Independientemente de cuál haya sido el motivo que llevó a la arbitraria y brutal detención de Alejandro Giovanni López Ramírez por parte de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, y luego su desaparición, tortura y homicidio por cuenta propia o ajena, lo que ocasionó airadas manifestaciones, el caso es que ya cayó uno de los varios responsables de la seguridad pública estatal.
El doctor Macedonio Tamez Guajardo, que ya se fue, o lo fueron, tal vez sea, como coordinador que fue hasta este 7 de julio del Gabinete de Seguridad, uno de los culpables, pero quizás el menos de los disturbios provocados por un pequeño grupo de anarquistas que –como ya se ha hecho costumbre a nivel nacional— se infiltran en todo tipo de manifestaciones sólo para echar por la borda justificadas y pacíficas manifestaciones.
En esta ocasión, dañando al patrimonio de todos, como es el Palacio de Gobierno primero y luego quemando patrullas y, finalmente, rociando criminalmente por la espalda con una sustancia inflamable y metiéndole fuego a un policía municipal tapatío frente a cientos de testigos en pleno centro de la ciudad.
¿Y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Bosco Pacheco?
Éste es responsable por no haber tenido tan siquiera idea de qué hacer en casos de contingentes que se manifiestan. Y tanto menos cuando puede haber colados violentos que sólo van a eso.
Recuérdese que en Palacio de Gobierno nunca aparecieron por ahí agentes antimotines, por ejemplo. Menos le vino a la cabeza establecer un cordón o anillo de contención en torno al mismo edificio para disuadir a los anarquistas. El tal Bosco sólo mostró impericia y falta de estrategia. Y de lógica.
¿Y Gerardo Octavio Solís Gómez, qué tan culpable es o puede ser?
Indudablemente que como titular de la Fiscalía General del Estado tiene la mayor carga, por la sencilla razón de que, legalmente, es el responsable directo de la seguridad, y como él mismo y la institución se presentan en el sitio web oficial: “…es la responsable de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en términos de lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene a su cargo la institución del Ministerio Público y es la encargada de conducir las funciones de la investigación de los delitos de la seguridad pública, de mantener el orden y la paz pública …”
El fiscal tiene que responder por las detenciones extralegales –(levantones)– que hizo el grupo de policías investigadores, el 5 y 6 de junio, de varios jóvenes que se manifestaron, primero frente a la Fiscalía General y luego frente al Palacio de Gobierno, y fueron hostigados y amenazados.
Cierto, destituyó al jefe de grupo de tales elementos, no obstante se supone, y algunos dan por un hecho, que él recibió órdenes superiores.
Pero el fiscal atribuyó el hecho, de manera indirecta, a que hay infiltración del crimen organizado en el organismo del que está al frente.
¿Sería sólo una salida para mantenerse en el puesto? Debemos recordar que cuando sucedió lo de los globalifóbicos en mayo de 2004, y él era procurador general, se dieron casos similares, o peores, en el caso de los detenidos. Ahora, los represores volvieron sobre sus pisadas.
Todo esto ocurrió, en gran medida, por cuatro razones fundamentales:
- Como ya lo hemos enunciado aquí en al menos una ocasión, no se blindó previamente, mediante u cordón o anillo policial disuasivo, la sede del Poder Ejecutivo. Se dejó a la buena de Dios. O ni siquiera pensaron en eso quienes conforman el sistema de seguridad.
- En lo inmediato, la carencia total de una estrategia de contención de revoltosos. En unas cuantas palabras, estableciendo con antelación un anillo protector del edificio patrimonial y sede gubernamental que es el Palacio. Nunca hubo antes ese círculo de seguridad que pudo conformarse con antimotines.
- En lo remoto, los policías que estaban adentro del palacio –pocos o muchos– sólo demostraron carencia total de preparación y entrenamiento. Ni siquiera para actuar en defensa propia. No sabían qué hacer cuando tres o cuatro anarquistas empezaron a arremeter contra ellos y trataron de abrir el portón lateral y empezaron a golpearlos con lo que encontraron; y
- Falta absoluta de coordinación. Éste debió ser el pecado principal de ¿Macetonio?
No se trata de favorecer a Macedonio, sino que así se presentaron las cosas, desde mi perspectiva. Baste decir de este médico partero, abogado y político que, siendo jefe de la Policía de Guadalajara, no tuvo arrestos para ordenar la liberación inmediata del fotoperiodista Rafael del Río, después de ser detenido arbitrariamente por elementos de su corporación cuando sólo cumplía con su deber: fotografiar a unos detenidos por los uniformados.
Sólo esos cuatro momentos desnudaron a la policía y arruinaron todo. Aparte, estropearon por completo al rimbombante Gabinete de Seguridad.
De paso, se puso en evidencia esa estructura burocrática, onerosa y, en buena medida, infuncional de coordinaciones que hay en el equipo del gobierno estatal: Seguridad, Desarrollo Social, Economía y Gestión del Territorio.
La mejor coordinación que hay entre esta estructura y Enrique Alfaro es que los titulares de las dependencias coordinadas no tienen acceso directo al Ejecutivo. Todo se hace a través de los titulares de las coordinaciones.
Ahora me explico muchas más cosas.
