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Criterios

 

Acusada de ser “aviadora” en el Congreso del Estado de Jalisco, en donde cobraba como empleada pero sin trabajar, la panista Diana Araceli González Martínez fue cesada en 2013, pues al mismo tiempo era burócrata en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México.

Al ser despedida aquí, la señora González Martínez demandó su caso ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE). Recientemente obtuvo extrañamente un laudo favorable y la actual legislatura (la LXII) tuvo que desembolsar cerca de dos millones de pesos (un millón 807 mil pesos) de liquidación por un trabajo que nunca desempeñó pero del cual religiosamente se le depositaban sus quincenas.

En este caso no fue sólo una deshonestidad de su parte al cobrar –si es que trabajaba en realidad en el Poder Legislativo de la capital del país– y estar en nómina aquí. Fue, sin lugar a dudas, una falta de honradez lo mismo de su parte que de los diputados del PAN y más de un cómplice de otros partidos, tras las famosas negociaciones bajo la mesa que se hacen tanto aquí como allá.

Como si esa desfachatez no bastara, en las elecciones locales del año pasado Diana Araceli González Martínez se convirtió en diputada estatal suplente del diputado perredista por el Cuarto Distrito, Enrique Velázquez, al conformarse la alianza entre PAN, PRD –dominado por el exrector y cacique de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López–  y MC (Movimiento Ciudadano), éste de Enrique Alfaro.

Cuando había que aprobar el pago a la “aviadora” –señalada por los mismos legisladores–, Enrique Velázquez, miembro de la Comisión de Administración, no tuvo reparo alguno ni le importó siquiera el conflicto de interés en que estaba involucrado para excusarse y dio su voto favorable para que Diana Araceli recibiera el regalo-“indemnización” de 1.8 millones de pesos por una actividad que jamás desarrolló.

Desafortunadamente, la lógica de la alta burocracia, de funcionarios públicos o diputados es que no importan las cantidades a derrochar, porque al fin y al cabo mientras ellos estén bien y ganando –muy frecuentemente lo que no se merecen–, ¡qué importa que se pague lo que se pague! Al fin es dinero público, recursos que aporta todo el pueblo, mientras se trate de cumplirle al amigo, a la amiga, al cómplice o a quien sea. Los supuestos servidores de la sociedad son de una generosidad increíble… cuando se trata del erario, que uno no se imagina.

 

Los diputados no aprenden

Ahora resulta que estos señores diputados quieren aplicar, como ya lo han hecho antes y han fracasado, un plan dizque para reducir la nómina –¿no será para meter luego a sus cuates, compadres y a quienes les ayudaron en sus campañas?– Suele suceder.

Para esto, han etiquetado la nada despreciable suma de 64 millones de pesos para liquidaciones a empleados que voluntariamente dejen su respectivo trabajo en el Congreso, siempre y cuando sea en este 2019. Les ofrecen, mire usted, un año de salarios aparte de las prestaciones de ley a que tienen derecho.

Únicamente se han retirado tres burócratas en lo que va de la presente legislatura. Sin embargo, no les ha ido nada mal, pues el que recibió menos obtuvo 401 mil pesos, habiendo trabajado muy poco tiempo. Fue Samuel López, sobrino del secretario general de Gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, Roberto López.

En cambio, las otras dos personas que se retiraron obtuvieron un compensación de 516 mil y 481 mil pesos, con tan sólo nueve y ocho años de antigüedad, respectivamente.

¿Quién recibe tal indemnización por tan corto tiempo de desempeño en una empresa privada?

Sus antecesores en las curules aplicaron un plan semejante al de ahora, y los últimos tres años apenas lograron que salieran 24 personas.  La erogación total fue de 6.8 millones de pesos.

Desde finales del siglo pasado, el Poder Legislativo estatal creció su burocracia exponencialmente hasta llegar hoy en día a más de 900 personas, muchas de ellas con cargos de asesores, aunque sean únicamente acompañantes o gente que se dedica a hacer nada.

En los años 80 cada diputado tenía no más de una secretaria o secretario y algunos tenían chofer; aparte, había personal de administración, pero si sumaban cien personas eran muchas.

A raíz de la llegada al Congreso de diputados como Salvador Cosío Gaona, Raúl Padilla López y Jorge Arana, entre algunos otros, la cifra de burócratas se disparó, lo mismo que los gastos en bienes inmuebles que de nada han servido para hacer eficiente su funcionamiento.

Se trata de contratados, o contratadas, como pago a algún tipo de servicio personal a cada uno de los diputados de todos los partidos políticos, sin excepción.

Así de mal y de corrupto anda el Legislativo desde hace años. Para nada importa la procedencia, sea izquierda, derecha, centro o de la supuesta independencia.

Esto, aparte de la dependencia que tienen del gobernador, que cada vez se acentúa más.

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