Nación-. El capitán José Martínez Crespo fue capturado por presuntamente estar ligado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, siendo el primer militar arrestado por la investigación del caso.
Es imputado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la “salud”, “homicidio” y “desaparición forzosa”, de acuerdo al medio Proceso.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también confirmó su captura sin entrar en detalles.
El oficial fue uno de los mandos del 27 Batallón de Infantería que se encontraba en Iguala, Guerrero, la noche de la desaparición de los normalistas.
Martínez Crespo fue detenido en la prisión adscrita a la 1 Región Militar ubicada en el Campo Militar No 1-A en la Ciudad de México.
Según el gobierno Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) brindó información sobre los batallones 27 y 35 Batallón en Iguala, Guerrero, para que se investigue la posible participación de sus elementos en la desaparición de los normalistas.
Hasta ahora han entregado antecedentes militares, bitácoras, comunicaciones, estructura del batallón, base de operación, fotos y videos.
Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dijo, se conformó el Comité de Seguimiento al caso Iguala, el cual inició procesos administrativos en contra de 14 elementos, de los cuales cuatro fueron removidos tras un proceso de sanción administrativa, tres se dieron de baja del servicio, dos fueron suspendidos temporalmente y cinco más son investigados.
34 nuevos detenidos
Encinas señaló que de marzo hasta ahora han detenido a 34 nuevos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sumando así 80 arrestos, entre ellos, integrantes de grupos delictivos, policías y agentes del Ministerio Público.
Además, subrayó las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, exjefe de la Policía Federal ministerial y de Alicia Bernal, ex-ministerio Público encargada de legalizar la llamada verdad histórica.
