Las mujeres hemos conquistado el derecho a votar, a ser votadas, a participar en la vida pública y a ocupar espacios de poder. Hemos derribado barreras legales, impulsado cuotas, conquistado la paridad y demostrado que la democracia sin nosotras es una democracia incompleta. Sin embargo, cada conquista ha venido acompañada de nuevas formas de resistencia patriarcal.
La violencia política contra las mujeres en razón de género es una de las expresiones más evidentes de esa resistencia. No se trata de conflictos personales, de diferencias partidistas ni de los supuestos costos naturales de participar en política. Se trata de mecanismos estructurales de exclusión que buscan disciplinar, desacreditar, castigar y expulsar a las mujeres de los espacios de decisión.
El patriarcado ha aprendido a convivir con la presencia de mujeres en las instituciones, pero no necesariamente con su autonomía. Tolera su participación mientras no cuestionen las reglas del juego, mientras no disputen los privilegios establecidos, mientras no pretendan transformar las estructuras de poder. Cuando lo hacen, aparecen las amenazas, las campañas de desprestigio, la violencia sexualizada, el hostigamiento, la exclusión y, en sus expresiones más extremas, la violencia feminicida.
Por eso, la democracia paritaria no puede medirse solamente contando mujeres en los congresos, los gobiernos o los partidos políticos. Es indispensable preguntarnos en qué condiciones participan, qué poder real ejercen, qué violencias enfrentan y qué mecanismos existen para garantizar sus derechos.
Este lunes 19 de octubre, desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presentamos el Observatorio Regional de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, una iniciativa desarrollada en el marco del Programa Paridad, con el acompañamiento de Diakonia y el apoyo de la embajada Sueca.
Su lanzamiento representa una apuesta política y feminista que trasciende la recopilación de información. Porque observar no significa permanecer al margen. Observar, desde una perspectiva feminista, implica identificar las estructuras de dominación, documentar las violencias, reconocer patrones de impunidad y generar herramientas para transformar la realidad.
Necesitamos datos, sí, pero también necesitamos memoria, contexto y voces. Necesitamos conocer las experiencias de las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, jóvenes, defensoras de derechos humanos y de todas aquellas que enfrentan violencias agravadas por la discriminación y las desigualdades históricas. Necesitamos identificar no solamente a quienes ejercen la violencia, sino también a las instituciones que la permiten, la minimizan o la reproducen.
La violencia política contra las mujeres no es un asunto exclusivo de las mujeres. Es un problema de calidad democrática. Cada mujer silenciada representa una voz que pierde la sociedad. Cada candidata amenazada, cada funcionaria hostigada, cada defensora perseguida y cada mujer expulsada de un espacio de decisión representan una fractura en la legitimidad de nuestras instituciones.
En América Latina y el Caribe contamos con instrumentos fundamentales, como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, además de los estándares desarrollados en el Sistema Interamericano para enfrentar la violencia contra las mujeres en la vida política. Pero la existencia de normas no garantiza, por sí misma, su cumplimiento.
La impunidad sigue siendo uno de los principales mecanismos de reproducción de la violencia. Cuando las instituciones no investigan, cuando los partidos protegen a sus agresores, cuando las denuncias se trivializan o cuando se obliga a las mujeres a elegir entre su seguridad y su participación política, el mensaje es profundamente antidemocrático: pueden participar, pero deberán asumir las consecuencias de desafiar el poder patriarcal.
A ello se suma una nueva ofensiva de violencia digital. Las redes sociales, que podrían ampliar las posibilidades de participación, se han convertido también en espacios de agresión, amenazas, misoginia y campañas coordinadas para destruir la reputación de las mujeres. Los ataques sexualizados, la manipulación de imágenes y la difusión de información personal buscan imponer el silencio mediante el miedo.
Estas violencias se desarrollan, además, en un contexto regional de avance de discursos autoritarios, fundamentalistas y antiderechos que cuestionan las conquistas feministas y pretenden devolver a las mujeres a espacios de subordinación. No es casual que los ataques contra los derechos de las mujeres acompañen con frecuencia los procesos de deterioro democrático. El autoritarismo y el patriarcado comparten una profunda intolerancia frente a la igualdad, la diversidad y la distribución del poder.
Frente a este escenario, el Observatorio Regional constituye una herramienta necesaria para convertir los datos en evidencia, la evidencia en exigencia y la exigencia en transformaciones concretas. Su valor estará en contribuir a la prevención, a la denuncia, a la incidencia política, al acceso a la justicia y a la construcción de garantías de no repetición.
Desde CLADEM hemos sostenido que el derecho debe ser una herramienta de cambio. Pero también sabemos que ninguna transformación jurídica será suficiente sin organización feminista, movilización social y voluntad política para desmontar las estructuras que sostienen la desigualdad.
El lanzamiento de este Observatorio es también una afirmación de esperanza y resistencia colectiva. Es la expresión de un feminismo regional que se articula, produce conocimiento, construye alianzas y se niega a aceptar que la violencia sea el precio que debemos pagar por ejercer nuestros derechos.
Porque no basta con abrir las puertas del poder si detrás de ellas permanecen intactos los mecanismos de subordinación. No basta con proclamar la igualdad si las mujeres siguen participando bajo amenaza. No basta con celebrar la paridad mientras se tolera la violencia contra quienes la hacen posible.
No puede haber democracia paritaria donde las mujeres participan con miedo. No puede haber igualdad política donde persiste la impunidad. Y no puede haber democracia verdadera mientras se pretenda silenciar a quienes luchan por transformarla.
Hoy, más que nunca, necesitamos observar para visibilizar, documentar para denunciar y conocer para transformar.
Porque las feministas no queremos ser solamente observadoras de la violencia. Queremos ser protagonistas de su erradicación.
La democracia no será verdaderamente democrática mientras las mujeres tengamos que luchar por sobrevivir políticamente en ella.
Dra. María Guadalupe Ramos Ponce
Coordinadora Regional de CLADEM
Profesora Investigadora de la UdeG
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