Guadalajara, Jalisco-. Aunque el objetivo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es contratar 16 mil 160 médicos a nivel nacional este año para mejorar la atención en los hospitales para atender al Covid-19, Jalisco no se verá beneficiado, ya que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez decidió no firmar el convenio que vincularía a la entidad con el nuevo organismo sanitario.
De acuerdo con información de transparencia, obtenida por El Informador, hasta el 17 de septiembre se contrataron 5 mil 39, el equivalente a una tercera parte de lo presupuestado. Esto ocurre a pesar del incremento en los contagios y decesos en el país a causa de la epidemia de Covid-19.
En conjunto, son cuatro mil 226 médicos generales y mil 166 especialistas contratados, que han sido envidados a los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Lo anterior indica que la mayor parte del país ─27 de 32 entidades─ han recibido apoyo del Insabi.
Además, se beneficiaron la Dirección de Epidemiología, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y los centros federales de Readaptación Social.
El Insabi asegura que Jalisco no está incluido ya que no se adhirió al acuerdo federal, y por el contrario, firmó un pacto de coordinación, por lo que se recibirán recursos federales para el sistema de salud, pero será el gobierno de Alfaro Ramírez el encargado de ejercerlos.
“Es importante precisar que todas estas plazas tienen su unidad de adscripción en la Ciudad de México, ya que este Instituto no cuenta con representaciones en las entidades federativas”, dijo el Insabi al citado medio de comunicación.
Hasta el pasado mes de agosto, la Federación dio a Jalisco 3 mil 201 millones de pesos para el sector salud. De esta cifra, se establece que hasta la mitad podrá utilizarse para el pago de sueldos, hasta el 40% para la atención de personas que carezcan de seguridad social y el resto para la contratación de personal médico y compra de insumos y gastos operativos.