración de Tlajomulco, fue tener una nómina ficticia en la dirección de educación, con más de doscientos nombres, misma que fluía a los bolsillos de personajes conocidos de Movimiento Ciudadano. Tampoco deben desdeñarse las declaraciones del director de seguridad pública, que presumía apoyar la campaña al municipio con dinero de origen oscuro.

El desánimo que genera sentirnos atrapados entre los intereses malsanos de quienes administran el Estado y los municipios, es imposible de superar. Nos queda la desagradable sensación de estar hundidos en un pantano.

Y la pregunta sería: ¿Nos merecemos esto?

 

 

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