Miércoles 20 de septiembre de 2023.- La marea verde en México, ha conseguido una nueva conquista. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por decisión unánime del máximo tribunal obliga a las instituciones de salud pública federales, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o Pemex, a ofrecer el servicio de interrupción del embarazo de forma gratuita.
Además, indica la resolución de la Corte, en ningún caso el personal médico podrá ser criminalizado. Esta decisión es un escalón más hacia la libertad de interrumpir el embarazo, después del precedente histórico de 2021.
Hace justo dos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que ninguna mujer podía ir a la cárcel por abortar, por lo que obligaba a los jueces a desechar el caso penal cuando llegaba a sus manos. Además, la SCJN ordenó al Estado de Coahuila —donde se había presentado la acción de inconstitucionalidad— a cambiar su código penal. Este paso debía ser el primero para que el resto de entidades del país, derogaran de sus legislaciones las penas por interrumpir el embarazo. Sin embargo, el avance ha sido muy irregular desde entonces y solo 11 Estados, de los 32, han modificado sus legislaciones.
Recientemente, un amparo de la organización feminista GIRE, ganado en la Primera Sala de la Corte resolvió: “Es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”. Esto supone varios avances, por un lado, ya no es solo que no se pueda criminalizar el aborto, sino que las instituciones federales de salud deben prestar el servicio. Esta era una de las principales batallas de las organizaciones de derechos de las mujeres.
Además, implica modificar el Código Penal Federal para eliminar el delito de aborto, que está definido en el artículo 329 como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, y que contempla una pena de uno a tres años para los que “hagan abortar a una mujer”, aunque sea con su consentimiento. También incluía inhabilitaciones de dos a cinco años para los médicos que lo practicaran.
“Este es el mayor avance que hemos conseguido en esta lucha”, señala Isabel Fulda, subdirectora de GIRE. Por un lado, suprimir el delito de aborto del código federal “envía un mensaje” y “quita el estigma”, pero también es clave porque ese era el argumento bajo el que no se estaban practicando las interrupciones del embarazo en los centros médicos públicos.
Así, hace dos años que se ganó la batalla contra la criminalización, para que no haya en las cárceles del país, mujeres presas por abortar. Ahora, con esta resolución de la Corte, se abre el camino para el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país.
La lucha tampoco ha terminado a nivel judicial. En México se permite un acceso parcial al aborto, en la mayoría de los casos hasta las 12 semanas de embarazo, en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz —donde estaba aprobado antes de la decisión de la Corte de 2021—, y a raíz de la resolución del tribunal se aprobó en Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Aguascalientes, este último hace apenas hace unas semanas, gracias a un amparo ganado también por GIRE.
La organización feminista, tiene ya presentados otros 21 amparos para los Estados que faltan por modificar su código penal. puede provocar un efecto dominó para que los Congresos locales se adelanten y quiten el aborto de la legislación, o también puede ser, al contrario, ya que los Estados más conservadores les ayuda que sea la Suprema Corte quien les obligue porque así no asumen ellos el coste político.
El Congreso de Jalisco tiene la posibilidad de reformar ya la legislación local para considerar la ciudadanía plena de las mujeres jaliscienses, porque al final de cuentas, eso es lo que está en juego, el seguir siendo consideradas ciudadanas de segunda que no tienen posibilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida o garantizarles a las mujeres el acceso pleno de ciudadanía al poder tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya le envió el balón al Congreso del Estado, ahora les toca a la legislatura de la paridad, tomar la bolita en favor de los derechos humanos de las mujeres.
Dra. María Guadalupe Ramos Ponce
Vicecoordinadora de CLADEM en México
Profesora Investigadora de la UdeG.
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Canal de Youtoube Dra. Lupita Ramos.
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