En esta semana me encuentro en Honduras en la reunión de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de la que formo parte. Tuve la oportunidad de participar en la presentación pública del informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan: 10+ años de agresiones a defensoras en Mesoamérica” es, sin duda, un aporte invaluable a la defensa de derechos humanos en la región.
No sólo por el riguroso trabajo de recolección de datos y sistematización de la información, que lo constituye en un documento único al centrar su mirada en las agresiones que sufren las defensoras desde una perspectiva feminista, sino porque, al documentar los ataques, también describe las resistencias y redes que hemos tejido para hacer frente a las diversas violencias que cruzan nuestros cuerpos y nuestras vidas y amplifica nuestras voces en defensa de los derechos humanos, de la dignidad y de otros mundos de justicia que, sabemos, son posibles.
Las cifras que recoge el informe revelan una situación especialmente grave en la región. Sin duda vivimos un resurgir de los autoritarismos en Mesoamérica y las defensoras sufren en sus cuerpos y en sus vidas la resistencia en contra de estas tendencias regresivas. Una cifra es particularmente preocupante: 200 asesinatos de defensoras y 228 intentos de asesinatos entre 2012 y 2023, en México y Centroamérica. Según los datos de la IM-Defensoras, 23% de las agresiones están vinculadas con la defensa del derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Esto no es de extrañar en una región que padeció, y padece aún, gravísimas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, donde madres aún buscan a sus hijos e hijas, reclaman justicia, donde la impunidad suele ser la norma.
Poderosos ejemplos de estos esfuerzos son las madres buscadoras en México o las Madres de Abril en Nicaragua. El 15.6% de las agresiones fueron enfrentadas por personas u organizaciones que defienden la tierra, el territorio o los bienes comunes de la naturaleza. Se trata de mujeres y comunidades indígenas o afrodescendientes que denuncian y resisten contra el extractivismo voraz.
Honduras refleja las cifras más alarmantes y un incremento tras el asesinato de Berta Cáceres, en 2016. El tercer derecho cuya defensa ha generado más ataques es la libertad de expresión, con 14.1%, que coincide con los ataques a la libertad de expresión, el cierre o exilio de medios de comunicación independientes y que se expresa en espionaje y criminalización de periodistas y comunicadoras. El reporte de la IM-Defensoras analiza también quiénes están detrás de estas agresiones.
Así, 45% de los perpetradores corresponden a actores estatales y, entre estos, 22.9% a policías. Los Estados no sólo fallan al no tomar las medidas necesarias para protegernos, sino que además nos persiguen, criminalizan y atacan. Aunque el registro de los actores vinculados al crimen organizado es relativamente bajo, no se puede ignorar la forma en que éste ha cooptado las instituciones de seguridad y que éstas muchas veces responden a sus intereses, al igual que ocurre en el caso de empresas extractivas que, a toda costa, buscan instalar sus intereses en la región. Resulta importante notar también que, según el
informe, 46.3% de las agresiones son reiteradas, es decir, no se trata de hechos
aislados, muchas de las defensoras han sufrido más de un ataque. El informe concluye con una importante reflexión, sostiene que los ataques en contra de mujeres defensoras y la impunidad que los cobija: “No son producto de un estado fallido, se relacionan con factores de opresión históricos y estructuras que utilizan el sistema para sostener las opresiones”. Es decir, no es que los Estados y sistemas de justicia no funcionan, sí que funcionan, pero para silenciar las voces disidentes, generar terror y desmovilizar las resistencias. Por esto, la propuesta de la IM-Defensoras es fundamental: crear y fortalecer redes y alianzas para el sostenimiento de los movimientos; para generar estrategias que trastoquen los múltiples sistemas de opresión y contrarresten los efectos de la violencia y para el cuidado de vidas en libertad y dignidad. Pueden acceder al informe completo en las plataformas digitales de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, pero sobre todo, toca defender a quien defiende.
Dra. María Guadalupe Ramos Ponce
Coordinadora de CLADEM en México
Profesora Investigadora de la UdeG.
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