Los pecados del senador Inzunza
Carlos Delgadillo Macías
Enrique Inzunza Cázares nació en Badiraguato, Sinaloa, el 28 de junio de 1972. Estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), una maestría en derecho constitucional en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y también hizo estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, España, donde se especializó en criminología.
Su carrera jurídica la ha desempeñado sobre todo en el Poder Judicial de su estado, donde ha ocupado el cargo de magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en dos ocasiones. La primera entre 2011 y 2014. Y la segunda entre 2017 y 2021. De ahí pasó a la administración pública, como secretario general de Gobierno en la administración de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia. En 2024 dejó ese cargo para competir por un escaño en el Senado, que actualmente ocupa.
Su carrera no ha estado exenta de polémicas. En 2018, la jueza Ana Karina Aragón Cutiño presentó una denuncia formal en su contra por acoso sexual, hostigamiento y violencia. En julio de ese mismo año la Fiscalía estatal cerró el caso luego de que Aragón Cutiño otorgara el perdón legal. Sin embargo, en la campaña de 2024 resurgió el caso. Y en 2026 la jueza acusó encubrimiento institucional y la continuación de las presiones en su contra.
En 2021, una vez que se sumó al gabinete de Rocha Moya, surgieron señalamientos de nepotismo en contra de Inzunza. En particular, se mencionó el nombramiento de su esposa, Claudia Yuridia Meza Avendaño, como magistrada del Supremo Tribunal poco después de que él dejara el cargo de magistrado presidente. La oposición sinaloense llegó a enumerar hasta veinticuatro familiares y allegados de Inzunza en la nómina del gobierno estatal, por lo que los medios locales comenzaron a hablar del “clan Inzunza”, como ejemplo de nepotismo y tráfico de influencias.
Pero el mayor escándalo llegó a mediados de 2026, con la solicitud de captura con fines de extradición por parte del Departamento de Justicia en contra de Rubén Rocha Moya y varios de sus colaboradores y excolaboradores. A Inzunza, ya en el puesto de senador, se le señala de haber brindado protección a presuntos miembros del crimen organizado.
Desde el 29 de abril de 2026, el día en que se hizo pública la acusación estadounidense, y hasta el 1 de septiembre, Inzunza se ausentó del Senado, temiendo quizá su posible captura, el desafuero o simplemente para evitar dar la cara ante los medios. Su única aparición fue de forma virtual, el 25 de junio, luego de 55 días de no acudir a la Cámara Alta, para participar en una sesión de la Comisión de Justicia. Durante los cuatro meses que no ocupó físicamente su escaño, cobró íntegramente su dieta, que acumulada asciende a más de medio millón de pesos. Un detalle interesante es que, como cinco de sus cuentas bancarias están bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Senado le ha tenido que emitirle cheques para hacerle llegar sus percepciones.
El 26 de agosto, días antes del inicio del período ordinario de sesiones, Inzunza anunció su separación del grupo parlamentario de Morena, en medio de presiones para que solicitara licencia al cargo. No obstante, argumentó que con esa decisión buscaba evitar que se golpeara a la llamada Cuarta Transformación. En un contexto en el que Rubén Rocha Moya había intentado retomar el cargo de gobernador y en el que la misma presidenta Sheinbaum lo había orillado a volver a solicitar licencia, Inzunza se negó a hacer lo mismo y prefirió dejar las filas del oficialismo.
En la oposición esa salida se ha calificado de simulación, pues el senador ocupa el mismo escaño, en la misma posición junto con sus excompañeros y ha sido recibido efusivamente por otros legisladores como Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López. Además, ha prometido seguir votando en el mismo sentido que la bancada guinda.
En tiempos en los que la relación entre México y Estados Unidos está marcada por el combate a los carteles, ahora categorizados como grupos terroristas por el vecino del norte, la permanencia de Inzunza en el Senado podría agravar las desavenencias entre los gobiernos de ambos países. Si bien Rocha Moya muy probablemente no regresará a la gubernatura, no ha sido capturado, por lo que el asunto sigue abierto. Y lo del senador es parte del problema.
Acusado de haberse reunido con líderes del Cártel de Sinaloa, haberles brindado protección e incluso filtrarles información confidencial, Inzunza está en la mira permanente del Departamento de Justicia y de la DEA. Como brazo derecho de Rocha Moya entre 2021 y 2024, habría operado desde el gobierno estatal para favorecer al cartel, que ha utilizado ese tipo de conexiones para traficar sustancias ilícitas a territorio estadounidense por décadas.
También están pendientes de esclarecer las versiones que ubican al senador el 25 de julio de 2024 en la reunión donde fue capturado Ismael “Mayo” Zambada y herido de muerte Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS y quien mantenía una disputa política con Rocha Moya. Si él estuvo ahí o si incluso él ayudó a preparar esa emboscada, entonces puede entenderse a la perfección por qué se aferra al fuero legislativo.
Respaldado por una parte de la cúpula morenista y rechazado por otra, el senador Enrique Inzunza Cázares es en este momento una de las piedras en el zapato más grandes y más molestas para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y también para el Movimiento de Regeneración Nacional. Su nombre no dejará de mencionarse en las campañas de 2027 y seguirá siendo también un tema recurrente en la relación bilateral con Estados Unidos. El affaire Sinaloa es una cloaca que aún no se destapa del todo.
