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La universidad y la paternidad estatal

La universidad y la paternidad estatal

La universidad y la paternidad estatal

Juan M. Negrete

En 1925 se decreta la creación de nuestra universidad pública estatal o UdeG. Se hace explícito en ese momento que será la ÚNICA autorizada para expedir y reconocer permisos para el ejercicio de las profesiones. El estado mexicano se abrogaba el derecho de reconocer y otorgar las licencias de las profesiones. La función de la UdeG en el estado de Jalisco sería precisamente la de actuar de salvaguarda, como mastín del estado, en este renglón y para esta región. El estado prohíbe o limita a cualquier otra instancia social a que actúe libremente en este campo. Por esa razón, por ejemplo, la carrera de teología que imparte el clero no es una profesión reconocida jurídicamente. Por ello, los estudios cursados en los seminarios tampoco tienen validez oficial.

Cuando en 1937 es fundada la UAG (en base al grupo de maestros y alumnos conservadores escindidos de la estatal), esta institución tiene que aparecer como incorporada a la UNAM. De expedir títulos propios, carecerían de validez oficial. Los emitía entonces suscritos por la nacional. Los graduados por la autónoma podían ejercer en Jalisco indirectamente, gracias a los beneficios que nos otorga el sistema federal a todos los mexicanos.

Esto fue así. Esto antes era así. Pero en 1990 vemos que en Jalisco, aparte de la UdeG y de su rival subrepticia, la UAG, ya funcionaban la UNIVA, el ITESO, el IPADE, el ITM, la U femenina, la U panamericana, la UPN, por lo menos. En todas ellas se expedían ya títulos a diestra y siniestra. Si no entendemos mal, esto quiere decir que, en la práctica, el estado liberó el monopolio de las profesiones y lo abrió a la competencia de la iniciativa privada. El estado renunció o se puso renuente a cumplir el mandato popular de hacerse cargo totalmente de la educación superior, orden dictada por la revolución del 10-17.

En castizo significa esto que cincuenta o cien ciudadanos, a título privado, se pueden juntar, fundar una universidad y, a cambio de unas cuantas monedas, otorgar licencias para ejercer una profesión, porque nadie da pisada sin huarache en toda economía capitalista que se respete.  El estado aceptará a tales profesionistas como a individuos autorizados legalmente para desplazarse en su seno, sin cortapisas, como facultados profesionalmente.

Va el trozo de un desplegado, aparecido en ‘El Occidental’, (5/X/1990):

La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES AC), que la integran 57 asociadas, (subrayado mío) considerando que dentro de sus objetivos está el de proponer soluciones para los problemas que afectan el funcionamiento de éstas, hace suya la petición formulada por el Lic. Antonio Leaño Álvarez del Castillo, Pte. de la AC UAG…

La discusión en torno a cómo hacer para formar mejores profesionales no es ociosa. Pero ¿era legítimo que se formulara de manera aislada y que se le atendiera sólo a ella, cuando ya se estaba viviendo y experimentando la renuncia del estado al manejo y control de renglón tan significativo?  El desplegado mencionaba ya a 57 universidades privadas. ¿En manos de quién estaban? ¿A partir de cuándo dio el estado tal viraje en su política educativa, que toleraba este fenómeno? ¿De qué manera fue presionado el estado para que los profesionistas egresados de los institutos superiores del estado entraran a competir en igualdad de condiciones con los privados? ¿Cómo se garantizaría el empleo de unos y otros? ¿Cómo es que en 1990 había ya 57 universidades particulares y ni el estado ni los profesionales egresados de la educación pública levantaron la voz para analizar tal fenómeno?

Había que haberse preguntado en aquellos momentos muy seriamente qué significaba tal renuncia del estado en renglón tan importante, como es el educativo. ¿Acaso el acta de capitulación les fue pasada por debajo de la mesa a sus contestatarios? Pero había que haber ido aún más lejos. ¿Cuándo autorizó la población sufragante tal cambio de rumbo en la vida nacional? Pero ¡Claro! si en la universidad pública nadie se opone a revisar planes y programas de estudio, ¿cómo suponer que se entraría a la disputa de asuntos de mayor envergadura como éste? Fue asunto importante que reclamaba nuestra atención, pues consistía en el espectáculo de la rendición total del proyecto de país que ya tenía setenta años de antigüedad. ¿Cuándo se le tomó el parecer al pueblo que ordenó que así fuera y que para eso las sostiene?

El estado es el vocero de las masas. Originalmente instruyó a sus universitarios a que a través suyo estuviese normado el ejercicio de las profesiones. Tal normatividad no era arbitraria ni la dejó al contentillo. Puso lineamiento preciso y claro, que se puede rastrear (como se conocen las piezas de curiosidad en los museos) en el artículo 3° de nuestra Carta Magna. Esta era la función social más importante de las universidades públicas. Todo eso ha quedado en el pasado.

Al principio no se hacía deslinde entre públicas y privadas, pues las particulares no existían. Pero ahora el estado ya modificó su política. El estado aparecía como el gran chamán. Concede los permisos para ejercer las profesiones; unge a los iniciados; bendice a los individuos con su manto protector. Estas prerrogativas no le cayeron del cielo. Son concesión que la soberanía popular le hizo. ¿Puede, por tanto, graciosamente renunciar a ellas y seguir tan campante, disfrutando del puesto de representante de la soberanía popular? Cuando renuncia a tales prerrogativas ¿Quién lo releva o quién lo debe relevar? Es debate que exige más fondo. En las siguientes colaboraciones le hincaremos el diente, pues lo amerita el momento actual de la vida universitaria nacional.

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