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25 de noviembre.-Una de las más reconocidas periodistas mexicanas, premiada en diferentes partes del mundo, exreportera de la revista Proceso, colaboradora del diario estadounidense The Washington Post y galardonada en la Universidad de Harvard, Marcela Turati Muñoz, vive bajo acoso institucional por atreverse a investigar y denunciar el caso de desaparición y asesinato de personas que luego fueron encontradas sin vida en las narcofosas descubiertas en San Fernando, Tamaulipas, en el año de 2011, en donde se localizaron 196 personas asesinadas, en 48 fosas clandestinas.
El diario El País de España publica, este 25 de noviembre: “Tres investigadoras de la masacre de San Fernanda denuncian que fueron espiadas por el gobierno de (Enrique) Peña Nieto”.
EL miércoles 24 de noviembre, la plataforma periodística Quinto Elemento Lab denuncia que funcionarios mexicanos han llegado a un extremo: investigar, espiar e intimidar a la profesionista que indagó y dio a conocer a la opinión pública la masacre de San Fernando, aclara que la presión contra Marcela Turati es “para impedir que profundice en las revelaciones de ese caso”.
Quinto Elemento Lab afirma: “El expediente del caso, que la hoy Fiscalía General de la República mantiene abierto, contiene información sumamente sensible que expone la vida personal y profesional de Marcela Turati, incluida, por ejemplo, la información proporcionada por ella a la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener su pasaporte”.
En un comunicado a la opinión pública, se exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a su titular Alejandro Gertz Manero, la protección en beneficio de la periodista Marcela y dos personas que fueron pieza clave en la investigación y para dar a conocer los detalles de esa tragedia. A raíz de ello se desató una campaña de hostigamiento.
Quinto Elemento Lab afirma que es necesario que la autoridad federal intervenga, e investigue y sancione a los funcionarios que ordenaron ilegalmente las diligencias en contra de Marcela Turati, contra la defensora de los derechos humanos, Lorena Delgadillo y de la forense argentina Mercedes Doretti, ante lo que juzga es una marcada coacción y amenaza a la libertad de expresión.
