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Nuestro México bárbaro. Un recuento trágico del primer año de AMLO (II)

Nuestro México bárbaro. Un recuento trágico del primer año de AMLO (II)

El siguiente es un trabajo colectivo -segunda de tres partes- realizado por un grupo de medios independientes: Ríodoce, de Sinaloa; proyecto Puente, de Sonora; La Verdad, de  Chihuahua; Partidero de Diez, de Jalisco; Poblap, de Guanajuato; Amapola, de Guerrero, y Voz Alternativa, de Veracruz que, junto con Michoacán y Tamaulipas, son las entidades más violentas del país en lo que va de 2019.

 

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Guanajuato

Verónica Espinosa/ Poplab.mx

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Guanajuato, el estado más violento.

 

El estado sufre como nunca ante los efectos de los desplazamientos de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y su confrontación con los cárteles locales como el de Santa Rosa de Lima, que por años habían dominado las redes delictivas del narcomenudeo, el trasiego de drogas y de combustible sustraído de los ductos que atraviesan el estado y desde la refinería “Ing. Antonio M. Amor” en Salamanca, todos, negocios ilícitos millonarios.

Ni las reiteradas advertencias y promesas del actual gobernador del PAN, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ni los experimentados perfiles de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General del estado o los directores de policía de los municipios del corredor industrial que concentran al mayor número de habitantes, han impedido que este año Guanajuato esté ocupando el primer sitio nacional en el número de homicidios dolosos: 2 mil 865 de enero a octubre.

En el fondo de ese número hay decenas de víctimas circunstanciales y población muy joven alcanzadas por las balas. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad  Pública (SESNSP) reveló en su estadística al mes de octubre que 105 menores de edad figuran entre las víctimas de los asesinatos cometidos este año en el estado.

Estos menores han perdido la vida al participar en actividades delictivas habilitados como gatilleros o narcomenudistas, o como víctimas en las incursiones de grupos armados en domicilios particulares o en el fuego cruzado en las calles.

Las balas, en efecto, han sido la causa creciente de estos crímenes. Más del 84 por ciento de los homicidios dolosos de enero a octubre fueron cometidos empleando armas de fuego.

El 25 de noviembre, Día internacional por la erradicación de la violencia contra las mujeres, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) publicó datos preliminares sobre la violencia homicida en contra de las mujeres en el país, que ubican al estado en el segundo lugar de asesinatos dolosos, con 239, después del Estado de México, donde fueron asesinadas 272.

Es en Estado de México y Guanajuato, junto con Jalisco, Baja California y Chihuahua donde se concentraron más del 53 por ciento de los homicidios de mujeres en ese lapso del presente año.

La atracción de empresas de diversos sectores en todo el corredor industrial y un pretendido blindaje del territorio guanajuatense con tecnología de punta por la que se pagaron más de 2 mil millones de pesos (Proyecto Escudo) en cámaras, radios, arcos carreteros e instalaciones de cómputo y mando, permitió a los gobernadores panistas hasta el sexenio de Juan Manuel Oliva Ramírez (2006-2012) presumir un estado con una economía en crecimiento y seguro.

Pero en la segunda mitad del siguiente sexenio, el de Miguel Márquez Márquez, esa imagen se hizo añicos.

La guerra de los cárteles se apoderó de calles y vidas

En los últimos años del mandato de Márquez, quedó al descubierto la incesante explotación ilícita de hidrocarburos de los ductos de Pemex y de la refinería en Salamanca, aunque esta actividad en realidad había iniciado desde muchos años atrás, como consigna en las investigaciones publicadas por la periodista Ana Lilia Pérez en sus libros “Pemex RIP”, “Camisas azules, manos negras” y “El Cártel Negro”, en los que documentó que fue precisamente en la refinería salmantina donde se comenzó a robar el combustible producido por la paraestatal.

Un grupo criminal local sentó sus reales desde hace por lo menos una década y convirtió al huachicoleo (como se conoce al trasiego de combustible robado) en su principal fuente de ingresos, el denominado Cártel Santa Rosa de Lima, liderado por un ex policía, José Antonio Yépez Ortiz.

Pero la entidad tampoco se sustrajo al incremento en el consumo de drogas y por lo tanto, a la multiplicación del narcomenudeo, sobre todo de la droga conocida como “cristal”, cuyo consumo se quintuplicó en unos pocos años.

Un análisis de la organización México Social hecho por el sociólogo Saúl Arellano con datos del INEGI, refiere cómo la violencia criminal fue creciendo de manera exponencial particularmente a partir del 2015.

Paradójicamente, un año antes el entonces gobernador Miguel Márquez había inaugurado por todo lo alto el sistema de vigilancia “Escudo” adquirido en más de 2 mil millones de pesos —para lo que se adquirió un préstamo—, que muy pronto demostró su ineficacia en las tareas para inhibir, detectar y frenar la incursión de los emisarios del Cártel Jalisco o las operaciones delictivas del grupo “La Unión” —grupo criminal asentado principalmente en León— o del de Santa Rosa.

Así, todavía en el año 2013, Guanajuato no figuraba entre los estados con mayores índices de homicidios dolosos u otros delitos de alto impacto. Ese año, mientras que el Estado de México registró 3,311 homicidios dolosos (según INEGI) en Guanajuato se cometieron 701.

Pero ya para el 2017, Guanajuato estaba en el tercer lugar nacional de ese delito, con 2,241 homicidios, mientras que en el Estado de México se registraron 3,072.

En el caso de Guanajuato, la cifra había aumentado en un 219 por ciento en sólo cuatro años, para quedar por encima de Tamaulipas o Guerrero, que hasta antes de ese año aparecían en los primeros lugares de esa estadística.

“En 2018 se dio el histórico cambio: Guanajuato cerró el año con una cifra insólita de 3,412 homicidios; el Estado de México en segundo lugar con 3,134 casos; Baja California también sorprendió ubicándose en el tercer lugar, con 2,855 homicidios dolosos; Jalisco subió al cuarto lugar; y Guerrero y Chihuahua descendieron a la quinta y sexta posición, respectivamente”, dice el análisis de la organización México Social.

En septiembre de 2018, al concluir el mandato de Márquez —que antes de irse reconoció haber dejado la deuda de la inseguridad— su sucesor, Diego Sinhue Rodríguez, también del PAN, ratificó a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca y al entonces procurador de Justicia Carlos Zamarripa Aguirre, quien en febrero del 2019 se convirtió en fiscal general del estado para los próximos nueve años, cuando casi cumplía 10 años como procurador.

El gobernador también prometió que daría prioridad a la recuperación de la tranquilidad de las y los guanajuatenses.

Pero a poco más de un año de su mandato, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha permeado en una extensa parte del territorio estatal con una avasallante fuerza y mantiene una lucha brutal contra el grupo criminal local más visible, cuyo jefe “El Marro”, no ha sido capturado con todo y los despliegues del operativo bautizado como “Golpe de timón” con la Marina primero, y ahora con el Ejército.

Los saldos han alcanzado también a integrantes de diversas corporaciones, entre policías municipales —incluyendo a varios titulares—, agentes ministeriales del estado, custodios de centros penitenciarios, policías federales y recientemente, elementos de la Guardia Nacional, que en junio entró a patrullar algunas zonas de Guanajuato, particularmente del Sur y Occidente.

Al menos 49 elementos de estas distintas corporaciones fueron asesinados hasta principios de noviembre de este año; los municipios que concentraron la mayoría de estos asesinatos —en emboscadas, interceptados en carreteras, cuando salían o se dirigían a sus domicilios o en enfrentamientos— son Celaya, Irapuato, León y Valle de Santiago.

En este último municipio, cinco custodios del Centro de reinserción social fueron emboscados y asesinados con decenas de disparos a la camioneta en la que viajaban, a unos pocos kilómetros del centro penitenciario, en septiembre. Unos meses antes, a principios de año, el jefe de esos custodios fue asesinado por un motociclista en la ciudad de Guanajuato, cuando iba a dejar a su hijo a la escuela.

En el 2018, el número llegó a 64, según la organización Causa en Común.

También funcionarios públicos, particularmente de gobiernos municipales, han sido víctimas de la ola de homicidios. Los regidores de Apaseo el Alto Francisco García, y de Comonfort José Luis Saucillo, fueron asesinados a fines de  septiembre, uno al día siguiente del otro.

El 29 de noviembre, el tesorero de Abasolo Mauricio Guerrero, fue torturado y asesinado.

Al día siguiente, el sábado 30, el ex presidente municipal de Cortázar, el ex perredista Hugo Estefanía Monroy, fue también asesinado por un sicario que entró a la oficina de su empresa de transportes donde se encontraba el ex alcalde con su esposa y dos colaboradores, un hombre y una mujer; esta última también murió en el ataque.

Estefanía había sido exhibido meses atrás por una llamada telefónica con un supuesto integrante del cártel de Santa Rosa de Lima en la que hablaban de hacer negocios desde la administración pública.

Antes de ser asesinado, el ex alcalde trabajaba en la conformación de las Redes Sociales Progresistas en el estado.

 

 

Michoacán

Francisco Castellanos J./Partidero

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En Michoacán, las masacres son el pan de cada día.

 

De años atrás, Michoacán está en el regazo del crimen organizado y nadie ni nada frena la violencia y muerte, al contrario, se han incrementado las ejecuciones más despiadadas y las masacres.

La supuesta estrategia conjunta de los gobiernos estatal y federal con la llegada de la Guardia Nacional, han sido un fracaso.

Los índices de inseguridad en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo han aumentado, rebasando incluso, los niveles que había en 2012, cuando la desesperación ante la violencia y extorsiones sin control ocasionó el surgimiento de las autodefensas que se levantaron en armas con el doctor José Manuel Mireles a la cabeza.

Así, en lo que va de 2019, de acuerdo con datos oficiales, se han cometido mil 620 homicidios dolosos; de ellos, 162 son de mujeres. Las ciudades más socorridas por el crimen organizado han sido Uruapan, Zamora y Morelia, donde mueren por “racimos”.

Con este número de mujeres víctimas de homicidio doloso de enero a noviembre, Michoacán se convirtió en la séptima entidad con mayor incidencia de este delito, ocupando el 4.8 por ciento del promedio nacional por cada 100 asesinatos en contra de la población femenina.

De acuerdo con el más reciente informe sobre incidencia delictiva en contra de mujeres emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se desprende que de las 84 mil 600 féminas víctimas de algún delito, el 2.49 fueron por homicidio doloso y tipificados como feminicidios, sólo el 0.88 por ciento.

Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica también que el homicidio doloso es el rubro que más se ha disparado en el estado.

Hasta 2014, no llegaron a mil los homicidios. Ese año hubo 932. Sin embargo, en 2016, cuando Silvano ya era gobernador, se disparó a mil 428. En 2017, subió a mil 732 y en 2018, sumaron 2 mil 78. En lo que va de este año, se  registró un aumento de 8.7 por ciento en homicidios dolosos, en comparación con 2018, el doble de hace diez años.

 

Tiempo de masacres

El 23 de mayo en un enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada dejó un saldo de diez muertos y tres más heridos. La balacera se registró en la colonia Arroyo Colorado, en Uruapan.

El 27 de mayo, en Zamora, en un ataque al cuartel de la Policía estatal perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murieron cuatro elementos de la corporación.

El 8 de agosto, 20 cuerpos fueron encontrados colgados en diversos puntos de Uruapan. Las ejecuciones fueron ocasionadas por la lucha de grupos criminales que se disputan la ciudad, indicó el fiscal general del estado, Adrián López Solís. Trascendió  que la masacre la cometió el CJNG en presunta venganza contra Los Viagra. Sin embargo, al día siguiente aparecieron mantas donde este grupo se deslindaba. Siete de las víctimas fueron encontradas colgadas en diferentes puentes de la ciudad.

Posteriormente, tras ser atacado por un grupo armado, en el municipio de Ziracuaretiro, murió el Coronel de Infantería Víctor Manuel Maldonado, comandante del 14 Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales del Estado.

Cerca de las 9 de la noche del viernes 20 de septiembre, dos sujetos armados dispararon de manera directa contra cuatro hombres que se encontraban en el bar California Grills, en Uruapan, lugar en donde además otras tres personas resultaron heridas.

Trece policías fueron asesinados durante una emboscada en el municipio de Aguililla, Michoacán, el 14 de octubre. El municipio, según los mismos pobladores, se encuentra bajo control del Cártel Jalisco, el más importante del estado, pero no el único.

El domingo 3 de noviembre una balacera  en el estacionamiento de la Plaza de Toros de Uruapan, donde había un tianguis de autos, dejó cinco vendedores muertos.

 

Nuestra historia

La historia omite que en Michoacán, desde los años 40, ya existía un tráfico de drogas como la heroína que se procesaba a partir de la amapola ,sembrada en zonas altas del estado y que eran enviadas a laboratorios médicos de Estados Unidos, en coordinación o con acuerdo con autoridades federales (Ejército Mexicano).

Dado lo propicio del terreno y el clima michoacano, la producción de mariguana y su exportación a Norteamérica empezó en la década 50-60.

Para las siguientes dos décadas (70-80 y 90-2000), el estado se convirtió en lugar clave para el narcotráfico por la actividad del puerto de Lázaro Cárdenas, punto estratégico para el crimen organizado, ya que no solo sirve para recargar combustible sino también para el trasiego de droga en general que va principalmente al país del norte… y dejar parte de la misma, sobre todo cocaína, para consumidores del país.

Ya para esa época existían operando varios cárteles y estaban clasificados por zonas. Por ejemplo, en la costa operaban los Arellano Félix; en Tierra Caliente, los hermanos Amezcua; en el oriente —de Zitácuaro hasta Huetamo— el Cártel del Golfo encabezado por los García Abrego; y en la región Tacámbaro, Nocupétaro, Carácuaro y Villa Madero, Amado Carrillo “El Señor de los Cielos”.

En los límites de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, desde Sahuayo hasta Zamora, “Los Ranger” o “Cowboy”, grupo que estaba ligado a los “Mexican Mafia” (MM), quienes controlaban la goma de opio, su principal producto.

En el centro del estado, con base Uruapan, estaban los hermanos Valencia, quienes no sólo eran los principales traficantes entonces, sino interlocutores entre el crimen y el gobierno.

A partir del año 2000, las elecciones en la entidad ya no las ganaba el PRI, sino el PRD, encabezado por Lázaro Cárdenas Batel, y ante la detención de los hermanos Amezcua, a quienes se les ligaba con la familia del entonces presidente Ernesto Zedillo, dos grupos pretendieron tomar el negocio: fue como se inició un enfrentamiento afuera de un centro comercial en Morelia donde murió un operador y sobrino de los Valencia.

Después de este hecho, se inició una guerra en territorios donde dominaba Carlos Rosales, “El Tísico”. Éste, contrató un grupo de sicarios denominados “Los Z” para posesionarse de los principales territorios del estado.

Así inició una guerra que duró hasta 2003. En 2004, “El Tísico” fue detenido iniciándose una restructuración con hechos sangrientos y fue en 2006 cuando surgió la Familia Michoacana al arrojar varias cabezas humanas en un centro nocturno de Uruapan junto con un letrero en el que anunciaban la nueva célula encabezada por Nazario Moreno y “El Chango” Méndez,

Para el 2010, y a la supuesta muerte de Nazario, “El Más Loco” (en 2014), se inició la recomposición de la célula criminal. En 2011, casualmente antes de la elección gubernamental, mediante mantas informan la  división la “Familia Michoacana” para darle da paso, a “Los Caballeros Templarios” encabezado por Enrique Plancarte “El Kike”, y Servando Gómez “La Tuta”. A la par del nuevo gobierno inician su actuar mediante diversas acciones, incluido el terrorismo social.

En 2012, iniciando el gobierno de Fausto Vallejo, ante el terrorismo social e intimidación delictiva se conforman los grupos de autodefensa encabezados por el doctor José Manuel Mireles Valverde e Hipólito Mora. Luego se suman personas de cerca de 50 municipios, quienes ante agresiones y extorsiones, enfrenan a este grupo delictivo.

La llegada en 2014 de Alfredo Castillo, comisario de Enrique Peña Nieto, dividió y dispersó las autodefensas y los grupos delictivos aprovecharon la coyuntura para posicionarse.

Así se crean cotos de poder donde a partir de las células que quedaron de los Templarios y la incursión del CJNG, se inicia una nueva lucha.

 

El mapa geodelictivo

Actualmente hay una guerra geodelictiva dividida regionalmente: entre

  1. CJNG, de Nemesio “Mencho” Oseguera y El Abuelo;
  2. Los Viagra, hermanos  Sierra Santana, Nicolás “El Gordo”, Carlos Sierra Santana más seis hermanos, originarios de Huetamo;
  3. Nueva Familia Michoacana, Antonio Méndez, su sobrino “La Góndola”;
  4. Caballeros Templarios, (lo que quedó), Homero González Silva El Gallito, sobrino de Nazario Moreno y Migueladas, aliado con CJNG;
  5. Los Blancos de Troya, El Troyano, uno de los  guardaespaldas de El Chayo, zona de Tierra Caliente;
  6. Los Justicieros, controlan Zamora y Lázaro Cárdenas (son ex marinos y PF);
  7. La Vieja Guardia, comandantes y expolicías de la Policía Ministerial del Estado;
  8. Los locos de la sierra, ex miembros de los Caballeros Templarios;
  9. H3, Tercera Hermandad, de Simón El Americano y Don Chava, levantados desde el año pasado;
  10. Los Vengadores, que operan en Morelia;
  11. Grupo Iris, en la zona de Huetamo, San Lucas, Don Boni;
  12. Los Caballeros de Elite, en Morelia  y Pátzcuaro;
  13. Los Valencia o Milenio, Chava Lentes;
  14. Mayo Zambada;
  15. Brazo de Oro;
  16. El Grupo del Cenizo;
  17. “El Grupo de El Metro” y
  18. Los Cinco del Cerro.

 

Chihuahua

Martín Orquiz/ La Verdad

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La incidencia delictiva se ha mantenido constante en Chihuahua.

 

Aun cuando Ciudad Juárez fue considerada como el punto de arranque para trazar la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para la pacificación del país, el balance de su primer año de gobierno exhibe que en esta comunidad fronteriza la violencia se recrudeció y arrebató la vida a mil 495 personas.

Esa cifra establece un aumento de 20.5 por cientos en el número de personas asesinadas del 1 de diciembre del 2018 al 30 de noviembre del 2019, con relación al mismo periodo del 2017-2018, cuando ese índice llegó a mil 240 víctimas mortales a consecuencia de la inseguridad que se registra en la ciudad con más población del estado de Chihuahua, con más de un millón 400 mil habitantes.

Los índices de criminalidad no bajan pese a los operativos implementados en esta localidad consideradas por el gobierno lopezobradorista como prioritaria para reducir la delincuencia. Por el contrario, los hechos violentos tienen a Ciudad Juárez en jaque y volvieron a poner en alerta roja a las corporaciones policiacas que son desafiadas con agresión a balazos, incendios de vehículos —en su mayoría camiones de transporte público— y asesinatos.

Frente a este panorama, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ubicó en octubre pasado a Juárez en el segundo municipio del país con mayor número de homicidios dolosos, sólo por debajo de Tijuana.

A nivel estatal, los asesinatos cometidos apenas si registran una reducción de 5.5 por ciento en el primer año de AMLO en el gobierno federal, al alcanzar 2 mil 089 asesinatos en la entidad. En el lapso inmediato anterior, de diciembre del 2017 a noviembre del 2018, cuando presidía el país Enrique Peña Nieto, fueron 2 mil 211 las víctimas.

Peor aún, la gran mayoría de estos delitos están en la impunidad y sus víctimas en espera de justicia, de acuerdo con reportes oficiales.

Los resultados exhiben que las estrategias contra la inseguridad no han tenido aún el funcionamiento ni la coordinación que se requiere, consideraron especialistas en el tema de seguridad pública y justicia.

Para la coordinadora de la Mesa de Seguridad Juárez (MSJ), Isabel Sánchez Quirarte, las intervenciones de la administración de López Obrador aquí han sido insuficientes para cumplir los ofrecimientos que hizo al comenzar su gestión.

El criminólogo y profesor universitario, Oscar Máynez Grijalva, dice que el mandatario mexicano realiza acciones contra la impunidad y la corrupción, pero el resultado podrá apreciarse hasta dentro de 10 años y falla en implementar acciones a corto plazo que den confianza a los ciudadanos.

A su vez, Juan Ángel Lira Quintana, presidente de la Organización de Abogados Postulantes Independientes en esta frontera, considera que el presidente de México todavía enfrenta la resistencia de funcionarios estatales y municipales que, además, protegen algunas de las actividades que provocaron los conflictos que se enfrentan en la actualidad, como el cúmulo de homicidios.

El resultado estadístico expuesto tiene como base cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) publicadas por la Mesa de Seguridad y Justicia (MSJ) de Ciudad Juárez.

 

En entredicho plan anticrimen

Ante el recrudecimiento de la violencia, el propio presidente López Obrador ha reconocido que sus operativos en esta plaza no han tenido resultados.

“En Juárez, por ejemplo, donde también hay operativo, no se ha podido lograr una disminución”, indicó el mandatario en uno de los primeros balances a su gestión de zonas prioritarias en marzo pasado. La espiral de inseguridad recrudeció más aún en los siguientes meses.

“Los números no mienten de cómo estamos en inseguridad, es muy triste lo que estamos ahorita viviendo”, señala Sánchez Quirarte como crítica al primer año del Gobierno Nacional.

Da a conocer que hasta septiembre pasado en Ciudad Juárez se cometieron mil 149 homicidios, mientras que el 2018 cerró con mil 247, en caso de continuar al ritmo que se lleva en la actualidad los integrantes de la MSJ calculan que el año cerrará con mil 500 homicidios o más.

Ese rango añadiría unos 300 asesinatos a lo que se presentó el año pasado, un incremento de casi el 25 por ciento, lo que calificó como negativo para la comunidad.

“Si bien la ciudad está relativamente en paz en lo que respecta al resto de delitos, porque no están al alza y están todos controlados, en homicidios se espera un crecimiento”, menciona.

Recuerda la promesa que hizo López Obrador para reducir las muertes dolosas durante el primer año de su gobierno, lo que no se ha visto, tampoco se nota una Guardia Nacional (GN) activa con relación a la persecución o contención del delito porque está en tareas de migración.

“No creemos que para eso se formara la Guardia Nacional y vemos que no podemos esperar mucho en un año, pero no hubo ninguna mejora”, añade la coordinadora de la MSJ.

Sin embargo, dice, se tiene la expectativa de que una intervención que realizaron los tres niveles de gobierno en el Cereso estatal a principios de noviembre —para controlar a quienes ordenan desde su interior incursiones criminales— ayude a bajar el número de homicidios que se cometen aquí en unos dos o tres meses.

Además, agrega, el estado y el Municipio tienen que trabajar con los recursos que tienen, cuidar a los ciudadanos y evitar la esperanza de que la federación ayude a resolver el problema. Además, la sociedad chihuahuense y fronteriza tiene disposición para trabajar en conjunto con las autoridades.

Acerca de la coordinación para el combate a la criminalidad, Sánchez Quirarte considera que existe, sobre todo entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el estado y el Municipio.

El problema que prevalece es que persiste un déficit importante de elementos en las corporaciones locales y en la federal.

“López Obrador prometió que la Guardia Nacional haría la tarea de patrullar y no lo hemos visto, están en el bordo (del río Bravo), no hace el trabajo de contención para el cual se le solicitó ayuda a la federación”, declara.

 

‘Acciones tendrán impacto a largo plazo’

Máynez Grijalva, desde su perspectiva, considera que López Obrador creó instituciones confiables con nombramientos honestos para abatir la corrupción y crear empleos, que son pasos básicos; además,dio apoyo a jóvenes y a gente en situación vulnerable, que es una receta contra la violencia.

Sin embargo, esas estrategias funcionan a largo plazo y México requiere, después de la creación de instituciones confiables, unos 10 años para romper el ciclo nocivo y de otras intervenciones que de un resultado positivo inmediato.

Para combatir al crimen organizado, que son ejércitos con armamento de alto poder, se requiere fuerza, grupos militares o paramilitares con inteligencia que los enfrenten.

“Ahí es donde no me gusta la estrategia de abrazos en lugar de balazos, aunque debe hacerlo diferente a como lo hizo Calderón (Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México), quien no combatió ni la corrupción ni el lavado de dinero, sólo hizo la guerra”, expone.

Reitera que hace falta inteligencia, grupos altamente especializados en combatir a la delincuencia organizada y que el Ejército realice labores “quirúrgicas”, así como cuidar y supervisar a la GN para que sus elementos no cometan abusos.

 

Resistencias frenan estrategias anticrimen

Sobre el tema, Lira Quintana menciona que durante este primer año de la administración de López Obrador no hubo resultados positivos, pero el presidente de México sí trató de hacer cambios en ese sentido, aunqueenfrenta reticencias de ciertos grupos interesados en que no mejore la seguridad pública porque afecta el desarrollo de sus negocios.

“Es un tema que no es tan fácil, porque los cuerpos de seguridad aquí se dedican a proteger a ciertos lugares, giros negros”, acusa.

Con relación a la GN, que fue enfocada a trabajar en la política migratoria por presiones de Estados Unidos, considera que existeun interés interno para evitar afectar a miles de personas transfronterizas que realizan actividades en ambos países, por lo que se prefiere tener un control en pro de evitar mayores conflictos.

Por otro lado, no se refleja que el Gobierno del Estado haya mejorado en sus procesos, ni se ha integrado de forma eficiente para trabajar de forma conjunta con la federación.

Subir los niveles de seguridad, comenta, no será un trabajo fácil para López Obrador; puede ir mejorando, peroes importante que haya disposición política de todas las autoridades, que afronten ese problema y no lo evadan.

“En el caso del gobernador (Javier Corral Jurado) no se le ve, no enfrenta situaciones que él debe encarar porque son serias y delicadas para nuestra seguridad, mientras que el presidente municipal (de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez), está ocupado en otras cosas y no en la administración pública”, señala.

López Obrador, agrega, trata de depurar a los cuerpos policiacos federales porque el enemigo está dentro, ahí está el verdadero conflicto: sanar todas las instituciones de seguridad.

“Cuando se vean reflejados esos cambios, cuando comience a sanar la Policía, entonces la gente se sentirá segura, cuando realmente estén combatiendo a los criminales”, menciona.

 

Tamaulipas

Miguel Ángel Vega/Ríodoce

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Tráfico humano y desaparecidos, una constante en Tamaulipas.

 

Vivir en Tamaulipas en los últimos años es haber respirado la muerte. Al menos así lo considera una joven originaria de Matamoros quien, sin temor a equivocarse, opina que todo tamaulipeco que reside en su estado ha sido víctima de la violencia, por lo menos una vez en su vida.

“A mí me ha tocado un par de veces, pero la más fuerte fue en 2013, en Ciudad Mante, cuando mi esposo y yo manejábamos rumbo a la casa, y en la calle había varios hombres que nos hicieron la parada, pero nosotros temiendo algo peor, aceleramos y los sicarios se vinieron tras de nosotros”, recuerda la joven mujer, quien prefiere mantenerse en el anonimato.

Pocas cuadras más adelante fueron alcanzados, y mientras los sicarios golpeaban salvajemente a su marido, ella tomó a su bebé de 3 meses de nacida del asiento trasero del vehículo, y trató de huir, pero a media cuadra fue alcanzada.

“¡No me mate, por favor no me mate!”, recuerda haber suplicado la joven.

El destino quiso que los sicarios les perdonaran la vida, pero no todos las personas que han sido víctimas de falsos retenes en esa entidad han vivido para contarla, y muchos han terminado asesinadas a tiros o bien, desaparecidas.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), el 2012 ha sido el año más violento en toda la historia de Tamaulipas, cuando se registraron mil 557 homicidios dolosos, y desde entonces las cifras han ido a la baja, y raramente superaron los 900 asesinatos, hasta 2017, cuando se registraron mil 198 homicidios.

“Si a eso le agregas las desapariciones forzadas, y que muchos asesinatos los amigos y familiares no los reportan como homicidios dolosos por temor a represalias, pues los números se disparan”, dijo una periodista de esa entidad, quien también solicitó no se revelara su nombre.

Ioan Grillo, analista de seguridad y autor de varios libros que abordan el crimen organizado en México, dijo que la violencia de los últimos años en Tamaulipas se ha disparado por una serie de reacomodos dentro de las organizaciones criminales que operan en esa entidad.

“Se fraccionaron los Zetas, y ahora hay un grupo que se autodenomina el Cártel del Noreste, pero también surgió otro grupo que se le conoce como Nueva Sangre, y también está la Vieja Escuela, pero también están los Talibanes, que en su momento formaban parte del Cártel del Golfo, y la ruptura en esos grupos criminales es lo que ha provocado una alza en la violencia”, explicó Grillo, autor del libro El Narco.

A los mil 198 homicidios de 2017, le siguieron mil 73 registrados en 2018, hasta que en 2019 los números dieron un ligero bajón, pues hasta el 31 de octubre de este año, se habían registrado 736 asesinatos, principalmente en las ciudades de Matamoros, Reynosa, Mante y Nuevo Laredo.

“Y seguramente serán estadísticas que se van a mantener durante varios años, porque no sólo se han fraccionado esos dos cárteles, sino que también se han diversificado pues ya no sólo es el trasiego de drogas, sino que tienen años controlando el robo de hidrocarburos, prostitución piratería, tráfico humano, venta de droga al menudeo, pero además la extorsión o cobro de cuota, como le llaman”, observó Grillo.

Sin embargo, hay un rubro que la Fiscalía del Estado de Tamaulipas no registra ni reporta como homicidios, y éstas son las desapariciones forzadas, que según algunos analistas debe alcanzar números alarmantes.

Hasta mediados de 2019 se han encontrado decenas de fosas en todo el estado de Tamaulipas, siendo la más conocida la de San Fernando, donde se encontraron 193 osamentas.

Hasta el 31 de Agosto de este año, la Fiscalía de Tamaulipas tenía en su poder más de 2 mil osamentas sin identificar que habían encontrado en los últimos tres años, y en muchos casos se habían identificados restos gracias a la presión de los familiares.

Eso provocó que activistas del norte del país se avocaran a buscar a personas desaparecidas en predios donde podían estar sepultadas, como fue el caso de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, que buscaba a su hija desaparecida desde 2014, pero tras algunos años de buscar infructuosamente, y de ejercer una fuerte presión hacia las autoridades de ese estado, la activista fue asesinada a balazos afuera de su casa, en San Fernando Tamaulipas.

“Es peligroso ejercer ese tipo de presión ante el gobierno, y llega el momento que no sabes de quién cuidarte, si del gobierno o del crimen organizado, que muchas veces son los mismos”, dijo una periodista de ese estado.

Cuando la persona enfrenta al gobierno, o a los narcos, está muerta. Invariablemente. Tal fue el caso de un ranchero del poblado de Padilla, cerca de Ciudad Victoria, don Alejo Garza Tamez, quien en noviembre de 2010 se resistió a ser extorsionado por los Zetas, e indignado decidió enfrentarlos.

El ranchero, de 77 años, se parapetó en su rancho, y enfrentó a los delincuentes, llevándose a cuatro por delante e hiriendo a dos, antes de ser masacrado a balazos por los pistoleros, que para entonces le habían lanzado con granadas y bazucas.

“Sin duda es un estado muy peligroso, y la prueba está en que nadie de nosotros (como periodistas o escritores), queremos ir ahí, por el alto grado de inseguridad que se siente”, observó Grillo.

 

Incidencia de homicidios dolosos en Tamaulipas en los últimos 10 años

 

Homicidios                        Año

736                             Al 31 de Octubre de 2019

1,073                          2018

1,198                          2017

807                             2016

682                             2015

910                             2014

882                             2013

1557                           2012

1097                           2011

963                             2010

 

Fuente: Inegi.

 

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Publicado por Enrique Alfaro Ramírez en Sábado, 30 de mayo de 2020

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