Antonio Neri

Debido a problemas en la matriz y una severa depresión emocional, Alejandra Torrecillas Burrola, quien se encuentra detenida en el Reclusorio Femenil de Puente Grande solicitó un amparo ante un Juez de Distrito, ante la negativa del complejo carcelario para que permanezca en un hospital.

La sonorense fue encarcelada desde marzo del 2018, luego de ser acusada injustamente por el delito de fraude específico a la empresa Vimifos, misma que representa el despacho de abogados de Juan José Soltero Meza ─suplente de Carlos Lomelí en la delegación federal en Jalisco y excoordinador de su campaña a la gubernatura─, quien consiguió que los jueces Noveno de lo Criminal, Jaime Gómez, y el Segundo Penal Oral, Juan José Rodríguez Velarde, la declararan como persona de alta peligrosidad, a pesar de no tener expediente criminal.

En la misma situación se encuentra su esposo Gustavo Adolfo Galaz Ruiz.  Ambos son residentes de la ciudad de Hermosillo, y su único delito fue no haber pagado una deuda de carácter civil, pero fueron encarcelados en la entidad.

El amparo 758/2019, del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, ordenó a las autoridades penitenciarias que Alejandra no sea regresada a las celdas hasta que un médico así lo determine. Ante esto, la quejosa solicita la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Alejandra Torrecillas y su esposo, Gustavo Galaz, son acusados por Héctor Ramón Cota Guerrero, representante legal de la empresa Vimifos, por el delito de fraude específico y falsedad en declaraciones por la supuesta simulación del juicio laboral 2407/2012.

Vimifos es propiedad de Javier, hermano del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo. La empresa concedió un crédito en alimento camaronero a Acuícola de México, propiedad de Gustavo Galaz, pero no pudo pagar puesto que los camarones adquirieron una enfermedad, murieron y se perdió toda la producción en 2010. El afectado negoció el adeudo, pero no pudo solventarlo, ya que alcanzó los 12 millones de dólares.

Los abogados de la pareja han solicitado al gobernador Enrique Alfaro Ramírez que “cese la corrupción de la que son víctimas mis clientes”, por parte de Gómez y Rodríguez Velarde, así como de un par de agentes del Ministerio Público: José Lino Morales Estrada y Carlos Rivera García.

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