Columna invitada
Por Alfonso Partida Caballero
9 de diciembre de 2021.- El gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, con su precariedad intelectual y progresiva confusión política, quiere convertir a Jalisco en un estado con un gobierno represivo, autoritario y alejado del sometimiento a la Constitución que debe observar en el ejercicio de su encargo como titular del Poder Ejecutivo.
A través del engaño, el chantaje y la presión, corrompiendo y comprando a un supuesto partido de oposición (PAN) y sus diputados, se ha hecho de una mayoría artificial que el pueblo de Jalisco no le dio en las urnas. Ese partido y sus diputados –que hacen negocio con sus derrotas electorales– en contubernio con el Gobernador y su partido (MC), aplican descaradamente la política de “cuotas, cuates y parientes” para repartirse los nombramientos que debe hacer el Congreso del Estado, especialmente en el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos, nombrando personas que con frecuencia, ni siquiera cumplen con el perfil y requisitos.
Así, con sus comparsas, han realizado desde el Congreso del Estado reformas inconstitucionales para doblegar y someter al Poder Judicial con el objetivo de repartirse -junto con sus fieles aliados- el control corrupto de las dependencias del Consejo de la Judicatura, llegando al extremo de quitarles parte de sus sueldos a algunos de sus empleados.
El silencio cómplice y servilismo de algunos magistrados -sobre todo de su presidente- han hecho posible que, ocurrencias del Ejecutivo y sus diputados levanta dedos atenten contra la autonomía e independencia del Poder Judicial, intentando aplicarles exámenes de “control de confianza” (hacia Alfaro) que vulneran la recta y expedita impartición de justicia.
Afortunadamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, resolvió como inconstitucional la intención intervencionista del Ejecutivo con su “Reforma Judicial”.
Pese a lo anterior, insiste en seguir adelante con sus evaluaciones, presionando y chantajeando al Poder Judicial.
Solo el rechazo social y de los ciudadanos podrá impedir que Alfaro y sus secuaces se hagan dueños del Poder Judicial. Jalisco requiere un Poder Judicial autónomo y que deje de ser botín de políticos corruptos.