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Mirar al espejo de Culiacán para no repetirlo

Mirar al espejo de Culiacán para no repetirlo

Partidiario

Criterios

 

Si bien el atenuante de los militares tomados como rehenes por el Cártel de Sinaloa que negoció con el gobierno para liberar a Ovidio Guzmán López, salva un tanto, al menos de la sospecha, al Gabinete de Seguridad y al propio Andrés Manuel López Obrador de la chamuscada y quema de Culiacán, ninguno queda exonerado del todo.

Ya los abogados de Ovidio y la familia Guzmán, Juan Pablo Badillo Soto y José Luis González Meza, aparte de agradecerle al presidente “humano y cristiano”, la liberación del poder de El Chapo Guzmán, lo invitaron a inaugurar una universidad indígena.

Incluso, los defensores expresaron que Ovidio “se encuentra ya en un lugar seguro”. Seguro de todos, sin duda. Despreocupado, tal vez, de una recaptura para su extradición a Estados Unidos, en donde su padre vivirá en prisión hasta su último aliento.

Vistos y leídos un tanto de lejos, estos acontecimientos sufridos como hoguera, como infierno por los culichis, a quienes les quedarán marcados de por vida en su memoria y rogando a Dios que jamás se repitan ahí o en cualquier otro lado.

Igual piensa el resto de los mexicanos.

No obstante, el estigma de la afrenta de quienes arriba aprobaron el desastroso operativo sin mayor cuidado, sin plan preestablecido, sin estrategia definida; tan siquiera de una mínima logística para evitar el menor daño directo o indirecto, la menor sangre a derramar y no fallar en el objetivo, quedará cincelado para siempre en la roca de la historia.

En contraste a esto, acompaña, no cabe duda, el desánimo de los efectivos que, confiados en que habría un plan cimentado, que todo iría bien, arriesgaron todo hasta lograr el objetivo: la captura del hijo de El Chapo Guzmán, pero que, al verlo libre ese mismo jueves 17 antes que anocheciera en  aquella capital, todo se vino abajo. Quién sabe si con la misma disposición, sin ese trofeo, con el riesgo de quedar evidenciados, volverían a encargo semejante.

El rotundo fracaso militar por tal liberación y las implicaciones ya enunciadas, tendrá, y tiene, el efecto de las ondas expansivas.

La misma incertidumbre de que estos sucesos y sus resultados que dan pena y temor, se expande por todos lados, en especial entre quienes están en zona de mayor riesgo de que se repitan encontronazos como estos y que, al final, sean otros los que gocen la victoria.

Esa onda está presente y hay temor fundado en la sociedad de que se repitan batallas similares en otras latitudes y de quedar en medio, sin que haya autoridad que comande para un final feliz y que dé confianza de seguridad futura. Hay temor en todas partes, sean ciudades o poblaciones o rancherías copadas por el crimen organizado: narcos, huachicoleros, etcétera.

Muestras evidentes de los males que nos aquejan y frente a los cuales no hay, hoy por hoy, una política clara, definida, están a la vista de todos. De la gente común y corriente y también de los malvados, ¡claro!

Los malosos le tienen bien tomada la medida a la autoridad máxima del país y eso es muy grave. Ejemplos sobran, y ahí está lo que sucede en ciudades de Guanajuato.

Cuando al Ejército se le ata de manos para hacer lo que deben –siempre respetando la dignidad de las personas, sus derechos– en casos de peligro para contener grupos o masas en casos de riesgo, los resultados han sido desastrosos.

Tales han sido los casos, por ejemplo, de Tlahualilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, en donde incineradas murieron al menos 135 gentes de todas las edades y géneros por las llamas incontrolables de una toma clandestina de gasolina. Todos querían abastecerse y no hicieron caso a los gritos de los soldados.

Los militares fueron ninguneados y hasta injuriados porque la turba, que sabía que tenían órdenes de no hacer uso de su autoridad, no se diga de la fuerza, para contenerla. Siempre se dijo que uno o dos balazos al aire hubieran bastado. Nadie atendió los llamados a la prudencia.

Otro, aunque menos dramático pero sí vergonzoso y humillante para la institución castrense, sucedió en La Huacana, Michoacán, en donde una partida de soldados fue desarmada por civiles, o supuestos autodefensas, a quienes les habían confiscado algunas armas. Los mandos, ubicados lejos, en algún lugar seguro, cedieron tan siquiera sin negociar y pensar en un plan inteligente de rescate. Sólo pensaron en la orden presidencial.

De la misma forma han dejado indefensos, a la buena de Dios, a militares y uniformados de cualquier índole, lo mismo en Guerrero que en Tamaulipas y otras entidades cuando el peligro acecha.

En el peor de los casos se envían policías como señuelo, sin armas suficientes o propias para defenderse, sin el respaldo de la Guardia Nacional o de militares. Tal fue el caso de los 14 policías masacrados vilmente la semana pasada, cuando iban rumbo a Aguililla, Michoacán, a una misión distinta a la que creyeron sus atacantes del Cártel Jalisco, quienes reivindicaron la matanza.

Urge dar certeza de que no habrá más antecedentes como el reciente y que, en adelante no habrá toma de elementos castrenses, menos de civiles, como rehenes ni de nadie para no caer en el terrorismo, pues el criminal va a todo.

Es urgente que se aclare perfectamente cómo se dio ese secuestro exprés para que no haya sospechas de filtraciones y no vuelva a ocurrir. Pudo darse por pura falta de previsión, porque se dejaron muchos flancos a la deriva sin pensar de posibles ataques. No es posible.

Todo sucedió porque no hay, ni ha habido, una política ni una plan perfectamente elaborado, ni medidas claras, eficientes, para combatir los males que ya existen y que, a ratos,  parecen apocalípticos: desaparecidos, ejecutados y masacres en cualquier lugar e infinidad de  tumbas clandestinas y regueros de embolsados en última instancia.

Cierto, es un mal que viene de sexenios atrás y quienes los encabezaron tampoco cumplieron con su deber y son los menos autorizados para reprochar hoy a su sucesor. Esta grave situación debe tener una solución eficaz, pero, por ahora, aún se desconoce y ya es tiempo que se ponga en marcha. Urge.

Sí hay, por parte de la Presidencia, una política a largo plazo de empleo y educación, pero faltan muchas cosas por aterrizar, en especial lo que tiene que ver con la formación desde la familia –cuando la hay– y la escolar propiamente dicha, en cuya conformación deben participar todos los sectores, sin sectarismos de ninguna especie, ni por ideología sindical ni por la parte supuestamente religiosa o proselitista.

Como sea, todos los mandos superiores que deben de brindar seguridad a todos, del presidente para abajo, llevarán la carga de la capitulación en la revuelta en Culiacán… o en donde pudieran ocurrir por ese mal precedente.

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Acerca del autor

Felipe Cobián Rosales

Ex jefe de Información de Notisistema y Noticentro. Excorresponsal de Excelsior, La Jornada y Proceso. Fundador de Semanario Diez y Proceso Jalisco.

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