La pugna por el poder judicial

Juan M. Negrete

A Felipe Cobián Rosales, nuestro director,

Premio nacional de periodismo 2922, por su trayectoria.

Se dicen demasiados embelecos a la hora de disertar en los concursos políticos. Lo vemos aquí y fuera de casa. Por ejemplo, el señor Biden, quien trabaja de presidente gringo, comparó al grupo palestino Hamas con Rusia. Dijo que ambas instancias son agresoras, son enemigas de la democracia.

Si ponemos atención a estas borucas, tomando en serio lo mostrado arriba, tendríamos que aceptar que tanto Ucrania como Israel son regímenes políticos impolutos, lo que se encierra con el calificativo de democrático. Pero si confrontamos su contenido con los hechos fácticos, se sabe que el régimen actual de Ucrania proviene de un golpe de estado asestado el 2014 al anterior que era prorruso. Del poder en Israel, casi mejor ni abrir la boca. ¿Netanyahu encabeza el liderazgo de una democracia? ¡Por favor, seamos serios!

Pero quedémonos en casa. Esta semana llegó finalmente al congreso de la unión la discusión en torno al presupuesto del año que viene. Es una atribución, según está establecido en nuestras normas constitucionales, propia del poder legislativo. De ahí tiene que salir el dictamen de los dineros que operará el año próximo. No se trata de reformas a la constitución o de otros pasos legales complicados. Basta con la aprobación mayoritaria para darle curso y todos contentos. Aunque no tanto. Veamos.

Lo más álgido de la disputa por el presupuesto a aprobar, según se ve, vino a ser lo referente a los dineros del poder judicial. La suprema corta elevó en su petición una suma que, vista con los ojos de los simples mortales que somos todos los paisanos de a pie, es una exageración. La suma de 85 mil millones de pesos nos resulta estratosférica, pues no se atiene a los patrones comunes que manejamos todos los días, así se nos anden quemando las habas. Ochenta y cinco mil millones nos quedan simplemente más allá del arcoíris. Pero, bueno, así son tales andanzas.

Dentro de la expectativa del tesoro de Alí Babá, con tales cifras se garantizaría el funcionamiento de catorce fideicomisos operativos para la tal suprema corta. Mas en el contenido de la iniciativa, que discutirían los señores legisladores, se propuso darle palo a trece de estos catorce fideicomisos. Es decir, eliminarlos a todos menos a uno. Y se dijo también que esta eliminación implicaba el ahorro de quince mil millones de pesos. Por supuesto que los señores ministros y magistrados de la corta pusieron el grito en el cielo.

El pleito abrió de capa a las dos partes involucradas. Los señores togados, que siempre andan con sus capas a todo lo que dan, montaron en cólera reclamando que su independencia y autonomía estaban siendo laceradas. Y así es como nos hemos venido enterando todos los de a pie que estos angelitos justicieros se llevan al bolsillo, por su impoluto trabajo desde luego, cantidades que superan hasta el medio millón de pesos mensuales.

Los defensores de la iniciativa nos hicieron saber que la eliminación de los tales fideicomisos no afectaría los derechos laborales de la gran mayoría de empleados del poder judicial. Según se filtran cifras, estos trabajadores componen un universo como de 55 mil personas. Se les hizo saber ya de muchos modos que la medida no les afectaría en sus percepciones laborales, ni tampoco en sus prestaciones. Que el mazazo está dirigido a eliminar las prebendas y canonjías de los señores togados nada más. Y como es escándalo que clama al cielo, pues habría que ponerle ya un freno.

Para que la medida prospere, igual que también para ser desechada, tenía que dar tres pasos clave. El primero era que la mayoría simple de los diputados la aprobara. Este paso ya fue dado. Pasó entonces la primera prueba. El segundo paso viene a ser su aprobación por los señores senadores. En esta instancia quiso el grupo opositor, definido como defensor de los togados, meterlo al laberinto de la discusión en comisiones, donde suelen entramparse los procesos. Tampoco pudieron. La mayoría morena les ganó la partida y ya va en línea recta a su discusión en el pleno, donde se vislumbra que se aprobará la tal iniciativa.

El tercer paso viene a ser la mera confirmación de los dos anteriores. Volverá al congreso para la ratificación de los disputados. Depende de cómo la aprueben los senadores. Si le meten mano y le hacen algunos cambios, estas modificaciones se tienen que integrar a la iniciativa y luego ya darle el curso legal correspondiente. Y si no le modifican nada, pues se las devuelven para su ratificación y se acabó el corrido. Tras estos pasos, se publica en el diario oficial de la federación y entra en vigor. Pues así andan las cosas.

Lo extraño de todo este enredo es que los señores togados, que van a ser los afectados si es que se les voltea el chirrión por el palito, no han salido a la calle a que les dé el sol tan siquiera. Porque hay manifestaciones callejeras que se proclaman opuestas a la desaparición de los tales dineros. Los que andan en la calle son sus trabajadores, sus empleados, a los que no les va a afectar. O sea que otra vez estamos parados ante comedias de equívocos, como siempre que ventilamos asuntos políticos, en los que ningunas partes fueron buenas. Ya veremos cómo se desenreda toda esta boruca.