Guadalajara, Jalisco.-Ángeles y Silvia perdieron a sus hijos, estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en hechos violentos, la primera pide que le entreguen el cuerpo completo de Francisco, no solo el brazo como pretende la autoridad, que abran su caso, y se investigue el asesinato; la segunda que ya sentencien al homicida de su primogénito, que fue detenido hace más de dos años.
El 2 de octubre de 2019, fue el último día en que su novia, Valeria, y sus compañeros de la preparatoria Tonalá Centro vieron con vida a José Francisco Villa Tomás, de 18 años, quien un año atrás decidió independizarse de su familia.
A los cinco días de su desaparición, sus padres se percataron de su ausencia, puesto que no respondía llamadas, ni mensajes, por lo que acudieron a denunciar ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD).
Ángeles cada semana iba a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) también conocidas como Semefo (Servicio Médico Forense), y cuando aparecía una fosa acudía, pero nunca lo encontró.
También llamaba a la FEDP, ante su insistencia, le comentaron que quizá Francisco no estaba desaparecido y se había ido a otro estado. “Así me dijeron, entonces me quedé yo más tranquila”, recuerda.
A principio de enero pasado, la autoridad reportó que extrajeron 26 bolsas de plástico con restos humanos de una barranca ubicada cerca de la carretera a Matatlán, en Tonalá. Cinco meses después de ese hecho, el esposo de Ángeles recibió una llamada del IJCF para informarle que habían encontrado el brazo izquierdo donde su hijo tenía un tatuaje de una manzanita, le pedían acudir junto con su esposa para reconocerlo.
“Fuimos, y yo la verdad en ese instante yo no lo pude reconocer. Me pongo bien mala. Él es el que reconoció la manzanita. En el Semefo le dijeron que si podía reconocer algunas otras piezas. Les dijo ‘es que ya está algo difícil porque ya no está el cuerpo como antes pues, pero si’.
Mi esposo reconoció una mano, otra pierna, porque mi hijo tenía también un tatuaje en la pierna, como una brújula, en el muslo más bien, y él reconoció esa parte, y me dijo que la pierna estaba como que le quitaron un pedazo de carne, por lo que el dijo casi estoy seguro que es esa.
Total, él dijo que era la mano, la pierna, el dorso y la cabeza porque casi los otros restos eran personas mayores. Y nos dijeron en Semefo que iban a cotejar con mi ADN, para saber cuáles salen positivos”, relata Ángeles. Sólo el brazo con el tatuaje de la manzanita dio positivo.
Ángeles acudió a la FEDP para preguntar dónde estaba el resto del cuerpo de su hijo, la respuesta que recibió es que las otras tres piezas que identificó su marido salieron negativas, y la enviaron al IJCF, antes de irse le cuestionaron si ya tenía su paquete funerario, a lo que respondió que sí.
En el IJCF le reiteraron que solo había encontrado el brazo. “¡Cómo que nada más eso! les dije, si mi esposo vino a ver las la piezas, y había muchas, yo pensé que por el tiempo que había pasado, ya me lo iban a entregar. Me dijeron que ‘no, de usted depende si quieren nada más la mano que tenemos’. Les dije no, cómo les voy aceptar nada más eso, yo quiero todo el cuerpo y me dijo el ministerio público ‘sabe qué, va a tener que ir otra vez a búsqueda a empezar a hacer los trámites'”.
Cuando Ángeles le comentó a su esposo la postura del Ministerio Público, “me dijo que ‘por qué otra vez hacer la búsqueda’. Si viera que pesado es estar yendo, yendo, y que no le resuelvan a uno nada. Y no, no más yo, si viera cuánta gente hay allí que va y sale igual”.
Ángeles admite que “me dio mucho coraje” la postura del IJCF, porque “en la hoja del Semefo decía que habría que hacerle la prueba de ADN a todas las piezas de esa fosa que habían salido de Matatlán, pero supuestamente de ese tiempo para acá, solamente sacaron de las bolsas una pierna y es lo que tienen nada más un brazo y la pierna”.
Recuerda que en “enero salió esa fosa, y hasta junio me dijeron que estaba ahí (mi hijo) en el Semefo, y de junio para acá nada más ha salido una pieza. No se me hace justo”.
La afectada decidió pedir apoyo al Coordinador de Seguridad de la UdeG, Montalberti Serrano Cervantes, quien a su vez la canalizó con el líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta.
La señora mencionó que el presidente de la FEU se comunicó con el director del IJCF, Gustavo Quezada para saber cómo iba el proceso identificación, pero solo le informó que tenían un dorso y una cabeza “que está casi seguro que eran de mi hijo. Yo estoy pensado en ir otra vez, para empezar en búsquedas otra vez porque ya es mucho tiempo”, comentó desesperada.
─¿Y la investigación de sobre qué le pasó a su hijo, tiene algún avance?
─No, nada. Yo cuando fui al ministerio público me dijo ‘sabe qué, ese delito con nosotros no sigue, ya encontramos a su hijo, ya es todo lo que pudimos hacer por usted, así me lo dijo. Le dije entonces las investigaciones ¿ya no van a seguir? ‘Sí, pero usted tiene que hacer su denuncia en calle 14, porque eso ya sería por homicidio’, así me dijo.
─Pero falta casi todo el cuerpo de su hijo, y el homicidio se persigue de oficio…
─Pues no encontraron nada, porque a mí la verdad sí me da miedo hablar de eso porque nosotros fuimos a ver dónde vivía (…) Ahí nos entregaron su ropa, todo lo que traía, y el viejo le dijo a mi esposo que ese día Francisco había salido y que ya no regresó a su casa, pero no es cierto. A mí como me comprueba él que ellos no tuvieron nada que ver.
Cuando Francisco decidió independizarse, puesto que ya trabajaba, les aseguró a sus padres que se iría a vivir con unos amigos de la preparatoria, pero nunca les proporcionó el domicilio.
Es por ello que se pusieron a investigar, no sólo hallaron el lugar donde vivió su hijo, sino que en ese sitio presuntamente vendían marihuana, y que la última vez que utilizó Francisco el celular fue afuera del museo de Tonalá. Esos y otros datos más se le entregaron a la autoridad.
La FEPD le informó a la señora que revisaron la vivienda, pero no encontraron nada. “Mi hijo ya me había dicho que se quería salir de esa casa. Le dije Francisco regrésate, no tienes necesidad de andar batallando en la calle. Me dijo sí, me voy a ir a vivir contigo junto con Valeria, le dije que estaba bien”, sin embargo, el plan se frustró.
─¿Qué les pediría a los encargados de la investigación del caso de su hijo?
─Que quiero justicia para que resuelva el caso de él, que me entreguen lo más pronto posible a mi muchacho. No me han dicho que tienen una pista sobre el homicidio de mi hijo. El ministerio público de Fiscalía me dijo que ya terminaron la investigación, que tenía que ir a calle 14 a poner la denuncia por homicidio. Yo la verdad ya no fui. Le dije a mi esposo, ya no van hacer nada. Esto que estoy pasando no se lo deseo a nadie.
Por su parte, la Fiscalía refirió que en la FEPD el caso de Francisco ya no continuará en esa área porque ya localizaron -aunque sea una parte- a Francisco, y que la carpeta se turnó al área de homicidios, por lo que no es necesario que Ángeles interponga una denuncia.
Asesinan a estudiante por una mochila
A Silvia le asesinaron a su hijo, estudiante de ingeniería industrial, Jorge Alberto Pérez Ramírez, el 2 de julio de 2018, a tres cuadras de su casa, por negarse a que lo asaltaran. Era la tercera ocasión en que sufría ese delito en un periodo de dos años.
Silvia relata que ese día, tras realizar su ejercicio y desayunar, su hijo salió de su vivienda a las 6:20 am, rumbo a su trabajo a donde ingresaba a las 8; no habían pasado 15 minutos, cuando tocaron a su puerta unos policías.
Al abrir le preguntaron qué relación tenía con Jorge, al responder que era su hijo, le informaron que había sufrido un accidente en el cruce de Hacienda de Guadalupe y Mesa del Norte, a tres cuadras de su casa.
Se trasladó a ese punto, antes de acercarse al lugar, el uniformado le advirtió que su hijo había sufrido un asalto y que le habían dado unos disparos.
“Yo no sabía que le habían dado cuatro. Él todavía habló. Le pregunté que si los conocía y me dijo que no, y me dijo mamá me quitaron mi mochila y mi celular. Tenía 15 días que lo acaba de comprar. Yo le empecé a ver, así como desesperado, como morado, ya sus labios se le estaban poniendo mal. Les dije a los de la ambulancia, rápido hay que llevarlo al seguro”. UdeG
Al joven, de 23 años, un estudiante con un promedio de 97, le faltaban dos meses para graduarse. Fue trasladado a la clínica 110 del IMSS.
“Entonces llegando al hospital, yo le dije mijo échale muchas ganas, aquí te vamos a estar esperando, vas a estar bien. Y me contestó levantando su pulgar dos veces, y se lo llevaron”, recuerda la señora. UdeG
A los 10 minutos que ingresó, un médico le informó que su hijo cayó en paro debido a los cuatro disparos que recibió, en el pecho y abdomen, y el resto, uno en cada brazo “para que soltara sus cosas”, lamenta Silvia.UdeG
Los médicos “lo estuvieron reanimando, no se pudo hacer nada porque me dijeron que llegó muy tarde al hospital, y en hora y media falleció”, relata mientras tiene junto a ella el retrato de su hijo. UdeG
“Es el peor momento que hemos vivido. De los cuatro agresores, nada más tienen detenido a uno, al autor material. Los otros dicen que no los encuentran, que los van a buscar”, indicó.
Se quejó que en las cuatro ocasiones que ha acudido a la Fiscalía a preguntar si ya detuvieron a los otros implicados en el asesinato de su hijo, sólo en dos la atendieron bien. En tanto, la audiencia para sentenciar al presunto homicida de Jorge se ha retrasado.
“Nos cambiaban la fecha estando ahí, y no nos dicen por qué, mi esposo dejaba de trabajar, no llevamos lonche y estamos cuatro o cinco horas, y no nos dan respuesta. Todavía no nos ha dado fecha del juicio para sentenciarlo. Ya es mucho tiempo de espera, dos años, dos meses”, apuntó.
Un momento incomodo que ha vivido Silvia es cuando en las audiencias tuvo que estar a corta distancia de la mamá y hermana del presunto homicida.
“Nos juntan en una sala antes de entrar. Nos dicen que nos esperemos un momento, y estamos prácticamente junto a la familia de esa persona. Y yo me sentía mal, sentía su mirada. No mostraron empatía, ningún sentimiento hacia nosotros que estamos tan mal”.
Silvia pide a la autoridad justicia para que el presunto asesino de su hijo, se le condene y no dañe a nadie más.
“Mi hijo era una persona de bien, incapaz de hacer daño, pero terminaron haciéndoselo a él. Trabajaba de 8 a 2, y de ahí se iba a la escuela en la tarde. Quería comprarnos una casa, se quería casar, ganaba bien, y quería ser chef, tenía muchos proyectos de vida. Sabía dibujar bien y leer chino, tenía muchas cualidades, defectos también, pero resaltan más las cualidades”, comentó orgullosa.
Confiesa Silvia que si tuviera de frente al sujeto que mató a su hijo, le diría que “no es ser humano, no me representa nada. Yo creo en la justicia divina y que Dios lo perdone”. Mientras que a la madre del joven, de 25 años, le comentaría que “no lo educó bien, no le dio valores, no le dio nada, por eso desde los 12 años, ahí dice en la carpeta de investigación que andaba en las calles consumiendo de todo. Entonces no lo educó bien”.
Subrayó que “a mí me da coraje, que a mi hijo que era tan valioso para nosotros, tenemos que ir a verlo a un panteón cuando ella lo tiene todavía encerrado ahí”.
Reitera Silvia que pide al Juez Décimo Segundo, Venustiano Ramos que fije fecha para la audiencia de la carpeta de investigación 69280/2018, puesto que “no quiero que se quede así, mi hijo valía mucho más que una mochila y un celular, la vida no tiene precio”.
Silvia recuerda que su hijo en la mochila traía su lonche y su ropa de trabajo, unas carpetas, ninguna cosa de valor.
“Se resistió a que lo robaran, eran sus cosas de él, se defendió de ellos, aunque los balazos eran más rápidos, y cómo no, si era la tercera vez que lo robaban, ya estaba enfadado.
A lo mejor pensaron que sí traía algo, el dinero no se lo robaron, porque todavía lo traía. Y viera qué dolor tan grande ver su ropa de ese día cortada, porque se las cortan para revisarlos más rápido, y es un dolor muy grande ver su ropa con sangre y los tenis, es como morir un poco de dolor”.
Peligro en las inmediaciones de UdeG
En la CSU, a través del programa Universidad segura, elaboran diagnósticos y mapas geodelincuenciales de todos los centros universitarios con el objetivo de eliminar los factores de riesgo.
A pesar del esfuerzo, las estadísticas elaboradas por la casa de estudio demuestran que cada año, en las inmediaciones de algunos planteles, en especial los que se encuentran en Guadalajara, la incidencia delictiva se incrementa o se mantiene.
Muestra de ello es que en 2018, los estudiantes reportaron por escrito 233 robos, al año siguiente aumentaron a 313.
Del 2018 al 2019, la tentativa de la privación de la libertad pasó de ocho casos a 15; las extorsiones de seis a 14; los acosos, de 28 a 57; las tentativas de violación de una a tres; las violaciones, de cero a cuatro. En este año, a raíz de que se suspendieron las clases, debido al coronavirus, todos los delitos bajaron.
Montalberti Serrano, refirió que la UdeG comparte los reportes con la autoridad municipal y estatal, pero lamenta que no quieren ver los delitos, y pocas veces actúan. También apunta que se colocaron cámaras del C5 en puntos de mayor incidencia, pero no funcionan.
Recalca que de los únicos que sí reciben apoyo incondicional es de la policía, pero están limitados.
“Siente la autoridad como una agresión, porque a veces pareciera que tenemos otros datos. Ellos tienen cinco denuncias y nosotros 300. La diferencia es que no somos autoridad para darle seguimiento a una denuncia y ello sí”, indicó.
Recordó que el desarrollo de la tecnología, se convirtió en un factor de riesgo para los estudiantes, pues antes, el ladrón robaba el celular y corría, ahora son bandas organizadas que arrebatan las pertenencias, sin importarles las consecuencias.
Hace algunos años, en su propósito de proteger a los alumnos, hicieron recorridos por los negocios de la zona. En una inspección, en las inmediaciones de las preparatorias 12 y vocacional hallaron que estaban reclutando a las estudiantes para trabajar de “masajistas” (prostitución), las cuales acudían a un local de alitas para enganchar a sus propios compañeros.
En locales de comida, ubicados por el CUCEI, encontraron que uno, no vendían tortas ahogadas, sino cerveza, en otro de pizza, su producto era “aguas locas”, que son bebidas embriagantes, y en la mayoría de las tiendas de abarrotes, cualquier menor podía comprar cigarros sueltos.
Lo peor que encontraron es en un bar ubicado cerca del CUAAD lleno de estudiantes, que sin pudor, se drogaban con mariguana, piedra base y cristal. Todos los casos fueron denunciados a la autoridad, junto con pruebas.
En tanto, al exterior de la preparatoria 1, detectaron el consumo y venta de drogas, por lo que implementaron un operativo encubierto ─cuando debió ser tarea de la Policía─, presumen que rescataron a algunos jóvenes del mundo de las drogas.
Por otro lado, al interior de todos los planteles universitarios, policías son invitados a impartir 20 cursos, entre ellos, de protección, seguridad y cultura de denuncia ciudadana.
Otra forma de proteger a los estudiantes, es mediante el programa Sendero Seguro que consiste en hacer convenios de colaboración con municipios para mantener los entornos de los planteles libres de asaltos, riñas, venta de droga y alcohol a menores, ambulantaje, contar con alumbrado público en funcionamiento en calles y puentes peatonales, poda de árboles, entre otros aspectos.
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