Guadalajara, Jalisco.- En seguimiento a las presuntas irregularidades patrimoniales y fiscales de David Gómez Álvarez, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, los abogados Ricardo Martínez Avianeda y Juan Manuel Martínez López, presentaron dos denuncias: una ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco y otra ante la Fiscalía General de la República.
Los supuestos delitos cometidos por Gómez Álvarez, según los denunciantes, serían defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los hechos expuestos, recordaron que el también exconsejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana presentó, durante cuatro años seguidos (2014-2018) no haber tenido ingreso alguno.
“No se explica cómo es que subsistió durante esos años; más aún si tomamos en cuenta que de acuerdo a lo manifestado por su exesposa en la demanda de divorcio (difundida parcialmente por Código Magenta): ‘mantenía un nivel de vida alto a pesar de no tener un trabajo estable’, ‘pagó una renta mensual en Massachusetts, Estados Unidos de 2 mil 800 dólares’, ‘realizó más de 10 viajes nacionales e internacionales después’ y ‘compró obras de arte y mobiliario'”, expusieron.
En este sentido, Martínez Avianeda y Martínez López revelaron que durante sus años en administraciones públicas anteriores (la de Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval) dijo ser copropietario del conocido restaurante La Estación de Lulio, ubicado en la zona de Chapultepec, “evidentemente no declaró ante el fisco los ingresos con motivo del contrato con el ITEI, ni los ingresos que pudo haber recibido con motivo de su participación en el contrato de copropiedad respecto del restaurante”.
Esto, dijeron, se suma a la denuncia de su exesposa, quien en la demanda de divorcio señaló que Gómez Álvarez recibía dinero en efectivo, mismo que no declaraba ante el fisco.
Por lo anterior, pidieron a ambas fiscalías practicar las diligencias correspondientes “a fin de esclarecer cómo es que el denunciado logró mantener un nivel de vida tan alto, con gastos como los relatados, si no percibía ingresos de acuerdo a sus declaraciones fiscales, pues pudiéramos estar ante la comisión de delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Tras darse a conocer los presuntos delitos en los que habría incurrido, Gómez Álvarez aseguró que todo se trataba de una campaña de desprestigio en contra suya y del Comité de Participación Social.
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