Puntos y Contrapuntos
Criterios
La buena voluntad y las excusas no sirven, no ofrecen consuelo, no alivian el dolor de los corazones, ni la permanente zozobra de las almas.
La acerada cadena del dolor y de la angustia por los desaparecidos en Jalisco y en el país se ha forjado con la desidia, la complicidad, la corrupción y la ineptitud de quienes no cumplen cabalmente con sus responsabilidades de proteger a la gente. El drama se reitera y se profundiza fatalmente, año con año.
Cuando la sociedad, los medios de comunicación y la opinión pública en general les aprietan con fuerza, los funcionarios públicos se comprometen a que resolverán en forma expedita las justas exigencias de la gente.
Sin embargo, en mayor o menor medida, todos le apuestan a la amnesia de la sociedad, a que el tiempo cura las heridas y que finalmente las personas se resignan, agobiadas por la desesperanza y la frustración de una lucha estéril, que puede durar años sin resultados, carga muy pesada cuando la mayoría de quienes siguen la huella de sus desaparecidos son de condición económica precaria y sin influencias. La gente tiene derecho a saber y la autoridad está obligada a informar, para que las personas tengan por lo menos el consuelo de ubicar un sitio en el cual honrar la memoria de sus muertos.
Los gobiernos, federal y estatales, no están haciendo bien su trabajo. No han encontrado una forma inteligente y eficaz de coordinarse. Tampoco existe una unidad especial en la que trabajen juntas las policías, federal, estatales y municipales, que sumen esfuerzos en las tareas de investigación, búsqueda, localización e identificación de las víctimas referenciadas como desaparecidas, estén vivas o muertas.
Pasan los años, cambian los gobiernos, y todo sigue igual, tanto en Jalisco como en el resto de la República. Eso no es justo, no es humano, no es razonable. La historia de la infamia se reitera y los hechos recientes lo ratifican, una vez más.
CORREDOR MALIGNO
La ciénaga del lago de Chapala y los municipios en ese entorno, han sido escenario permanente, por lo menos durante la última década, de hechos delictivos de alto impacto, de asesinatos masivos y de inhumaciones clandestinas, sin que haya autoridad que ponga remedio.
Los nombres de los municipios que han sido tomados por el crimen organizado se reiteran en informaciones que registran graves hechos delictivos que afectan a la población, pero la autoridad hace muy poco por imponer el orden y garantizar seguridad y tranquilidad a la gente.
La estela del dolor ha marcado los tres más recientes sexenios. El miércoles 9 de mayo de 2012 -según registraron la mayoría de los medios de comunicación de Guadalajara-, los cuerpos mutilados de 18 hombres fueron hallados en el interior de dos vehículos estacionados cerca de la Carretera a Chapala, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Tomás Coronado Olmos, entonces procurador de justicia en la administración del gobernador panista Emilio González Márquez (2007-2013), informó que los 18 cadáveres estaban mutilados y decapitados. Presumió que las víctimas habrían sido secuestradas en varios municipios aledaños al lago, en las poblaciones de Chapala, Jocotepec y Tuxcueca.
El viernes 11 de mayo del 2012 el periódico Mural retomó el caso y explicó que algunos de las 18 personas asesinadas eran meseros, albañiles y estudiantes. Las autoridades atribuyeron sus muertes a integrantes de las bandas criminales de Los Zetas y del Cártel del Milenio. También se explicaba que las víctimas eran de varias poblaciones de la ribera del lago, como Chapala, Ajijic, Tuxcueca, San Luis Soyatlán y San Juan Cosalá.
Unos meses después, otra vez el horror. El lunes 17 de septiembre del 2012 la Procuraduría General de Justicia de Jalisco informó que encontró 17 cadáveres en el kilómetro 38 de la carretera libre Guadalajara-Morelia, desnudos y con evidentes muestras de tortura. La dependencia presumía una posible relación con casos de secuestros y desapariciones en los municipios de Degollado, Poncitlán, Tototlán, Ocotlán y La Barca.
El entonces procurador general de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos dijo que todas las víctimas eran varones y estaban apilados, atados con cadenas y sogas, con los ojos cubiertos con cinta adhesiva color plata, además de presentar disparos de armas de fuego, advertía una nota del corresponsal del periódico El Universal en Jalisco, Ulises Zamarroni.
Las dimensiones de la violencia aumentaron un año después, en la misma zona geográfica, sin que hubiera autoridad, federal o estatal, que pusiera orden.
Elementos de la Procuraduría General de la República desenterraron 67 cadáveres de fosas clandestinas en la orilla del Río Lerma, cerca de La Barca, Jalisco, entre el sábado 9 de noviembre y el domingo 1 de diciembre de 2013. Encontraron cuerpos con impactos de bala, señales de tortura y mutilados. El miércoles 15 de enero de 2014, la PGR informó de siete cadáveres más en el mismo lugar, para sumar 74 víctimas.
Mientras tanto, entre el martes 3 y el viernes 6 de diciembre de 2013 fueron exhumados de fosas clandestinas otros 17 cadáveres, en la periferia de Zapopan. La mayoría de las víctimas murió por asfixia, según peritos de la procuraduría de Jalisco.
El sábado 22 de febrero de 2014, la Fiscalía General de Jalisco informó que fueron encontrados los restos de otras 19 personas en fosas clandestinas a tres kilómetros del entronque de la Carretera a Cajititlán y la Carretera a Chapala, en las inmediaciones de La Calera, en Tlajomulco de Zúñiga.
Además, el sábado 1 de marzo de 2014 fueron extraídos de fosas clandestinas los cadáveres de otras seis personas, en las inmediaciones del Cerro de El Gato, en los límites de El Salto y Tonalá. Todos estos datos fueron documentados -en su oportunidad- por el periódico Mural de Guadalajara. La suma en el periodo referido fue de 116 cuerpos exhumados de fosas clandestinas muy cerca de Guadalajara, la mayoría de ellos en las inmediaciones de la ciénaga de Chapala.
Este año la pesadilla regresó, para avivar las angustias de quienes viven en esa región jalisciense.
La semana pasada, entre el jueves 14 y el viernes 15 de marzo del 2019 fueron encontrados 20 cuerpos desmembrados en un canal de aguas pluviales en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
El fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, precisó el pasado viernes 15 de marzo del 2019 que calculaban las edades de las víctimas entre los 20 y los 50 años de edad.
La evolución cadavérica de los cuerpos, informó el funcionario, fue calculada entre los dos y los 21 días. La mayoría de los cuerpos tienen tatuajes que esperan ayuden a su identificación. Sin mayores precisiones, hasta el viernes pasado se presumía la identificación de dos de las 20 víctimas.
DOLORES IGUALES
Mientras que los Gobiernos federal y estatal de Tamaulipas señalaron que no estaban seguros del plagio de 22 migrantes en San Fernando, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a considerar a las víctimas como desaparecidas, publicó el periódico El Norte de Monterrey el pasado miércoles 13 de marzo del 2019.
Según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, el jueves 7 de marzo del 2019, a las 12:55 horas, un autobús de la línea Transpaís fue interceptado por cuatro vehículos en el kilómetro 79 de la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del Ejido Palos Blancos, en Tamaulipas.
Cuatro personas encapuchadas subieron al autobús 9596, que provenía de Tampico con destino final a Reynosa, bajaron a los pasajeros sin que éstos opusieran resistencia y luego los subieron a los vehículos. Desde entonces no se tiene noticias de ellos.
No es el primer caso, ni el único, pero por sus características, revive el dolor de un suceso similar ocurrido hace ocho años, que todavía no está resuelto.
“La Marina de México descubrió ayer los cuerpos de 72 personas en un rancho en las inmediaciones del municipio de San Fernando, Tamaulipas, ubicado a unos 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos”, publicó el periódico El Norte, de Monterrey, el 25 de agosto del 2010.
Relata la nota que, de acuerdo con el informe de la Marina, a un puesto de control carretero en las inmediaciones del lugar llegó un hombre pidiendo apoyo médico, ya que presentaba una herida por arma de fuego. El herido denunció haber sufrido la agresión por parte de miembros de un grupo delictivo en un rancho cercano.
Personal de infantería, con apoyo de unidades aeronavales, acudió al área indicada y desde el aire vieron a los criminales. Al notar la presencia de los elementos de la Armada, los delincuentes abrieron fuego e iniciaron la huida a bordo de varios vehículos. Murió un elemento de la SEMAR y tres presuntos criminales.
En este sitio, a 22 kilómetros al este noreste de San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cuerpos sin vida de 72 personas (58 hombres y 14 mujeres).
El jueves 20 de julio del 2017, a siete años de la matanza de los 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (actualmente Fiscalía General de la República) por fin ejecutó una orden de aprehensión por el delito de homicidio contra el líder de Los Zetas al que consideran como el autor intelectual de los crímenes, decía ese día una nota de El Norte.
Agregaba la información que, aunque desde el sábado 6 de octubre de 2012 estaba en la cárcel, apenas en junio del 2017 le fue cumplimentado el mandato de captura como presunto responsable de esas muertes a Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias “La Ardilla”.
La principal hipótesis que tenía la PGR sobre la matanza de 72 migrantes era que fueron ejecutados porque la organización delictiva conocida como Los Zetas creía que eran sus enemigos.
LOS SIN NOMBRE
En México hay 35 mil cuerpos sin identificar en los Servicios Médicos Forenses del país, en fosas comunes y en panteones ministeriales, precisó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rafael Adrián Avante Juárez, antes de reunirse con el comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, colectivos y familiares de víctimas, y autoridades del estado de Morelos, publicó El Universal el jueves 5 de abril del 2018.
El lunes 4 de febrero del 2019, al presentar el plan de Implementación de la Ley General en materia de Desaparición forzada de personas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que en México hay más de 40 mil desaparecidos, más de mil 200 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar, según nota publicada ese día por el periódico La Jornada.
El investigador y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Víctor Hugo Abrego Molina, detalló que el 9.27% de las desapariciones que ocurren en el país se realizaron en territorio jalisciense, según registra una información publicada por el reportero Roberto Larios, el domingo 7 de octubre del 2018, en la plataforma digital Unión Jalisco.
Según información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta abril de 2018 había en Jalisco 3 mil 362 casos de personas desaparecidas, precisó el investigador Abrego Molina, quien detalló que en 115 de los 125 municipios del estado hay registro de personas desaparecidas.
En este país no hay lugar digno para los débiles, para los desamparados, para los afligidos, para quienes tienen hambre y sed de justicia. Ni tampoco hay consideración y consuelo para su dolor.
