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Las peores decisiones y calificaciones son para Jalisco

Las peores decisiones y calificaciones son para Jalisco

Elemental

Criterios

 

Ari García Padilla*

Jalisco atraviesa una crisis gubernamental que nunca antes había padecido. Los calificativos en distintas áreas de gobierno a nivel nacional y el comparativo de resultados de la administración actual con las anteriores, son evidentemente nocivos, las cifras negativas incrementan, la perspectiva y opinión social crece en desaprobación, la imagen del propio estado está sufriendo un desgaste que afecta en muchos sentidos la sustentabilidad y el desarrollo familiar, generando un descontento social que ha optado por la dura exigencia sin piedad para quien o quienes hoy ostentan el poder estatal.

Los datos son duros: el número de víctimas por homicidios dolosos y feminicidio, en un comparativo del primer semestre del año en curso con el anterior, muestra un incremento del 24.2% y como resultado mil 410 víctimas de estos delitos en Jalisco.

En el análisis del crecimiento de la incidencia delictiva nacional, Jalisco ocupa el tercer lugar en el primer semestre del 2019, 81 mil 859 reportes que la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Fiscalía General de la República presentan por las averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación del fuero común y federal, con fecha de corte del 20 de julio de 2019.

Alrededor de siete robos de motocicleta es el promedio que se vive en Jalisco, cifra que han ido incrementando desde hace cinco años, colocándole como en el segundo lugar a nivel nacional de este delito.

Todo lo anterior, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La tranquilidad de visitar espacios públicos y plazas comerciales ha sido perdida, atentados y homicidios son vistos a plena luz sin piedad alguna.

Jalisco es también un estado vulnerable a la naturaleza. La falta de infraestructura adecuada para contrarrestar y disminuir las inundaciones que se generan con la lluvia que azota continuamente al área metropolitana, es un problema que no ha sido tomado en cuenta con responsabilidad.

Durante el año 2018, Jalisco tuvo 342 denuncias ambientales, cantidad que lo llevó a posicionarse como el segundo lugar a nivel nacional. El Congreso del estado tomó cartas en el asunto, incrementando el costo de las multas por este tema. Al final del año veremos si los resultados fueron los esperados.

En desapariciones, Jalisco se encuentra en primer lugar, según datos del propio gobernador Enrique Alfaro, aunque según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) dice que se encuentra en el tercer lugar. Lo que sí está muy claro es que se encuentra el estado padeciendo una crisis nunca antes vista por este delito.

Si hablando de cifras los números son malos, en decisiones hay peores, temas que en su momento fueron materia de un discurso opositor y de compromisos electorales, hoy se han convertido en letra muerta y son solamente lo que son, un discurso que alguna vez se utilizó para esos fines.

Enrique Alfaro se mostraba eufórico en defender a capa y espada dos temas de alto impacto: detener el alza al costo del servicio de transporte público y evitar que la presa de El Zapotillo fuera concluida, defendiendo a las comunidades aledañas al megaproyecto. Hoy en día es totalmente diferente.

La promesa de proteger la presa de el Zapotillo y los pueblos aledaños, quedó solamente en eso, “promesa”. A finales de junio, el mandatario estatal generó un nuevo acuerdo con su homólogo de Guanajuato, cambiando el rumbo drásticamente. La repartición del agua ya no será en proporción para los Altos de Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara y Guanajuato, será solamente para estos dos últimos y, además, el riesgo de inundar los pueblos aledaños a la obra,  el dilema entre las características de la obra y en cómo fue aprobado, las condiciones de distribución y el porcentaje de suministro fueron objeto de acciones legales. Discursos mediáticos y charlatanería electoral quedaron atrás, hoy se tiene un acuerdo distinto.

Después, el alza al transporte público se cumplió, pero no en detenerla sino en aplicarla. Ascendió la tarifa de 7  a 9.50 pesos para el Macrobús, Sitren y en el Tren Ligero, posteriormente serán el costo para las rutas empresas, bajo el argumento incrédulo de arrojar la papa caliente a la administración anterior de existir un acuerdo con estos términos. Ante esto,  algunos sectores de la sociedad salieron a las calles a mostrar su postura y expresión de inconformidad, obteniendo como resultado detenciones y uso de la fuerza pública en su contra, no suficiente, en respuesta a lo sucedido y con una postura de soberbia, el ejecutivo estatal expuso que incluso el precio al que fue sujeto el cambio es insuficiente, debiendo ser de 13 pesos y cuando la Línea 3 inicie operaciones aumente a 17 pesos.

El representante del Ejecutivo olvidó su promesa de no permitir lo que él mismo hoy acordó, el costo político ya no es un factor que analiza si le perjudica o no, la manera en que está actuando, y lo vemos con estas dos decisiones, son plenamente complacencia de intereses que solo él conoce.

La alarma está encendida, el gobernador transita por una crisis gubernamental que requiere solución a la voz de ya, no nada más para él y su gobierno, sino para los jaliscienses y quienes habitan en el estado. Son muchos los factores y ejes que debe cuidar y vigilar, en dónde trabajar y en dónde reaccionar.

 

*Opinión de Ari García Padilla albergada en la columna Elemental.

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Acerca del autor

Andrés Gómez Rosales

Analista de temas sociales, políticos y culturales

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