Guadalajara, Jalisco.-El pasado 15 de marzo del 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió un acta de investigación, tras conocer el caso de una mujer que fue agredida a balazos, hecho que culminó en su muerte, mientras que su agresor se quitó la vida en el barrio de San Andrés, municipio de Guadalajara.
El agresor resultó ser su esposo. El 6 de abril el mismo año, la madre de la víctima presentó quejas en contra de la entonces Fiscalía Central, dependencia de la Fiscalía General del Estado, el Centro de Justicia para la Mujer y el Instituto de la Mujer, ya que tras diversos abusos su hija había denunciado a su marido en el 2015, pero las autoridades no hicieron nada al respecto.
En este tenor, la Comisión detectó una serie de irregularidades en la carpeta de investigación, incluyendo en el cumplimiento de la medida de protección emitida a favor de la víctima. Tanto esta como la madre, expresaron que el feminicidio se debió a la falta de competencia por parte de las instituciones.
En la investigación que llevaron a cabo, la Comisión pudo darse cuenta de que el Gobierno de Jalisco no tiene los recursos y herramientas suficientes para garantizarles a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.
Con base en la información anterior, la CEDHJ emitió una recomendación que contiene los siguientes aspectos.
- Que el Gobierno del Estado de Jalisco lleve a cabo la reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas de acuerdo con la Ley General de Víctimas y las legislaciones correspondientes.
- Que a los familiares de la víctima les sea ofrecida la atención médica y psicológica necesarias para que puedan trabajar las afecciones emocionales, así como orientación jurídica para que puedan ejercer sus derechos.
- Que el fiscal del Estado tome acción en contra de los agentes del Ministerio Público y los policías investigadores de la Fiscalía General del Estado que estuvieron involucrados.
- Que las autoridades se disculpen con la familia de la víctima y concluyan el memorial para todas las víctimas de feminicidio, cuya realización fue admitida en la aceptación de la recomendación 5/2019.
