Ciudad de México.- Alegando que su cliente no es Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, la defensa de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) ─y ahora permanece permanece preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico─, pidió a la Fiscalía revelar las pruebas del caso y no proteger la identidad de los testigos durante el juicio.

“No es el Chapo”, por lo que “no representa ningún riesgo a la seguridad” de quienes testifiquen, sostuvo la firma de César de Castro mediante una misiva dirigida al juez Brian Cogan, quien también llevó el caso del líder y fundador del Cártel de Sinaloa, que derivó en prisión de por vida.

Lo anterior en respuesta a la petición hecha el pasado 1 de diciembre de los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quienes solicitaron mantener secretos de manera temporal materiales que podrían revelar las identidades de posibles testigos o cuyos detalles podrían interferir en investigaciones activas.

Otra de las justificaciones de la defensa del exfuncionario federal mexicano es que durante su estancia en prisión ha transcurrido sin incidentes.

“Este Tribunal debe denegar la moción del gobierno de una orden que permita la divulgación diferida de algunos de los materiales que se pueden descubrir bajo la Regla Federal de Procedimiento Penal 16 porque cualquiera de las supuestas preocupaciones de seguridad expresadas por el gobierno no pueden ser superadas por el perjuicio a los derechos al debido proceso del señor García Luna… la defensa se encuentra en una desventaja significativa al oponerse a lo que es crucial información relevante para nuestra defensa”, subrayó la firma del litigante De Castro.

De Castro añadió que el perjuicio sustancial que la divulgación diferida afectará a su cliente, quien ya vive un perjuicio “como preso obligado a prepararse para el juicio durante una pandemia mundial mortal. El mayor prejuicio que sufrirá el señor García Luna si la Corte acepta la moción del gobierno está más allá del prejuicio que enfrentó el señor Guzmán Loera”.

En su petición, los fiscales del Departamento de Justicia para evitar la divulgación de las identidades de los testigos indicaron que “el acusado (García Luna) y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros”.

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