Felipe Cobián Rosales

01 de septiembre de 2022.- Sucedió hace doce años -el 5 de agosto de 2010- en Copiacó, desierto de Atacama, en el norte chileno. Un derrumbe dejó atrapados a 33 hombres que laboraban en la mina San José a una profundidad de 700 metros, donde pudieron protegerse en una caverna.

Se hizo un primer intento de rescate, pero un segundo derrumbe desanimó al mismo gobierno nacional y anunció a retirada. No obstante, las protestas de los familiares comprometieron a las autoridades a continuar y en dos semanas más supieron que todos estaban con vida, aunque desnutridos.

Tras 70 días de entierro y trabajos ininterrumpidos, fueron rescatados sanos y salvos el 13 de octubre. Eso sí, el gobierno, presidido entonces por Sebastián Piñera, no escatimó recursos de ninguna especie: Envió al ministro de Minas, al del Trabajo y al de Salud. Además, al responsable nacional de Emergencias (Protección Civil en México) y a elementos de la Marina con todo el personal y equipo necesario, entre ellos, médicos especialistas, rescatistas, y especialistas de diversa índole que demandaban las circunstancias. En distintas ocasiones, Piñera se hizo presente para acompañar a familiares de mineros y equipo de rescate.

Primero se propusieron tres planes y, con premura se analizaron una a una y se deciden por el B, lo que cada quien haría e iniciaron de inmediato las distintas encomiendas y las acometidas para abrir las entrañas de aquellas duras rocas.

Rápido, perforaron sin demora tiros con tuberías de diez a quince centímetros para inyectarles oxígeno, comida y medicamentos. Incluso, introdujeron cables de comunicación y de electricidad. También adaptaron pequeños y angostos tubos que llevaban y traían recados.

Y casi al mismo tiempo fueron abriendo perforaciones más amplias junto con una de más de medio metro, debidamente ademada para que sirviera de conducto para las tres cápsulas especiales construidas con tecnología propia -las Fénix 1,2 y 3, con patines para que deslizaran sobre esa cavidad encamisada con acero y cemento, con dimensiones de cuatro metros de largo por 71 centímetros de espesor.

Cada una de ellas dotadas con sistema de oxigenación, arnés, cinturón de monitoreo biométrico, gafas especiales, casco y vendaje antitrombosis para traer a la superficie, uno por uno cada hora, a los mineros sin un rasguño siquiera.

Todo tuvo un costo de casi 30 millones de dólares, de los cuales, alrededor de 20 millones fueron pagados por el gobierno y el resto mediante donaciones.

Toda una proeza que dio la vuelta al mundo y tuvo una audiencia en el acto calculada en más de mil y hasta mil 300 millones de telespectadores, incluidos los tripulantes de la estación espacial internacional permanente.

¿Y en México?

¿Cuándo en México alguien vio siquiera un remedo de lo hecho en Chile por sus mineros? Primero, no fue en Pasta de Conchos, Coahuila, durante los presidentes Vicente Fox-Felipe Calderón cuando en el 19 de febrero de 2006, 65 mineros del carbón, habrían muerto por asfixia y no tanto por la explosión de gas acumulado en su interior, como se manejó.

Aunque ya se habían hechos 43 observaciones a corregir en materia de seguridad e higiene, nada hizo el Grupo México, de Germán Larrea. Se comprometió al rescate de los 65 mineros. Luego argumentó diferentes puntos sin mucho sustento y, finalmente, sin una exigencia seria del gobierno calderonista, dejó enterrados para siempre a los fallecidos ahí mismo. Con un memorial quieren hacerles justicia.

Segundo, este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tanto ha criticado por el mismo motivo a Calderón, hizo mucho menos por rescatar con vida a los diez mineros atrapados en la mina Pinabete, también en Coahuila y en cuestión de menos de un mes los dejaron a su suerte: la muerte, así pudieran estar vivos.

¿Qué pasó en El Pinabete tras el derrumbe a unos 60 metros de profundidad?

Nunca se manejó, que se sepa, una alerta intersecretarial o siquiera una convocatoria a nivel federación -entiéndase del Presidente para abajo-, y de manera coordinada para que, con la participación de toda clase de expertos en esta materia, se viera cómo rescatar, y con vida, a los mineros.

López Obrador optó unilateralmente por enviar a una inexperta, impreparada para el caso, coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien, aunque al final recibió asesoría de técnicos en la materia, tanto nacionales como internacionales, de hacer lo conducente para sellar fuentes que provocaban inundación en las cuevas mineras, nada hizo y únicamente se concretó a sacar y sacar agua con varias bombas insuficientes que, para colmo, vaciaban el líquido a pocos metros de la boca del mineral con la consecuente infiltración y así hasta el infinito.

Su compromiso primordial -el de Laura- parecía no prioritario extraer sanos a los mineros, sino de aparecer, mañanera tras mañanera en pantalla informando al mandatario lo ocurrido en las 24 horas anteriores; hasta que se cansó a los 26 días de la tragedia ocurrida el 3 de agosto pasado y decidió, o le dijo su jefe que ya parara las obras, y así lo hizo. Tal vez por cuestiones de presupuesto. Tal vez por simple enfado. ¿Y los pobres mineros? A su suerte, muertos quizás… Pero a lo mejor vivos aún. Sólo Dios.

¿Por qué no se le ocurriría a alguien -o si lo hubo y comentó a la mejor ni le hicieron caso- hacer una perforación tipo sonda ¡de menos de 70 metros! para explorar el lugar de refugio de los mineros, conocer de su estado de salud y hasta de vida y luego intentar barrenos mucho más amplios para su rescate a ejemplo de los chilenos? Se supone que están, todavía, en un lugar seguro, sin que el agua les llegue. Bueno, salvo que por algún error hayan destapado otra fuente de inundación.

En suma, creo que faltó una verdadera decisión de Estado para salvar -o al menos intentar- a los diez trabajadores topos que son el último eslabón de una mina que abastece de carbón a la Comisión Federal de Electricidad. Y junto con eso falta conocer quién es el verdadero dueño de la misma mina irregular. Tal vez, el más interesado en que no se conozca el fondo del asunto sea el mismo Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE… y puede ser un pozo enorme, sin fondo, de corrupción.

Por todo eso, y más, mejor dejar en su entierro a los mineros con todos los misterios y luego hacer un corte a tajo que puede durar entre seis meses y un año.

Después, otro memorial y, si acaso, una indemnización única. Ni siquiera una pensión mensual a sus deudos, como sí lo hacen en Chile con los 33 sobrevivientes que reciben, cada uno, mes a mes, el equivalente a 527 dólares y, aparte, deberán recibir regalías por documentales y películas sobre el caso.