Policía municipal: la cara de la descomposición social

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Eduardo González Velázquez

Para nadie es desconocido el alto grado de maridaje existente entre los grupos delincuenciales en México y algunos elementos de las ndiversas corporaciones policiacas, del Ejército y de la Marina Armada. Los encargados de combatir la delincuencia y acabar con la inseguridad y la violencia en muchas ocasiones son los artífices del terror ciudadano que experimentamos cotidianamente los habitantes de este país.

​Las extorsiones, las desapariciones forzadas, la tortura y la falsificación de testigos para montar una investigación, el montaje de las escenas del crimen para inculpar a personas inocentes, y el abierto trabajo que realizan los policías para las células del crimen organizado, hacen las veces de la cotidianidad policiaca y militar de quienes reciben un salario de nuestros impuestos por cuyo trabajo debería ser velar por nuestra seguridad.

​En el México del siglo XXI, las actividades sustantivas de los cuerpos del orden se han vuelto una paradoja. Esta afirmación no es solo una expresión lanzada al vacío sin el sustento empírico necesario. Todo lo contrario: las noticias de las prácticas delictivas por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad son cada vez más comunes.

Lo último, pero no el último caso, lo escenificaron algunos miembros de la policía municipal de Tecalitlán. Quienes, según la confesión de tres agentes, habrían detenido y entregado a células del crimen organizado a tres ciudadanos italianos, identificados como Raffaele Russo y Antonio y Vincenzo Cimmino, de 60, 25 y 29 años respectivamente. Quienes fueron vistos por última vez en aquel municipio el 31 de enero (El Informador, 25 de febrero de 2018).

Los tres agentes que declararon haber entregado a los italianos, formaban parte del grupo de 30 uniformados de Tecalitlán quienes habían sido desarmados y llevados a Guadalajara para realizar la investigación correspondiente. Mientras tanto los agentes de la Fiscalía General del Estado patrullan la alcaldía y se hacen cargo de la seguridad de sus habitantes. Por su parte el director de la Policía municipal, Hugo Enrique Martínez, aún no ha sido localizado; y las declaraciones del alcalde, Víctor Guadalupe Díaz Contreras, no han ayudado a esclarecer el caso.

Lo más escalofriante es que según familiares de los desaparecidos, las víctimas habrían sido entregadas por un pago de mil pesos por cada uno. Es la materialización de la violencia inaudita que recorre el país.

Frente a ello, no hay duda del fracaso en la estrategia contra el crimen organizado. El colapso es multifactorial: policías mal pagados; agentes que no aprueban los exámenes de confianza; deficiente impartición de justicia; militares, marinos y agentes federales trabajando para el crimen organizado; un raquítico marco legal que no evita el uso del dinero mal habido utilizado para corromper a las autoridades y fortalecer a los cárteles de la droga; un excesivo discurso triunfalista sobre lo hecho por el “gobierno” federal para brindar seguridad a los ciudadanos. Sin olvidar, la sistemática criminalización de las víctimas que, lejos de encontrar justicia en sus demandas, son automáticamente convertidos en culpables de lo que les sucede.

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