Amparo Reyes

14 de enero de 2022.- Todo un entramado para la defensa de intereses económicos de un grupo empresarial; donde se menciona a amigos y familiares cercanos al gobernador Enrique Alfaro, como el empresario Guillermo Romo y el excuñado de Alfaro, Rafael Martínez; se desata en Guadalajara por el pago de patrullas a sobreprecio, una queja que ya llegó a la Contraloría Ciudadana por parte del grupo edilicio de Morena.
Más allá de la preocupación por la inseguridad pública en Guadalajara, un municipio que se ubica dentro de los 50 más violentos del país, prevalece en la capital de Jalisco, una denuncia por compra a sobreprecio de 290 patrullas y que estarían dejando una ganancia ilícita de 300 millones de pesos para funcionarios y empresarios, según denuncias que ahora enfrenta el alcalde.
Es el primer pleito legal que se levanta sobre una de las primeras licitaciones públicas que se aprueban en el gobierno de Guadalajara y que encabeza el exdirigente de la Coparmex Jalisco, hoy alcalde de la segunda ciudad más importante de México, Pablo Lemus.
Se trata de la licitación para la adquisición de 290 patrullas, en medio de una operación adjudicada por un monto de 786 millones de pesos, denuncia pública que ahora retoma el periodista Ricardo Ravelo en el portal digital Sin Embargo.
El 14 de diciembre partidero.com informó que la principal beneficiaria con la adjudicación era una empresa cercana a Guillermo Romo, amigo del gobernador Enrique Alfaro, y quien fue señalado por irregularidades en el proceso de renta de maquinaria pesada, en un contrato establecido por 3 mil 600 millones de pesos.
Otro personaje clave para entender las presuntas irregularidades que se denuncian en ese proceso de la licitación LPN 010/2021, fechada el 7 de diciembre por parte del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento tapatío, es el excuñado de Enrique Alfaro Ramírez, Rafael Martínez, responsable del área Jurídica, según publica el periodista Ricardo Ravelo Galo.

“Señalado públicamente de encabezar una red de jueces y magistrados con los que suelen hacer jugosos negocios con la justicia”, Ravelo habla de la gran influencia ejercida por ese funcionario para sacar adelante ese negocio de la licitación.
Indica que una de las empresas perdedoras, Forza Arrendadora Automotriz S..A de C.V interpuso un amparo después de ser descalificada y ante la serie de irregularidades detectadas.
El amparo -se ventila a través de la justicia federal- exige que se haga valer la suspensión, también se presentó ante el tribunal la solicitud para que se decrete el desacato a la medida cautelar.
Lejos de respetar el ordenamiento judicial, Pablo Lemus responde con descalificaciones e insultos a los regidores que le cuestionan, como el coordinador de Morena Carlos Lomelí.
Sin embargo, no dice nada sobre lo que menciona Ravelo respecto a que la principal beneficiada con ese contrato, es la empresa Integradora de Apoyo Municipal S. A de C. V, que ya venía haciendo tratos con el ayuntamiento de Zapopan cuando él fungió como alcalde.
En aquella ocasión, la adjudicación para la adquisición de patrullas fue de más de 293 millones pesos, por el arrendamiento de 248 patrullas.
Lejos de sus berrinches ante los medios, Lemus ahora deberá demostrar, dentro y fuera del ayuntamiento, que el negocio de las patrullas no es un pago de favores político-electorales o comprobar ante los ciudadanos, que no hay mala fe en el manejo de los recursos públicos o de contrario quedará exhibido como un gobernante que busca el beneficio de una cofradía.