Partidiario: Claroscuros de la Reforma Política

Felipe Cobián Rosales

05 de mayo de 2022.- Estar completamente en contra de la reforma electoral de AMLO solo por estarlo, parece más un contrasentido de la oposición que una razón de fondo.

Cierto que caló muy fuerte la postura de la alianza PRI-PAN-PRD en contra de la reforma energética, por lo cual no fue aprobada. Esto ocasionó una reacción más que airada, desproporcionada y fuera de lugar del Presidente, y con él de los morenos e incondicionales, al calificar de “traidores a la patria” a toda la oposición, pero en particular a los legisladores, como si disentir con el mandatario fuera el mayor de los pecados, como si gozara de una infalibilidad casi divina, profética, mesiánica.

Fue precisamente a partir de ahí que la fracción opositora se uniera en una sola voz, y probablemente más fuerte ahora que antes -un verdadero milagro del Presidente que logró cohesionar, como no lo habría esperado por atreverse a pensar y sentir que sus iniciativas son tan perfectas y no se les debe cambiar ni una coma-.

De ahí pues que la alianza opositora declarara al unísono que las modificaciones constitucionales que tienen que ver con las elecciones “no pasarán”. El extremo total porque no se permitió ninguna propuesta que viniera del lado opuesto para unirla a la iniciativa también llamada “Ley Bartlett”.

Sin embargo, entre rechazar totalmente la reforma electoral y lograr que se le hagan algunas modificaciones sustantivas, sobre todo para evitar que el INE pierda su autonomía y caiga en garras gubernamentales, como antaño, cuando el mismo Bartlett en su calidad de secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, propició la famosa caída del sistema en 1988, al ser al mismo tiempo el que presidía el organismo responsable de las elecciones, tiene que haber atenuantes.

Aquel vergonzoso acontecimiento impidió que llegara a la Presidencia Cuauhtémoc Cárdenas y arribara al poder Carlos Salinas de Gortari, el gran impulsor del neoliberalismo que tanto se ataca ahora desde la más alta tribuna del país, pero olvida quién o quiénes lo impulsaron a tal grado de hacer más ancha y honda la brecha entre pobres y ricos.

Ahora, con esta nueva reforma electoral, que será, o sería la novena en más de medio siglo, que si bien tiene algunos puntos oscuros, como el hecho de que las iniciativas presidenciales tendrán prioridad o preferencia para ser discutidas por el Congreso de la Unión, o que el mismo Ejecutivo tendría, además, la facultad de observar el presupuesto de egresos de la Federación y a Ley de Ingresos y la
facultad para publicar parcialmente leyes cuyas observaciones no hayan sido superadas en el Congreso.

Y en cuanto al actual INE, éste perdería su autonomía y las decisiones del Ejecutivo podrían ser tan centralistas como antaño, como ya se mencionó. Y sobre la reducción del número de consejeros de once a siete, tengo mis dudas, pero estoy de acuerdo con que se reduzcan sus percepciones, sin que ello pueda prestarse a que cumplan consignas o sencillamente se corrompan por tal de obtener ingresos adicionales.
Los claros son:

1-, Se reduce de 128 a 96 los senadores y los diputados de 500 a 400, no a 300 como se ha manejado. La iniciativa habla de 400 escaños: -Art. 52.- La Cámara de Diputados estará integrada por 240 diputados electos según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 160 diputados que serán electos mediante el principio de representación proporcional.

2- Se baja también el número de diputados estatales y de regidores a no más de 45 en el primer caso y no más de 15 en el de los segundos. Tanto unos como otros -e igual ocurrirá con los alcaldes en la
CDMX-, podrán reelegirse hasta por doce años. Otro tanto sucederá con diputados federales y senadores. Y ojalá que esta nueva medida no se quiera extender luego al Poder Ejecutivo y se permita la reelección.

3-. Se implanta la segunda vuelta en la elección presidencial en caso de que en la primera algún candidato no logre mayoría absoluta de más del 50%. Un viejo anhelo que hasta hoy no se ha hecho realidad.

4-. El financiamiento oficial a los partidos se hará únicamente durante las campañas.

5-. Para que los partidos políticos ganen o no pierdan su registro, deberán tener un porcentaje mínimo de votos del 4 por ciento del total. Esta medida contribuirá a que algunos grupos o familias no puedan hacerse tan fácilmente de un partido que, en algunos casos se han convertido en verdaderos negocios.

6.- Los ciudadanos podrán presentar ante las cámaras legislativas, iniciativas de ley, igual que lo hará en adelante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acuerdo con su competencia.

Lo más importante en el futuro será que el propio López Obrador se someta a las leyes, sean las ya existentes o las que él mismo está promoviendo ahora y que ya no las mande al diablo, como lo ha hecho con alguna regularidad, y sin inmutarse, con las instituciones.

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