Puntos y Contrapuntos

Criterios

En la vida pública del país hay un pecado capital tan grave como la corrupción y la impunidad: la simulación, que erosiona la confianza de la gente, pudre las instituciones y hunde en el descrédito a los políticos.

Mucho habrían de cuidarse los gobiernos de Enrique Alfaro Ramírez, en Jalisco, y de Andrés Manuel López Obrador, en la República, de no dramatizar de más en asuntos en los que estarían obligados a intervenir, para investigar, documentar y poner a consideración del Poder Judicial, presumibles actos delictivos que habrían causado quebranto al patrimonio de los mexicanos.

La vociferación exagerada, aderezada con flamígeras declaraciones de que no se permitirán corruptelas, abusos e impunidad en casos de flagrantes violaciones a las leyes, no tendrá sustento alguno en tanto no se traduzca en hechos concretos, que corroboren la certeza de una voluntad política firme, honrada y valiente, que investigue profesionalmente presumibles irregularidades y delitos que en diversas circunstancias los medios de comunicación han documentado.

Cuando Alfaro Ramírez llegó a la alcaldía de Guadalajara en el 2015, prometió que metería a la cárcel a todos quienes hubieran incurrido en corruptelas durante la administración priista de Ramiro Hernández García (2012-2015). No pasó nada. Ahora exhibe, por lo menos en términos declarativos, el mismo brío contra la recién concluida administración estatal del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018) y anuncia una impoluta refundación de Jalisco.

El presidente López Obrador prometió durante sus tres más recientes campañas presidenciales, 2006, 2012 y 2018, que combatiría a fondo la corrupción.

Ahora, contra el ánimo generalizado de la población, incluyendo a sus mismos seguidores, propone una amnistía general, en la cual habría borrón y cuenta nueva, asumiendo que la historia pura y limpia de un servicio público honrado, pulcro y casi misionero, tendría que empezar con él y con sus colaboradores, en la Cuarta Transformación de la República.

Más allá de los enconos, la mayoría de los mexicanos exige justicia, para que los bribones y sinvergüenzas paguen con cárcel sus delitos y que además les sean confiscados los bienes públicos de los cuales se apoderaron.

Ni perdón, ni olvido, justicia a secas, justicia plena, vigencia verdadera del Estado de Derecho, es lo que pide la gente.

El camino a los infiernos está tapizado de buenas intenciones y de simulaciones muy graves, que ofenden y agravian la inteligencia de la gente, además de erosionar profundamente la confianza que debería lubricar la relación entre la sociedad y quienes tienen responsabilidades de gobierno.

 

Tareas de AMLO

1.- La dudosa transacción que permitió la entrega de la Casa Blanca de Las Lomas a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto -una propiedad valuada en 7 millones de dólares-, en condiciones muy favorables, como una cortesía de Grupo Higa, la empresa, consentida con adjudicaciones directas y discrecionales de contratos tanto en el gobierno del Estado de México como desde la Presidencia de la República, asunto investigado y denunciado por periodistas del portal digital Aristegui Noticias el 9 de noviembre del 2014.

2.- La Estafa Maestra, documentada por reporteros del portal Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) -publicada el 5 de septiembre del 2017-, en la cual el gobierno federal, a través de 11 dependencias de la administración pública, entre 2013 y 2014 desvió 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales. De este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. En esa transacción participaron por lo menos 8 universidades públicas.

3.- Los sobornos de la compañía brasileña Odebrecht, que presumiblemente pagó 8 millones de dólares a dos empresas vinculadas con Emilio Lozoya Austin, quien coordinó las relaciones internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012 y después llegó a la dirección general de Petróleos Mexicanos, donde habría estado en posibilidad de corresponder por los favores recibidos, a través de discrecionales adjudicaciones directas de contratos para obras públicas.

4.- El 9 de mayo del 2016 la revista Proceso publicó el caso de los Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que coordinó la investigación global, liberó información sobre cientos de miles de compañías, clientes e intermediarios que crearon entidades offshore con el despacho panameño Mossack Fonseca con la presumible intención de evadir impuestos y esconder capitales de origen dudoso. Estas entidades offshore están registradas en el extranjero, en un país en el que no realizan ninguna actividad económica, donde disfrutan de protección de activos, confidencialidad, privacidad y muchas ventajas fiscales.

En esta base de datos, abierta al público, aparecen los nombres de 289 mexicanos, 68 entidades offshore y 38 despachos que sirvieron de intermediarios entre mexicanos adinerados y Mossack Fonseca. Desde el lanzamiento global de Panama Papers, el 3 de abril, Proceso sacó a la luz las entidades y estructuras offshore que beneficiaron a alrededor de 70 mexicanos.

5.- El descomunal saqueo a Pemex a través de robo de combustible, que transitó en un clima de impunidad entre las administraciones de Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). El pasado jueves 27 de diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrados informó que en 2017 Pemex tuvo pérdidas por 60,000 millones de pesos y fueron robadas más de 600 pipas con 15,000 litros de combustible cada una al día. De acuerdo con datos de Pemex, entre el 2016 y el 2018, se registraron pérdidas por 147,200 millones de pesos.

 

Tareas de Alfaro

1.- El periódico Mural, de Grupo Reforma en Guadalajara, publicó el martes 17 de septiembre de 2013 que luego de revisar las cuentas públicas del gobierno panista de Emilio González Márquez, de 2007 a 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el Ejecutivo estatal debería reintegrar a las arcas públicas más de 8 mil 200 millones de pesos que se gastaron de forma irregular.

2.- El jueves 17 de octubre de 2013 el contralor de Jalisco, Juan José Bañuelos Guardado, informó que la dependencia a su cargo había detectado un probable daño patrimonial a Jalisco por más de 7 mil 573 millones de pesos en el último año del gobierno del panista González Márquez, por lo que preparaba al menos 10 denuncias.

Mural publicó el domingo 28 de octubre del 2018: “En este sexenio, el combate a la corrupción sigue estéril. Según información de la Contraloría del Estado, de las 22 denuncias presentadas ante la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada Anticorrupción, sólo una ha derivado en sentencia o sanción”. De esas denuncias 12 fueron presentadas por Bañuelos Guardado (contralor 2013-2016) y las otras 10 por Teresa Brito Serrano, quien le relevó en abril de 2016 y repite en la Contraloría de Jalisco con el gobernador de Movimiento Ciudadano, Alfaro Ramírez, quien tomó posesión el pasado jueves 6 de diciembre del 2018.

3.- Las muy riesgosas y presumiblemente irregulares inversiones que el gobierno hizo en los más recientes 12 años. Por ejemplo, la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público de Jalisco (Iprovipe) realizó una inversión de 587 millones de pesos en la construcción de la Villa Panamericana 2011 -durante el gobierno del panista González Márquez-, que según estimaciones del Gobierno Estatal tuvo un costo final de mil 452 millones de pesos. Esa inversión está en riesgo porque los departamentos de la Villa Panamericana 2011 no pueden ser comercializados debido a que se construyeron en condiciones irregulares, con la participación de la promotora privada Grupo Corey que aportó 350 millones de pesos.

4.- Las riesgosas inversiones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal). El Ipejal también invirtió en la Villa Panamericana: 515 millones de pesos. Habría que sumar los 89 millones de dólares que IPEJAL aportó para el proyecto turístico de Chalacatepec en la costa de Jalisco, que ascendería a 1 mil 780 millones de pesos, a un tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar. Ese proyecto sigue en suspenso. El 10 de mayo de 2016 Mural publicó que el Ipejal habría invertido otros 604 millones de pesos en el proyecto del acueducto de la Presa El Zapotillo, en Los Altos, para surtir de agua a la ciudad de León, Guanajuato, concesionado a la empresa Abengoa. Esta última inversión se habría realizado en octubre de 2015 y también tendría un dudoso desenlace.

5.- El pasado 6 de diciembre de 2018, Juan Pelayo Ruelas, líder sindical de la burocracia estatal en Jalisco, reconoció ante el reportero Mario Ávila, de la revista Conciencia, que había otros mil 600 millones de pesos del Ipejal en riesgo de no ser recuperados, que se invirtieron en Transportes Marítimos Mexicanos.

La simulación es un pecado público muy grave. Ni Alfaro Ramírez ni López Obrador pueden darse el lujo de incluirla en su catálogo de hábitos públicos, en un país en donde la gente está harta de las frivolidades, los abusos, el despilfarro, la corrupción y la galopante impunidad.

La exigencia de la sociedad es muy concreta: quienes defraudaron su confianza y robaron bienes o dinero de Jalisco o de la República tienen que ser severamente sancionados. No hay espacio para la simulación.

 

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