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Nos quedó a deber el IEPC Jalisco

Nos quedó a deber el IEPC Jalisco

El pasado 22 de septiembre del 2020, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó los lineamientos a través de los cuales se pretendía garantizar la paridad de género en las candidaturas del próximo proceso electoral.

Sin embargo, esos lineamientos, garantistas y progresistas, fueron rasurados el pasado sábado 14 de noviembre por el pleno del Consejo Electoral, que flaco favor hace a los partidos políticos al no garantizar la democracia paritaria y dejar a criterio de los mismos el cumplimiento. Esto en pleno puente, como si quisieran que no nos enteráramos.

De acuerdo con lo aprobado, cada partido enlistará las localidades conforme a los mayores porcentajes de votos obtenidos en la elección pasada, de mayor a menor. Los 125 municipios se dividirán en seis bloques y cada uno se ordenará a su vez de mayor a menor población.

Con criterios poco claros, revoltosos o confusos ─ o al menos dignos de un rompecabezas─ el Consejo General del IEPC decidió menoscabar los derechos políticos de las mujeres y hacer oídos sordos a las demandas que diversos colectivos feministas de Jalisco y del país, incluyendo una carta firmada por cerca de 40 diputadas federales en la que le solicitaban que los lineamientos se apegaran a los emitidos por el Instituto Nacional Electoral.

La demanda mínima era que se aprobaran los criterios ya consensados en la Comisión de Igualdad del IEPC, que contenía criterios más claros de inclusión y garantizaban la participación política de las mujeres en los municipios de mayor densidad poblacional, es decir, en la zona metropolitana de Guadalajara.

Los lineamientos validados por el IEPC aseguran que las mujeres seguirán subrepresentadas, pues no garantizan ampliar espacios de participación para ellas en los municipios más poblados.

El artículo 11 del acuerdo aprobado por el IEPC le pone candado para que las postulaciones en los 10 municipios más poblados fueran mitad mujeres y mitad hombres. No se trata de que postulen a mujeres en la mitad de las planillas, sino que estas mujeres tengan posibilidades reales de llegar a ser electas en los municipios más grandes en población y presupuesto, en eso se traduce la igualdad sustantiva, lo demás es pura palabrería.

Los lineamientos se prestan a diferentes interpretaciones según el partido y se alejan de buscar una paridad sin complicaciones, además de que no garantizan la paridad y progresividad en los derechos políticos de las mujeres. Lo que las feministas pedimos para garantizar la paridad es que los lineamientos fueran claros, que de los 10 municipios más poblados 5 fueran candidatas mujeres y 5 hombres, esto significaría avanzar para que las mujeres gobiernen municipios con mayor número de población y con mayor incidencia social, política y económica; entonces sí se estaría avanzando en la igualdad sustantiva.

Sin duda, hay otros aspectos de los lineamientos que resultan progresivos e innovadores, como la inclusión de personas jóvenes y personas indígenas, sin embargo, en materia de paridad nos siguen quedando a deber.

Mal, muy mal el Consejo General, que no fue capaz de ratificar lo que su propia Comisión de Igualdad había aprobado y prefirió dar pasos atrás y no mirar lo que era su obligación mirar, como es el hecho que desde 1995 a 2015, sólo 38 mujeres han sido presidentas municipales frente a 957 hombres.

Se olvidaron también lo que el propio dictamen del 22 de septiembre establece: “garantizar el principio de Igualdad entre hombres y mujeres, promover y acelerar la participación política de las mujeres a cargos de elección popular y eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. Aún es necesario implementar acciones que permitan erradicar la condición de desventaja de la mujer frente al colectivo masculino, debido a la relación asimétrica de poder existente a partir de los roles y estereotipos culturales que se han establecido para los géneros”.

Sólo discurso en papel. Ahora sigue la impugnación que realizaremos en tribunales,  ni modo, a seguir judicializando nuestros derechos, porque calladas, no nos vamos a quedar.

 

 

medium.com/dra-lupitaramos

@dralupitaramosp

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Acerca del autor

Guadalupe Ramos Ponce

María Guadalupe Ramos Ponce es doctora en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo, además de investigadora y académica de la Universidad de Guadalajara. Funge también como coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en México (CLADEM) en Jalisco.

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